Corresponsable

Aún si aceptamos por un momento que no lo sabía, la presidenta no es menos responsable del affaire y de los efectos que éste puede tener sobre los reacomodos de la seguridad en Sinaloa y sobre la relación con Estados Unidos. La responsabilidad de la presidenta no se agota en aquello que conoce directamente. Es su responsabilidad allegarse de información y tener capacidad de conducción de los asuntos del país, particularmente al tratarse de un gobernador con licencia que enfrenta acusaciones formales por vínculos con el crimen organizado. Ello resulta especialmente relevante en un contexto de tensión exacerbada con Washington, ante una lista creciente de actores políticos señalados y de negociaciones presionadas por un acuerdo comercial, que también ha resultado ser migratorio y de seguridad.

Desde el mes de abril, la respuesta de la presidenta ha sido insistir en que Estados Unidos debe presentar pruebas de sus acusaciones. Esa postura, convertida en línea política para todo su movimiento, le permitió comprar tiempo y justificar la inacción del gobierno que encabeza. Al poco tiempo, permitió la construcción de una narrativa que rápidamente recorrió al oficialismo y que fue desplegada en todos lados, desde Salón Tesorería, hasta la plaza pública. Calificando las acusaciones como una forma de injerencia en los asuntos internos de México, se cobijó a Rocha Moya con la famosa consigna “¡no estás solo!” en las tribunas legislativas y entre las vocerías del régimen en los medios de comunicación y redes sociales. De este modo, la presidenta convirtió la soberanía nacional en una coartada para la inacción y la opacidad.

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A 100 días

El pasado mes de julio, la Fiscalía General de la República informó que no encontró elementos que acreditaran la participación de Rocha Moya en delitos relacionados con el narcotráfico y señaló presuntas irregularidades de las autoridades de justicia estadounidenses. La Secretaría de Gobernación, por su parte, informó el pasado viernes que dicha dependencia mantiene abiertas carpetas de investigación, pero hasta hoy no se ha informado qué se investiga y el estado de las indagatorias.

Lo que tenemos es incertidumbre, que muy a menudo se convierte en impunidad. Por eso resulta insuficiente interpretar lo ocurrido el fin de semana pasado como un acto de indisciplina o de rompimiento entre grupos. Tras una publicación en X y lo que, seguramente, fue una complejísima operación política, la presidenta logró que el gobernador solicitara licencia nuevamente al cabo de unas horas. Pero una crisis resuelta políticamente en el corto plazo no es lo mismo a una resolución institucional. De ahí la corresponsabilidad de Claudia Sheinbaum.

Pueden insistir en que ella no sabía y que se trató de una jugada acordada con Palenque. Pero eso no es más que una excusa para evadir responsabilidad en la impunidad que, hasta ahora, ha predominado en torno a la actividad delictiva de actores políticos desde Baja California hasta Tabasco y que Estados Unidos se ha atrevido, convenientemente, a señalar.

No se debe olvidar que estamos a días del inicio de un proceso electoral que, gracias a una reforma reciente, tendrá en su acervo normativo una nueva causal de nulidad: la existencia de actos de injerencia extranjera, lo que sea que se entienda por ello. Bajo la motivación de proteger la soberanía nacional, se aprobó un texto tan ambiguo como ventajoso. Ello, justo cuando la narrativa oficial apunta a que nuestra soberanía está siendo atacada, incluso cuando se retira la visa de un ciudadano que ni es funcionario público ni tiene un cargo de elección popular, pero que se siente en posición de hacer demandas a un jefe de Estado de otro país.

Claudia Sheinbaum es corresponsable porque gobernar también exige saber, prevenir, brindar certidumbre, hacerse cargo de las decisiones y tomar acciones para que las instituciones a su cargo hagan su trabajo y no prevalezca la impunidad cuando se trata de los suyos.

*Georgina de la Fuente es internacionalista, maestra en Análisis Político y Medios de Información y especialista en gobernabilidad democrática. Entre 2016 y 2021 fue asesora en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y desde 2022 lidera la agenda de asuntos legislativos para el Tec de Monterrey. Es consultora en asuntos públicos, democracia, igualdad de género e inclusión para diversas instituciones y organismos internacionales y socia de la consultora Strategia Electoral desde 2024. Síguela en X como @ginadelafuente

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Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.