Antes de que cualquier entidad, incluida la capital, modifique su régimen de justicia cívica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo deberían practicar una verificación administrativa, financiera y operativa: cuántos jueces certificados, qué juzgados cumplen estándares, cuánto cuesta cada audiencia, qué porcentaje de casos termina en reparación efectiva.
No se trata de vetar la autonomía local, sino de condicionar recursos y certificar capacidades. Hoy se legisla a ciegas y se evalúa por conferencia de prensa.
El robo de 5,000 pesos no es “menor” para quien lo sufre
Hay un riesgo que la narrativa restaurativa subestima. Para una familia de colonia popular, 5,000 pesos pueden ser una quincena.
El robo sin violencia es, además, de los delitos que más erosionan la confianza vecinal en la autoridad. Si la víctima acepta, bien; pero aceptará cuando crea que la vía penal no le resolverá nada, y eso nos habla de la fiscalía, no de la justicia cívica.
Descongestionar es legítimo; presentarlo como justicia transformadora es otra cosa. Y sin registro confiable de reincidencia, el ladrón de poca monta rotará de juzgado en juzgado sin que nadie arme su historial.
¿Está lista la ciudadanía?
La tercera pregunta incomoda.
Una justicia cívica restaurativa exige que el vecino denuncie, comparezca, acepte la mediación y cumpla el acuerdo; que el infractor repare y que el policía no negocie en la esquina lo que debe registrar.
Nuestra cultura de la legalidad es frágil: la mordida, la franela y el arreglo por debajo de la mesa no son anécdotas, son prácticas extendidas. Un modelo así puede funcionar, pero solo con confianza previa, y la confianza no se decreta: se construye con juzgados limpios y resultados visibles.
Qué haría yo, mapa en mano
Propongo cuatro pasos:
-Primero, condicionar la entrada en vigor: que ningún tipo de infracción nueva opere en una demarcación hasta que sus juzgados cumplan estándares de infraestructura, personal certificado y médicos legistas.
-Segundo, empezar por territorios piloto, no por toda la ciudad a la vez, con indicadores públicos de cumplimiento del acuerdo, reincidencia y satisfacción de la víctima.
-Tercero, crear una plataforma única de registro que conecte a la SSC, los juzgados, la fiscalía y las alcaldías, para que cada colonia tenga su mapa de faltas, robos a casa habitación y desorden público, y el alcalde tenga al menos información, ya que no mando.
-Cuarto, que la SSPC y el Secretariado Ejecutivo condicionen recursos a resultados medibles y publiquen una evaluación independiente.
La justicia cívica es, quizá, la política de seguridad más barata y más ignorada del país.
Quien la ha operado desde un municipio sabe que un buen juez cívico previene más violencia que 1,000 patrullas sin rumbo. Por eso exige rigor, no entusiasmo.
Brugada tiene razón en el diagnóstico: castigar por castigar no sirve.
Pero reformar el discurso sin reformar el juzgado, la caja y el mando es administrar el desencanto.
Que primero se construya la capacidad. Después, con datos y vigilancia, la mediación podrá ser justicia y no pretexto.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
