Para entender el escándalo hay que empezar por el mapa. Chihuahua es el estado más extenso del país, colinda con Texas y Nuevo México, y alberga a Ciudad Juárez, bisagra de comercio, maquila y migración.
Su sierra es, desde hace décadas, territorio en disputa entre organizaciones criminales. Quien controla ese corredor controla rutas, plazas y una conversación permanente con Washington.
Allí la seguridad nunca es solo local: es política exterior con uniforme.
Los hechos ya no son pocos, pero siguen incompletos. Dos agentes de la CIA participaron, en abril, en un operativo en la Sierra Tarahumara donde el Ejército desmanteló un narcolaboratorio.
El exfiscal César Jáuregui fue vinculado a proceso por traición a la patria, permanecerá en prisión preventiva en el Altiplano y la FGR tendrá dos meses de investigación complementaria.
Sheinbaum y la FGR relatan que Maru Campos lo señaló como responsable; la gobernadora lo niega.
Gane quien gane esa disputa de memorias, el Estado mexicano pierde.
Dos narrativas, una elección
La pelea no es jurídica, es electoral. En 2027 Chihuahua renueva gubernatura y la vinculación a proceso acaba de entregarle munición a ambos bandos.
A Morena le sirve presentar al panismo como entreguista ante Washington; al PAN le sirve presentar a la Federación como persecutora de opositores.
Ambos relatos tienen su pizca de verdad, y por eso ambos prosperan.
Lo previsible es que la narrativa se endurezca: más filtraciones, más conferencias, más acusaciones cruzadas sobre corrupción, y menos explicaciones sobre cómo entraron esos agentes y quién los autorizó.
Una vinculación no es una condena
El litigio ya tiene dos carriles y ninguno inspira confianza.
Del lado federal, una FGR cuya titular llegó al cargo desde la órbita del oficialismo y cuya credibilidad en asuntos bilaterales está cuestionada, que obtuvo la vinculación tras una audiencia privada por razones de seguridad nacional.
Del lado local, una fiscalía chihuahuense que no escapa a la sospecha de obedecer a la gobernadora y que logró vincularlo por ejercicio ilegal del servicio público, aunque el juez descartó coalición.
Y los tiempos huelen a cálculo: una orden federal ejecutada minutos después de que un juez estatal le concediera enfrentar el proceso en libertad.
La FGR presentó más de 150 datos de prueba. Impresiona, pero hay que decirlo: vincular a proceso exige un estándar bajo, no una certeza. Lo difícil viene después.
La Fiscalía sostiene que Jáuregui tenía conocimiento de la presencia de los agentes; otras versiones periodísticas hablan de que los autorizó, y la defensa asegura que no hay pruebas de que lo ordenara o consintiera.
Tener conocimiento no equivale a autorizar, y ninguna de las dos cosas equivale automáticamente a traicionar.
Si el tipo penal no se sostiene en juicio, el costo no lo pagará solo la FGR: lo pagará la tesis de que sí hubo violación a la soberanía.
Mandatarios que no sabían, o que no querían saber
Aquí está el nudo más grave. Una presidenta y una gobernadora que, por jerarquía, deberían ser las primeras enteradas de cualquier cooperación con una agencia extranjera de inteligencia, hoy invocan el desconocimiento.
Si no sabían, hay un problema de control. Si sabían, hay un problema de honestidad.
No existe tercera opción cómoda. Y queda una pregunta incómoda: si, según la FGR, el fiscal supo de los agentes en un operativo donde participó el Ejército, ¿qué sabían las Fuerzas Armadas?
Hasta hoy, el único procesado conocido es el eslabón más expuesto.
Se necesita lo contrario de lo que hoy vemos: reglas escritas.
Propongo cuatro.
- Primera, un protocolo nacional que obligue a toda fiscalía o policía estatal a notificar por escrito a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General antes de cualquier actividad conjunta con personal extranjero.
- Segunda, un registro federal único, auditable, de agentes extranjeros acreditados y de sus funciones.
- Tercera, un canal de intercambio de inteligencia con Estados Unidos que pase por mecanismos formales y deje huella documental.
- Cuarta, sanciones administrativas y penales proporcionales para quien lo incumpla, sin necesidad de forzar tipos penales extremos.
El Congreso, el gran ausente
Hay un hueco que nadie quiere nombrar. La Constitución reserva al Senado autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio, pero la presencia de agentes de inteligencia extranjeros en tareas operativas vive en una zona gris normativa, y esa ambigüedad le ha servido a todos.
Le sirvió a la Federación para colaborar sin rendir cuentas, a los estados para improvisar y hoy a ambos para señalarse.
Si el Congreso no legisla con claridad qué se puede compartir, con quién y bajo qué supervisión, cada escándalo futuro será una repetición de este.
El destino del desorden
¿Hacia dónde va todo esto? Describo escenarios, no certezas.
- El primero, el más probable en mi lectura, es el desgaste: impugnaciones de la defensa, dos meses de investigación complementaria, amparos y un proceso que se arrastra hasta el calendario electoral de 2027, convertido en arma de campaña.
- El segundo es el desplome jurídico: un juicio donde no se acredita la traición, una FGR exhibida y un exfiscal que sale como víctima de persecución, con rédito político para la oposición.
- El tercero preocupa más: un procedimiento abreviado, que la defensa, según reportes, analiza. Sería cómodo para todos, porque cerraría el expediente sin juicio y sin que nadie explique quién más sabía. Sería una verdad jurídica negociada, no una verdad.
Mientras tanto, la soberanía se defiende con instituciones, no con gritos en un aeropuerto.
Chihuahua seguirá siendo frontera, corredor criminal y objeto de interés estadounidense, haya o no traición.
La pregunta de fondo no es quién traicionó a quién. Es quién manda, quién autoriza y quién responde cuando una potencia extranjera opera en la sierra de un estado mexicano.
Si la Fiscalía tiene pruebas, que las sostenga en juicio y no en conferencias.
Si la gobernadora tiene explicaciones, que las dé ante autoridad competente.
Lo demás es teatro, y el teatro fronterizo se paga con sangre ajena.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
