Misión cumplida: aclarar lo que nadie había confirmado
El lunes 26 de octubre, Héctor de Mauleón publicó en El Universal que un informe federal de inteligencia registraba una reunión, a principios de 2024 en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, entre Ariadna Montiel, hoy presidenta nacional de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano del Chapo. Montiel lo niega.
Hasta ahí, una controversia periodística como tantas: acusación, desmentido, derecho de réplica.
Lo extraordinario ocurrió al día siguiente, cuando el Gabinete de Seguridad, que debería estar ocupado en perseguir delincuentes, salió a litigar una columna.
Conviene precisar lo que el comunicado dice, porque su redacción es más cuidadosa que su intención.
No afirma que el documento no exista. Sostiene que “no existe información oficial” que confirme su existencia o autenticidad, y que es falso que las instituciones del Gabinete hayan confirmado lo publicado.
Es una fórmula de abogado: no niega el hecho, niega que alguien lo haya confirmado oficialmente. De Mauleón, por su parte, sostiene cada línea y asegura que sus fuentes validaron el informe. Dos afirmaciones, ninguna verificada públicamente. Eso, y solo eso, es lo que hoy sabemos.
Conviene añadir lo que aún no es hecho.
Según la versión periodística, el informe describiría un acuerdo para respaldar candidaturas de Morena a cambio de ceder control territorial entre Sinaloa y Chihuahua. Es una acusación gravísima y, por eso mismo, exige evidencia gravísima; mientras no se presente, debe tratarse como lo que es: una imputación no verificada.
La primera pregunta es de diseño institucional. El Gabinete de Seguridad existe para coordinar la prevención, la investigación y el combate al delito, no para arbitrar disputas entre dirigentes partidistas y columnistas.
Ningún manual de organización le asigna la función de réplica política.
Cuando una instancia que concentra inteligencia, fuerza armada y facultades de investigación opina sobre la veracidad de una nota que involucra a la dirigente del partido gobernante, deja de ser coordinadora de seguridad y se convierte en vocería. Peor aún: su silencio habría sido más prudente.
Una institución de inteligencia que ni confirma ni desmiente fuentes protege algo valioso, su credibilidad. Esta, en cambio, la apostó en un comunicado.
La segunda pregunta es de certeza.
¿Con qué base afirma el Gabinete que no hay información oficial sobre un reporte de inteligencia?
Un informe así puede residir en una dirección de análisis, en un sistema de la Defensa, en una base de la Guardia Nacional o en un expediente nunca formalizado. Decir que no existe exige haber revisado todos esos repositorios y exige, además, que la revisión sea confiable.
En 2022 el colectivo Guacamaya filtró documentos de la Sedena y el propio gobierno reconoció la vulneración.
Un aparato que sufrió esa fuga no puede pedir que se crea, sin auditoría alguna, que sus archivos están íntegros. Tampoco puede descartarse la hipótesis contraria: que el documento sea apócrifo.
Ninguna de las dos se resuelve con un comunicado. Se resuelve con verificación independiente, cadena de custodia y, si procede, una investigación de la Fiscalía.
La tercera pregunta es la más incómoda: la celeridad. El 29 de abril de 2026, la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios más, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán, por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Son acusaciones, no sentencias; Rocha las rechaza y el gobierno mexicano ha pedido pruebas. Pero compárese el ritmo.
Ante una acusación formal de un tribunal extranjero contra políticos del partido gobernante, el Estado respondió con cautela, trámite y solicitud de pruebas.
Ante una columna, respondió en menos de veinticuatro horas. La diligencia institucional parece ajustarse a quién pregunta.
Tampoco hay explicación para la rapidez con que México ha entregado capos.
En tres envíos, febrero y agosto de 2025 y enero de 2026, trasladó a 92 reos a Estados Unidos invocando la Ley de Seguridad Nacional y no la extradición, figura con procedimiento judicial, defensa y amparo. Ahí no hubo dudas ni plazos: hubo aviones.
Cuando el trámite lo exige Washington, el Estado es expedito; cuando el cuestionamiento toca a Morena, el Estado es vocero. Esa asimetría exige una explicación jurídica que nadie ha dado.
La pregunta final es si la postura de seguridad se volvió selectiva.
No puedo afirmarlo como hecho; es una inferencia, pero se apoya en patrones observables: respuesta inmediata cuando se toca a la dirigencia oficialista, prudencia cuando el señalado es un aliado con proceso abierto en Nueva York y ausencia de criterios públicos que expliquen la diferencia.
El problema no es solo político, es operativo.
Un Gabinete que defiende a los suyos pierde la capacidad de investigarlos, y en un país donde la penetración criminal en la política no es hipótesis académica sino riesgo documentado, la neutralidad no es adorno: es condición de eficacia.
Chihuahua, además, no es un escenario neutro.
La sierra de Guadalupe y Calvo, limítrofe con Sinaloa y Durango, es territorio de disputa criminal conocido, y cualquier relato que mezcle candidaturas con control territorial en esa zona merece investigación seria, no ocurrencias de comunicación social.
Lo que corresponde es sencillo y está al alcance de quien tenga voluntad.
-Primero, que la Fiscalía General de la República abra una indagatoria de oficio: si el reporte es auténtico, hay un delito que investigar; si es apócrifo, hay una filtración o una falsificación que perseguir.
-Segundo, que un órgano independiente, no el propio Gabinete, audite el origen del documento.
-Tercero, que el Gabinete se abstenga de tomar partido en polémicas entre dirigentes y prensa.
-Cuarto, que Montiel, quien solicitó su derecho de réplica, pida lo que pediría quien nada teme: que se investigue.
Nada de esto exige suponer culpabilidad alguna de Montiel; exige solamente que el Estado trate a todos los señalados con el mismo rasero, sea cual sea su partido, su cargo o su cercanía con el poder.
Un desmentido ofrece alivio; una investigación ofrece certeza. México ya tiene demasiado de lo primero.
La credibilidad de un Estado se mide por lo que investiga cuando le incomoda.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
