En el México de la “transformación”, ser propietario de una casa o un terreno parece haberse convertido en un privilegio que merece ser castigado. Si una familia logró comprar un inmueble con sus ahorros, el gobierno quiere cobrarle más impuestos, decidir cómo debe utilizarlo y hasta obligarla a venderlo si no hace con él lo que la autoridad considera conveniente.
El predialazo que viene
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México contempla nuevos impuestos, mayores cargas fiscales y mecanismos de venta forzosa de propiedades, apunta Jorge Triana.
@JTrianaT
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Clara Brugada tiene una responsabilidad central en este asunto. Su gobierno impulsa estas medidas confiscatorias, con la complicidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y los gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Morelos, en el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. El documento contempla nuevos impuestos, mayores cargas fiscales y mecanismos de venta forzosa de propiedades.
El primer golpe consiste en crear un impuesto denominado gravamen al desperdicio urbano, dirigido a terrenos baldíos o considerados subutilizados. Se propone una tasa de al menos uno 1% sobre el valor del terreno, que podría incrementarse bajo determinados criterios. Incluso contempla inmuebles cuyas construcciones representen menos de la mitad del valor del suelo. Una familia podría terminar pagando más porque su casa es demasiado pequeña para el terreno que ocupa o porque no tiene dinero para construir. Para los burócratas de Morena, aparentemente, conservar una propiedad sin explotarla como ellos quieren merece un castigo fiscal.
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El segundo golpe consiste en actualizar los valores catastrales para acercarlos a los precios comerciales y revisar las tarifas del predial. Que una casa comprada hace treinta años ahora valga mucho más no significa que su propietario tenga mayores ingresos. Puede tratarse de un jubilado, una viuda o un trabajador que apenas llega a fin de mes. El gobierno pretende cobrar sobre una riqueza que existe en el papel, aunque no haya un peso más en el bolsillo de su dueño.
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Sin embargo, la propuesta más peligrosa aparece en los llamados Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios. El documento contempla identificar terrenos baldíos o subutilizados y conceder a sus propietarios un plazo sugerido de entre dos y cuatro años para construir. Si no lo hacen, podrían obligarlos a vender mediante subasta pública. Así de sencillo. Una persona podría perder su propiedad, no por haber cometido un delito, sino por no contar con los recursos para desarrollar su propio terreno.
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Imaginemos a una pareja que compró un terreno para construir la casa donde piensa retirarse, o a unos hermanos que heredaron un inmueble y todavía no reúnen dinero para edificar. Bajo este mecanismo podrían enfrentar una venta forzosa. El proyecto contempla compensaciones económicas, pero eso no cambia lo esencial. El derecho de propiedad también significa decidir cuándo vender, a quién vender y si se quiere vender. Si esas decisiones las toma el gobierno, la propiedad deja de ser plenamente libre.
El propio documento presenta la venta forzosa como una alternativa políticamente menos costosa que la expropiación, una confesión bastante reveladora. ¿Quién determinará qué terrenos están desperdiciados? ¿Quién decidirá cuáles deberán subastarse? ¿Quiénes tendrán dinero suficiente para comprarlos? El riesgo es evidente, pequeños propietarios presionados para vender y grandes desarrolladores con capital para aprovechar las subastas.
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La lista no termina ahí. Se proponen organismos públicos para gestionar reservas territoriales, mecanismos para autorizar nuevos usos del suelo, controles sobre precios de venta y contribuciones por aumentos en la capacidad de construcción y las plusvalías inmobiliarias. Todo bajo una misma filosofía, incrementar la intervención gubernamental sobre las decisiones de los propietarios y participar cada vez más en el valor de los inmuebles privados.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum impulsó una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Tiene alcance nacional y propone homologar la información inmobiliaria mediante una clave única para cada predio, registros y plataformas coordinadas bajo lineamientos federales. Aunque no crea nuevos impuestos ni autoriza las subastas del programa metropolitano, amplía la intervención federal en materia catastral. Modernizar registros puede ser positivo, pero resulta preocupante cuando coincide con propuestas para incrementar cargas fiscales e imponer obligaciones sobre el patrimonio privado.
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La propiedad privada es mucho más que un bien económico. Es una garantía de independencia frente al poder, una expresión de libertad individual y la posibilidad de construir algo propio para nuestras familias. Quien trabaja, ahorra y compra un terreno no recibe una concesión graciosa del gobierno, ejerce un derecho que las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger.
Por supuesto que el Estado puede cobrar impuestos razonables, establecer reglas urbanísticas y promover vivienda accesible, pero esas facultades tienen límites. En una sociedad libre, nadie debería tener que justificar ante un funcionario por qué decidió conservar un terreno sin construir o mantener la casa que heredó de sus padres. Mucho menos aceptar que el gobierno pueda obligarlo a vender.
Morena presume estas medidas como “justicia social”, cuando podrían perjudicar precisamente a quienes más dificultades tienen para defenderse, las familias de clase media, los adultos mayores y los pequeños propietarios que no cuentan con millones para desarrollar proyectos inmobiliarios. Para ellos, una propiedad representa décadas de trabajo y la principal seguridad económica que pueden transmitir a sus hijos.
El predialazo que viene revela una concepción equivocada sobre la relación entre los ciudadanos y el poder. Sheinbaum impulsa una mayor coordinación federal sobre los registros inmobiliarios, mientras Brugada promueve un proyecto metropolitano que contempla mayores cargas y mecanismos de intervención sobre la propiedad. Pero en una democracia el Estado existe para proteger los derechos de las personas, no para administrar sus vidas ni disponer de sus bienes.
La propiedad privada es un derecho, no un permiso que el Estado puede retirar cuando le estorbe. Ningún gobierno tiene derecho a tratar como suyo lo que los ciudadanos construyeron con el esfuerzo de toda una vida.
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Nota del editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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