¿Contradice al gobierno? La realidad no cabe en un solo indicador
El gobierno puede señalar descensos en determinados delitos o mejoras en encuestas concretas, y esos datos deben examinarse con la misma seriedad.
El WJP no sustituye las estadísticas de homicidio, las carpetas de investigación ni las encuestas de victimización: integra encuestas a hogares y consultas a especialistas para valorar dimensiones amplias del Estado de derecho.
Pero sus resultados contradicen cualquier narrativa general de éxito institucional que no explique el deterioro de siete factores y el lugar 139 en justicia penal.
La ENSU del INEGI ofrece un contraste útil, aunque mide percepción urbana, no el mismo fenómeno que el WJP.
En septiembre de 2026, 58.1% de la población adulta en 91 ciudades consideró inseguro vivir en su ciudad, por debajo del 63.0% de septiembre de 2025.
La medición no absuelve ni condena por sí sola: obliga a contrastar resultados, revisar capacidades y separar la comunicación política de la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
El costo de ignorar la advertencia
¿Ha mejorado el Estado de derecho? Según el balance comparativo del WJP, no: la puntuación general y siete factores muestran retroceso respecto de 2021.
¿Ha ayudado el gobierno federal? El índice no permite adjudicar toda la responsabilidad a una sola instancia; seguridad y justicia dependen de capacidades federales, estatales y municipales, fiscalías, tribunales, policías y controles democráticos.
Precisamente por eso sería irresponsable que la Federación lo despachara como una crítica extranjera o un ranking sin consecuencias.
La prueba está en decisiones concretas: profesionalizar policías municipales con salarios, formación y supervisión; fortalecer unidades de investigación y análisis criminal; proteger denunciantes; evaluar fiscalías por casos esclarecidos y judicializados, no por comunicados; auditar prisiones; publicar metas comparables y permitir revisión independiente.
Cada medida exige presupuesto, responsables, calendario y evidencia pública.
El WJP no tiene la última palabra sobre México, pero sus cifras no se desactivan desacreditando al mensajero.
El país puede discutir metodología, contrastar fuentes y corregir interpretaciones; lo que no puede hacer es tratar el diagnóstico como irrelevante mientras la justicia penal permanece en el fondo de la clasificación.
El Estado de derecho empieza cuando la ley protege a la persona común frente al criminal y también frente al abuso oficial.
Si el ciudadano sigue pagando por denunciar, cerrando temprano por miedo o esperando años una investigación, la promesa institucional no ha llegado a su calle.
Y una política de seguridad que no consigue que la ley gobierne el territorio administra la emergencia: no la resuelve.
Por eso, la evaluación debe convertirse en una obligación pública: cada autoridad tendría que responder con evidencia, plazos y responsables, no con descalificaciones, promesas renovadas ni comparaciones escogidas para ocultar aquello que todavía no funciona en la práctica.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
