La ley conecta CURP Digital, Expediente Digital Ciudadano y contratación financiera remota, pero no desarrolla una gobernanza de datos proporcional: finalidades, controles de acceso, trazabilidad de consultas, revocación.
No se trata de atribuir intenciones.
Se trata de capacidad: quien decide qué sectores generan huella financiera puede aplicarla con criterio técnico o con criterio selectivo, y la misma norma admite ambos.
Inclusión al revés
Durante la discusión legislativa se citó que 85.2% de las compras de hasta quinientos pesos se pagaban en efectivo en 2024.
Ese número no mide atraso cultural: fotografía a personas sin conectividad estable, adultos mayores, comunidades rurales y micronegocios cuyos márgenes no resisten comisiones.
Eliminar el efectivo antes de que la alternativa sea accesible produce lo contrario de la inclusión. La ley admite efectivo o cheque ante contingencias; un cheque en una tienda rural es un chiste administrativo.
Lo que debe exigirse al Senado
-Primero, que la ley defina criterios, metodología y temporalidad para seleccionar sectores, con motivación reforzada y revisión judicial efectiva.
-Segundo, que incluya una cláusula expresa de coordinación con la Ley Monetaria.
-Tercero, que la lista de sectores sea pública, precedida de estudios de impacto sobre micro y pequeñas empresas.
-Cuarto, que CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano tengan límites de finalidad, bitácoras de consulta y responsables ante incidentes.
-Quinto, que se pilotee en gasolineras y casetas con evaluación independiente antes de ampliar el perímetro.
-Sexto, que cada peso digitalizado venga acompañado de inversión real en unidades de inteligencia financiera, capacidades estatales de investigación patrimonial y policía cibernética; sin eso, la trazabilidad es un archivo que nadie lee.
-Séptimo, que se topen comisiones y se financien terminales y conectividad para el pequeño comercio.
¿Es factible?
¿Es factible esta ley en el horizonte próximo?
Como instrumento de incentivos, sí: SPEI, CoDi y DiMo existen, y la infraestructura no es el cuello de botella.
Como mecanismo obligatorio sectorial, no con este texto. Le falta certeza.
Una empresa puede saber que existe la facultad de excluirla del efectivo y no saber, hasta que Hacienda publique, si le toca. Ninguna inversión seria se planea así, y el pequeño comerciante no tiene colchón para equivocarse.
Los beneficios y los riesgos nacen de la misma infraestructura. Lo que permite conocer mejor a un cliente ayuda a identificar redes criminales; lo que facilita demostrar ingresos también sirve para contrastar declaraciones fiscales.
Por eso la pregunta de fondo no es si México debe usar más pagos digitales. Debe.
La pregunta es quién decide, con qué reglas y con qué freno institucional.
Si el artículo 13 no se acota, no tendremos una ley de economía digital, sino una ley de discrecionalidad digital. Y la discrecionalidad, en este país, jamás ha necesitado tecnología alguna para abusar.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
