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Falta de policías y renuncia a dar seguridad, terreno fértil para militarización

Expertos afirman que algunos gobernadores han optado por desentenderse de la inseguridad y se limitan a pedir que elementos federales se encarguen de controlar la violencia en sus estados.
vie 30 septiembre 2022 11:59 PM
policias
Al menos 12 estados del país tienen desplegados más elementos de seguridad federales que policías locales.

El avance de la militarización en la seguridad pública no solo se explica por el nivel de violencia que predomina en el país, también porque varios gobernadores han renunciado a su función de dar seguridad y optado por pedir apoyo a la federación, por la falta de policías capacitados así como la disminución de recursos para enfrentar al crimen, coinciden expertos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 , en México, hay 225,544 policías en las 32 entidades, pero ese número es insuficiente para atender el problema de la violencia porque no todos los estados cuentan con elementos suficientes y capacitados. Una entidad, la Ciudad de México, concentra el 40% de los elementos de seguridad (90,671), aunque en ese territorio ocurren solo el 2% de los homicidios dolosos.

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Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua cuentan con el 14% de uniformados (33,218) del país, pero son esas seis entidades donde se comete el 48.7% de los homicidios dolosos.

Expertos en seguridad y derecho consultados por Expansión Política explican que algunos gobernadores han optado por “no entrarle” a la lucha contra la inseguridad y han preferido recurrir a la federación para que les envié militares que ayuden al control de la violencia en sus entidades.

“Hay una responsabilidad que tienen gobernadores en el tema de seguridad. Hay una renuncia de estas atribuciones legales que tienen de garantizar seguridad en sus entidades federativas. Privilegian acciones como desaparecer policías municipales y que venga la Guardia Nacional, ellos nos ayudan, ellos se hacen cargo y yo 'me lavo las manos', es un problema federal... yo dejo de erogar presupuesto y mejor que venga la Guardia Nacional, es una forma de renunciar a su facultad de garantizar seguridad a la ciudadanía”, explica Genaro Ahumada, investigador de la organización Causa en Común.

Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, afirma que ningún nivel de gobierno debe renunciar a dar seguridad a los ciudadanos, pues esa es su función primordial.

“El fin del Estado es dar seguridad. Cuando están rebasados por el crimen organizado tienen que pedir ayuda a la federación y la federación tiene que darle esa ayuda a través del mandato constitucional que hoy interviene la Guardia Nacional, el propósito es salvaguardar la seguridad del ciudadano”, comenta.

Actualmente, en el país están desplegados 192,248 militares, marinos y guardias nacionales, aunque no únicamente enfocados a tareas de seguridad pública, pues también están asignados a la estrategia de fortalecimiento de aduanas, control migratorio, atención a desastres, seguridad en instalaciones estratégicas, erradicación intensiva de plantíos ilícitos, vigilancia del territorio y espacio aéreo.

 

En al menos 12 de las 32 entidades, actualmente, hay más elementos de la Guardia Nacional desplegados que efectivos registrados en las policías locales, entre ellas, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Jalisco, Baja California y Guanajuato. El presidente de la República ha asegurado que son 19 las entidades que tienen más elementos federales que locales.

El presidente también ha propuesto que los militares se mantengan en tareas de seguridad pública algunos años más para permitirle a la Guardia Nacional consolidarse como una institución de seguridad pública. El debate aún se mantienen en el Senado de la República.

Al respecto, Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, explica que los estados hoy enfrentan un déficit de policías y también de preparación en sus uniformados.

“Las policías estatales y municipales están disminuidas, operan con menos recursos, se les quitaron apoyos a seguridad, se desmanteló la seguridad pública civil, por lo que tenemos policías disminuidas, salvo casos especiales como la de la Ciudad de México, es otra realidad, pero si hablamos de pueblos donde no rebasamos los 10,000 habitantes tenemos corporaciones con máximo 10 policías”, explica.

Los expertos advierten que si bien no hay fuerza policial que por sí sola pueda combatir al crimen organizado, hoy se está violando el precepto que establece el artículo 129 constitucional: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

“La milicia ganó terreno, ya tienen puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras, ellos ya son dueños de la movilidad, ellos deciden qué entra, qué sale en México, desde un objeto licito hasta una persona sin la documentación necesaria”, agrega Ortega Montes.

 

Hoy las Fuerzas Armadas tienen más de 200 tareas asignadas, entre ellas la seguridad pública. Pero no solo ganaron tareas, también en presupuesto. Hasta 2014, el presupuesto asignado a los militares era similar a las instituciones civiles.

Genaro Ahumada considera que se debe apostar a la profesionalización de las policías locales, pues advierte que nunca habrá una Guardia Nacional capaz de atender la inseguridad en todos los rincones del país.

“La Guardia Nacional no va a tener nunca el número de elementos que se necesitan para combatir la inseguridad que hay en el país, para estar en el rincón de cada país, en cada municipio va a ser imposible. Para garantizarle la seguridad a la ciudadanía tendríamos que estar fortaleciendo a las policías estatales y municipales”, precisa.

El grito de SOS de los gobernadores

Bajo el argumento de que se trata de delitos del fuero federal, algunos mandatarios han pedido la intervención de la Federación. En 2019, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca solicitó al presidente López Obrador el respaldo de instituciones federales para enfrentar al crimen organizado.

Antes de dejar su cargo como gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello pidió al presidente que la federación no dejara solo al estado frente al clima de violencia que enfrentaban.

“Hago nuevamente un respetuoso llamado a usted señor presidente a que se nos respalde, a que no se nos deje solos en el estado de Zacatecas. A que se nos fortalezca en está incansable tarea que es luchar en contra de la violencia delincuencial que genera inseguridad”, dijo en febrero de 2021.

 

El ahora gobernador de la entidad, David Monreal también se ha pronunciado porque se mantengan a los elementos de las Fuerzas Armadas en esa entidad.

“Quiero reconocerle esa firmeza, audacia para que se mantengan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la estrategia integral para regresarle la paz al pueblo de México. Lo que sea necesario, nosotros, de manera pública, como zacatecanos le decimos: esta estrategia la necesitamos, la acompañamos, la avalamos”.

El 12 de septiembre pasado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que se acordó con la federación reforzar la presencia de elementos militares en los límites con Michoacán.

"Pudimos hablar sobre el reforzamiento de la presencia de los cuerpos de seguridad federales, y en específico del Ejército, en los límites con Michoacán, en donde tenemos un operativo que ha funcionado pero que tenemos que mantener en los últimos meses. Se va a mantener la presencia y se van a reforzar algunos operativos y vamos a seguir trabajando coordinados", informó el mandatario.

Rubén Ortega Montes considera que más que estar apoyando el envío de elementos militares o de la Guardia Nacional, los gobernadores deberían exigir que se les apoye en el fortalecimiento de las policías locales.

“Los gobernadores deberían a hacer valer el pacto y la Constitución para que se refuerce su policía estatal, y por ende las policías municipales de las capitales y grandes municipios, y dejar en menos de las Fuerzas federales y la Fiscalía General de la República la investigación de delitos de alto impacto o de crimen organizado”, agrega.

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