La semana pasada, liderazgos partidistas y parlamentarios del oficialismo anunciaron su intención de instalar una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar los comicios de 2006. Con ello, Morena pretende movilizar la estructura, el tiempo y los recursos públicos del Poder Legislativo para atender una agenda que interesa al partido en el poder, pero que no responde a una demanda pública o de una diversidad de actores.
La propuesta es cuestionable no solo por el uso político que se pretende dar al Poder Legislativo, sino también porque exhibe la incongruencia de señalar la intervención indebida de un presidente en una elección en la que el ahora oficialismo salió derrotado, pero se omite el escrutinio de las intervenciones de los gobiernos de Morena en procesos electorales recientes.