El mapa que no se mueve
Este 23 de octubre el INEGI publicó una radiografía que el discurso oficial prefiere leer a medias. El 58.1% de los adultos de 91 ciudades considera inseguro vivir donde vive.
Bajó desde 63.0% hace un año, y celebrarlo es legítimo. Pero un país donde casi seis de cada diez personas se sienten inseguras en su propia ciudad no está ganando una guerra: está administrando una herida.
La constante es brutal.
Las diez ciudades más inseguras de septiembre alcanzan o superan el 80%: Irapuato, Chilpancingo, Mazatlán, Puebla, Cuernavaca, Villahermosa, Culiacán, Reynosa, Guadalajara y Uruapan.
Ocho ya figuraban entre las diez peores en junio y cinco lo hacían hace un año. Irapuato, con 90.5%, supera en más de quince veces a San Pedro Garza García, con 5.8%.
¿Por qué no se mueve el mapa?
Porque la estrategia es nacional en la tribuna y escasa en el territorio. El gobierno federal informa que el homicidio doloso diario bajó 52% en dos años, de 86.9 a 42.2.
En Guanajuato, según esa misma presentación, pasó de 12.7 a 3.5 entre febrero de 2025 y septiembre de 2026. Y aun así Irapuato rompe el termómetro.
El promedio nacional baja; el miedo local no, porque se alimenta de robo, extorsión, control territorial y policías municipales que apenas la mitad considera efectivas.
-Primera equivocación: gobernar por promedios. Un 58.1% nacional esconde ciudades de 5.8% y de 90.5%, y los recursos se reparten como si fueran el mismo país.
-Segunda: apostar por el uniforme que ya goza de prestigio y abandonar el que hay que construir. Marina, Ejército y Fuerza Aérea superan 82% de efectividad percibida; la Guardia Nacional registra 73.5%, la policía estatal 55.7% y la municipal 50.9%. Ese prestigio no se transfiere por decreto a quien patrulla la esquina.
-Tercera: tratar la seguridad como asunto exclusivo de policías. Los ciudadanos colocaron la delincuencia en el séptimo lugar de sus problemas, con 49.9%, detrás de baches (83.1%), fugas de agua, coladeras tapadas, alumbrado insuficiente, embotellamientos y hospitales saturados. La ciudad abandonada convoca al delito; la ciudad ordenada lo incomoda. Alcaldes, gobernadores y la Federación persisten en separar la obra pública de la prevención.
-Cuarta: ignorar el desgaste cotidiano. El 40.7% modificó su hábito de llevar objetos de valor, el 38.8% el de dejar salir solos a los menores y el 35.8% el de caminar de noche cerca de su casa. Eso es un toque de queda voluntario que ningún indicador de homicidios registra.
La encuesta no habla de capos, habla de la esquina.
Lo más atestiguado es el consumo de alcohol en la calle, con 57.4%; siguen robos o asaltos, 45.3%; venta o consumo de drogas, 38.4%; vandalismo, 36.4%; y disparos frecuentes, 32.0%. Son delitos y conductas de proximidad, que se combaten con patrullaje focalizado, inteligencia de barrio y justicia cívica funcional, no con operativos espectaculares.
Y el conflicto cotidiano pesa: 39.8% tuvo algún enfrentamiento en el trimestre, 73.2% de ellos con vecinos, y dominan basura, ruido y estacionamiento.
Un municipio sin jueces cívicos, mediadores ni reglamentos aplicables deja que la disputa menor crezca. Eso es prevención, y es política municipal.
Los espacios inseguros son un mapa de intervención.
El 68.7% se siente inseguro en cajeros automáticos de la vía pública, 61.8% en la calle, 61.1% en el transporte público y 55.3% en la carretera. Entre las mujeres, el cajero llega a 75.9% y la calle a 67.6%.
La respuesta es concreta: cajeros dentro de sucursales o con vigilancia y alumbrado verificable, paraderos y rutas con cámaras que alguien monitoree, corredores peatonales iluminados, transporte con botones de auxilio atendidos y carreteras con patrullaje real. Nada de esto es ciencia: es gestión urbana con enfoque de género.
¿Debe pesar la percepción en las decisiones?
Sí, pero sabiendo qué mide.
La ENSU no cuenta víctimas: mide temor, y el temor cambia conductas, economías y votos. Ignorarlo es gobernar a ciegas; obedecerlo sin contrastarlo con denuncias, carpetas y la encuesta de victimización del propio INEGI es gobernar por ánimo. Se necesitan ambos instrumentos, juntos.
Un matiz honesto: la ENSU parte de 27,300 viviendas y solo 16 de 91 ciudades cambiaron de forma significativa frente a junio.
Conviene leer tendencias de varios trimestres, no saltos como los de Puerto Vallarta o Mazatlán, que exigen verificación antes de celebrarse o lamentarse. Los números piden cautela; los problemas piden urgencia.
Hay temas que casi nadie está mirando:
a) La información: 61.5% se entera de la seguridad por Facebook y 56.1% por conversación vecinal, así que el miedo circula entre redes sociales y boca a boca con escaso contraste.
b) El hogar: 8.6% de los hogares urbanos vivió violencia familiar, en 25.5% con víctimas menores, y casi la mitad de las personas agresoras aparece sin parentesco especificado, dato que merece aclaración metodológica.
c) La brecha entre confianza y resultados: 52.4% confía en su gobierno municipal, pero solo 30.7% cree que resuelve los problemas importantes.
La próxima ENSU se publicará el 22 de enero de 2027.
Para entonces conviene tener medidas en marcha, no diagnósticos. Propongo cuatro decisiones:
1) Focalizar. Que las diez ciudades con 80% o más reciban planes propios, con metas trimestrales públicas de percepción y de victimización, y que la Federación condicione recursos a resultados medibles, no a informes de actividad.
2) Planear un proceso financiero, operativo y de arquitectura estructural para reconstruir la policía municipal y estatal con carrera, salario y supervisión, porque el prestigio de la Marina no patrulla un barrio. Con 50.9% de efectividad percibida, la municipal es el eslabón débil de toda la cadena.
3) Convertir la justicia cívica en operación diaria, con mediadores, jueces y reglamentos que se apliquen, dotando de un presupuesto proveniente de la Federación (auditable y transparente) para que en todos los municipios – previa entrega de un proyecto focalizado- se pueda contar para instaurarla con metas alcanzables, recurso humano capacitado y con un proyecto viable, no homogéneo.
4) Intervenir el espacio, con cajeros, transporte y alumbrado como programa de seguridad, bajo corresponsabilidad de bancos, concesionarios y ayuntamientos, con reacciones inmediatas.
Para el cierre de 2026 hay un riesgo concreto: diciembre concentra pagos de aguinaldo y retiros en cajeros, justo el espacio donde más gente se siente insegura. Vigilancia reforzada y alumbrado en esos puntos son medidas de bajo costo y efecto visible.
Para 2027, año electoral, el reto será que la seguridad no se convierta en cifra de campaña y se mantenga como política de Estado, con indicadores públicos y auditables por ciudad.
La encuesta dice, en el fondo, algo incómodo.
El miedo bajó casi cinco puntos en un año, pero sigue modificando cómo la gente carga dinero, camina y cuida a sus hijos. Esa debe ser la vara para medir cualquier estrategia: no cuántos detenidos se presentan, sino cuántos vecinos recuperan su banqueta.
Mientras Irapuato, Uruapan o Culiacán sigan arriba de 80%, el país tendrá cifras para presumir y ciudades para temer. Y presumir sin corregir, en seguridad, es una forma elegante de rendirse.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
