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La trampa de la incertidumbre en la SCJN; ¿a qué le teme el poder político?

Es necesario entrar en un tema que está generando tanto debate en nuestro país, en el ámbito jurisdiccional, ¿a quién corresponde la próxima presidencia de la SCJN?
Así fue la toma de protesta de los nuevos ministros de la SCJN: de la purificación al Senado
La Corte se perfila para un nuevo relevo en su presidencia. (Fotos: Cuartoscuro )

Interpretar una norma jurídica requiere partir de algunos presupuestos indispensables para llevar a buen puerto esa labor: se necesita aceptar que todas las normas jurídicas, al margen de su jerarquía, forman parte de un sistema, es decir, de un conjunto ordenado, coherente y completo, donde no sobra ni falta nada, lo que a su vez implica que quien se hace cargo de la producción normativa, es decir, de emitir las disposiciones de observancia general, en un mundo ideal, conoce en su totalidad el ordenamiento y tiene una voluntad única y consistente.

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Pensemos en cuán difícil sería interpretar o atribuir un significado o sentido a una norma jurídica, si empezáramos por decir que el ordenamiento está incompleto, es confuso, se contradice, tiene múltiples vacíos, se repite, etc. Por ello, la persona que interpreta el texto legal debe hacerlo reconociendo un piso mínimo de racionalidad en el sistema.

La coherencia de las normas jurídicas supone que entre ellas existe una relación de armonía, que son compatibles entre sí, por lo cual no existen contradicciones insuperables entre lo que mandan, prohíben o autorizan. Un escenario en donde pudieran coexistir abiertamente normas incompatibles, sin tener herramientas para salvar esas posibles inconsistencias, generaría caos e inseguridad jurídica para todas las personas.


Existen diversas herramientas interpretativas que a lo largo de nuestra tradición jurídica han sido útiles para superar aquellos casos en que las disposiciones de observancia general resultan incompatibles entre sí (por citar algunos ejemplos, la norma de mayor jerarquía normativa desplaza a la inferior; la norma posterior deroga a la anterior y la norma especial prevalece sobre la general).

A partir de la escueta explicación anterior, vayamos al punto que está generando tanto debate en nuestro país, en el ámbito jurisdiccional, ¿a quién corresponde la próxima presidencia de la SCJN?

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Hay quienes sostienen que si no se dejó expresamente insubsistente el artículo 97, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de la Reforma Judicial (que indicaba que esa presidencia se elegiría cada cuatro años, por el pleno de ese órgano colegiado), entonces hay una contradicción normativa con el texto del artículo 94, tercer párrafo, en vigor a partir del 15 de septiembre de 2024, que contempla que la presidencia de la SCJN se renovará cada dos años, será rotatoria, se determinará en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva y que corresponderá a quienes alcancen mayor votación.

Quienes están alimentando esta narrativa no han considerado el texto íntegro de la Reforma Judicial de 2024, en especial, de sus artículos décimo primero y décimo segundo transitorios (cabe señalar que, a pesar de ser artículos transitorios, lo cierto es que provienen del mismo proceso legislativo y tienen la misma jerarquía, esto es, también son normas constitucionales).

Así, el artículo décimo primero indica con precisión que, tratándose de la Reforma Judicial, sólo es factible hacer una interpretación literal, que atienda al significado más elemental de las palabras. Por su parte, el artículo décimo segundo transitorio consigna que quedan derogadas TODAS las disposiciones que se opongan a ese decreto (la derogación supone que la norma pierde toda su vigencia). Y si el texto constitucional con toda claridad dice “todas” debemos entender que, dentro de ellas, está también el artículo 97, quinto párrafo, que abiertamente se opone al texto del artículo 94, tercer párrafo, en vigor, porque no se hizo distinción alguna al respecto.

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Luego, hay quienes por un interés de politizar (todavía más) a la SCJN insisten en que no hay claridad al respecto, generando una narrativa de incertidumbre, cuando es evidente que la solución la brinda el propio texto constitucional. Quienes han apostado por ello ¿tendrán alguna preocupación si llega Lenia Batres a la presidencia? Es pregunta.

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Nota editorial: la autora es directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), integrante del Observatorio de la Justicia.
Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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