Hacer como que se hace, para que no cambie nada

Mientras la presidenta Sheinbaum y su gobierno han insistido en que cualquier acusación debe estar acompañada de pruebas, al mismo tiempo ha propiciado la puesta en marcha de un mecanismo institucional para transmitir la idea de que se atiende el riesgo de que el crimen organizado infiltre las candidaturas y, eventualmente, los espacios de poder – al menos en el plano electoral–.

Pero, tras la instalación de esta Comisión y la aprobación de sus lineamientos de operación obliga a preguntarnos si estamos ante una respuesta efectiva o ante una salida eminentemente política para administrar una presión que difícilmente desaparecerá en el corto o mediano plazo. Con esta reforma, la administración de Claudia Sheinbaum pareciera atender una necesidad narrativa que le permita hacer como que se hace algo, mientras se gana tiempo de aquí a las elecciones de noviembre, que parecieran encaminarse hacia un reacomodo de fuerzas en Washington y que permita la despresurización de la relación bilateral.

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Pero esta apreciación presenta, al menos, dos problemas. El primero sería pensar que la presión estadounidense tiene fecha de caducidad y que un cambio en la composición del Congreso como resultado de las elecciones de noviembre podría traducirse en una relación bilateral más tersa. Aún si el Partido Demócrata lograra recuperar terreno, resulta ingenuo pensar que eso moderaría a la administración Trump o que reduciría la presión de las exigencias estadounidenses sobre México en materia de crimen organizado.

Pero el problema más serio lo tenemos en casa. La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE nació con una contradicción de origen. Se le ha atribuido la responsabilidad de verificar posibles riesgos en los perfiles de quienes buscan una candidatura sin otorgarle las herramientas necesarias para que esa verificación tenga consecuencias. Los lineamientos aprobados para su operación dejan claro que esta Comisión funcionará, esencialmente, como una ventanilla institucional entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia, inteligencia financiera y procuración de justicia. La misma norma establece que la metodología, los criterios para evaluar riesgos y la determinación de su existencia corresponden, exclusivamente, a las autoridades competentes. El INE, por su parte, no tendría acceso a investigaciones en curso, expedientes, carpetas de investigación ni productos de inteligencia.

Se podría argumentar que esta restricción obedece a la necesidad de proteger investigaciones y respetar las competencias de cada autoridad. El problema es que, aun si pudiera acceder a esta información, el INE no puede hacer absolutamente nada.

La participación de los partidos políticos en estos procesos de verificación es absolutamente voluntaria. Pueden decidir libremente someter o no a sus candidaturas o aspirantes a candidaturas a este procedimiento. Pero abstenerse de someter a sus candidaturas a la verificación no generaría consecuencia jurídica alguna. Es decir, no afectaría sus posibilidades de postular a quien quiera, ni de gozar de todas las prerrogativas que le confiere la ley, ni de participar plenamente en el proceso electoral. Incluso los propios lineamientos para la operación de la comisión establecen que negarse a participar no puede interpretarse como un indicio de riesgo razonable ni generar una presunción en contra de alguna persona postulada.

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De este modo, la Comisión recientemente instalada y que consumirá recursos institucionales del INE podría detectar un riesgo, pero no puede impedir que la candidatura en cuestión continúe con su proceso de postulación. Puede recibir información de autoridades de seguridad, pero no puede convertirla en una decisión con efectos en el proceso electoral en curso; puede poner datos en manos de los partidos, pero no puede obligarlo a actuar de una manera o otra.

El problema no termina ahí. Para preservar la confidencialidad de la información, los propios integrantes de la Comisión no tendrán acceso al resultado individual de las evaluaciones ni a los datos que permitan identificar a las personas sometidas al procedimiento de verificación que ellos mismos echen a andar. Las consejerías podrán conocer información operativa y estadística, pero no el contenido de las comunicaciones reservadas ni los resultados individuales.

Si el objetivo era evitar la infiltración del crimen organizado en la política, el indicador de éxito no debería ser el número de verificaciones realizadas o el número de autoridades consultadas, sino la capacidad efectiva del procedimiento para detectar riesgos y actuar frente a ellos. Cualquier cosa menor es simulación pura, por no decir un desperdicio de recursos institucionales en un proceso electoral en el que de por sí ya escasean. Mientras tanto, el riesgo de la participación del crimen organizado en el proceso electoral permanece y no parece haber una voluntad real para mitigarlo.

*Georgina de la Fuente es internacionalista, maestra en Análisis Político y Medios de Información y especialista en gobernabilidad democrática. Entre 2016 y 2021 fue asesora en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y desde 2022 lidera la agenda de asuntos legislativos para el Tec de Monterrey. Es consultora en asuntos públicos, democracia, igualdad de género e inclusión para diversas instituciones y organismos internacionales y socia de la consultora Strategia Electoral desde 2024. Síguela en X como @ginadelafuente

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Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.