Nueva ley de catastro de Sheinbaum: la propuesta para aumentar la recaudación del predial sin subir impuestos

El predial es uno de los principales ingresos propios de alcaldías y municipios y, por ley, les corresponde directamente, sin intervención de la Federación. Con esos recursos se financian servicios que forman parte de la vida cotidiana de los habitantes, desde el alumbrado público y el bacheo hasta el mantenimiento de parques y jardines y la recolección de basura.

De acuerdo con la propuesta, el incremento en los ingresos municipales se lograría sin crear ni modificar la arquitectura tributaria y sin aumentar las tasas de los impuestos existentes.

El objetivo es elevar la recaudación mediante la ampliación de la base gravable, a través de la incorporación de predios omitidos, la actualización de los valores catastrales y la ampliación de las facilidades de pago, como el cobro por medios digitales.

Es decir, la reforma no modificaría los esquemas ni los montos de las tasas, tablas o impuestos establecidos por las legislaturas locales.

¿Qué se propone con la nueva ley sobre el predial?

La iniciativa fue enviada por la presidenta la noche del 8 de septiembre y plantea la creación de una nueva ley. En su régimen transitorio se establece que las Legislaturas Locales deberán adecuar sus marcos legales y presupuestos en un plazo de 180 días.

Según el documento, el diagnóstico sobre el cobro del predial en los ámbitos municipal y estatal está marcado por una amplia disparidad en las capacidades institucionales, técnicas y presupuestales de las autoridades catastrales y de los Registros Públicos de la Propiedad.

Esto se traduce en problemas para realizar el cobro, falta de actualización de los padrones inmobiliarios y ausencia de certeza jurídica sobre la propiedad, factores que, a su vez, generan pérdidas en la recaudación del impuesto predial.

Por ello, la propuesta contempla:

-La actualización de los valores catastrales, de manera que reflejen los valores reales del suelo y de las construcciones.

-La incorporación de predios omitidos o que no estén inscritos en el catastro.

-La habilitación del pago digital del impuesto predial a través de la Plataforma Nacional Catastral, con el propósito de reducir costos y tiempos de cumplimiento y facilitar el pago.

-La creación de una Plataforma Nacional Catastral que podrá interoperar con una Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad.

-La creación de una Cédula Única Catastral y Registral y de una Clave Única Catastral vinculada con el Folio Real de los Registros Públicos de la Propiedad correspondiente a cada inmueble.

¿Qué pasará con los datos de inmuebles y propietarios?

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que los gobiernos municipal, estatal y federal podrán acceder e intercambiar información sobre los inmuebles, sus valores catastrales y sus propietarios, mediante la interoperabilidad de los catastros y los registros públicos de la propiedad.

La interoperabilidad es la “capacidad de los sistemas o dispositivos para comunicarse, a fin de intercambiar y consultar información entre las distintas autoridades catastrales y registrales”.

Esta comunicación se realizaría mediante “un identificador único, un estándar mínimo de información y un mecanismo de interoperabilidad que permita que sistemas distintos se comuniquen entre sí”, indica la exposición de motivos de la iniciativa.

El mecanismo para lograrlo sería la interoperabilidad entre plataformas unificadas. Es decir, las plataformas municipales y locales podrían “comunicarse” entre sí a través de una Plataforma nacional.

¿Qué ventajas tendría la nueva ley sobre catastro?

De acuerdo con la propuesta, la implementación de estas medidas puede tener diversos efectos positivos, entre ellos el cierre de brechas tecnológicas. Actualmente, algunos municipios cuentan con menores capacidades técnicas y enfrentan dificultades para realizar de manera eficiente el cobro del predial.

La homologación de herramientas y sistemas permitiría elevar y nivelar las capacidades operativas entre los municipios con mayor desarrollo tecnológico y aquellos que todavía utilizan sistemas manuales o desactualizados.

Además, se fortalecería la certeza jurídica patrimonial: “Se logra la interoperabilidad entre el Catastro y el Registro Público de la Propiedad (vinculando la Clave Única Catastral con el Folio Real del inmueble), evitando inconsistencias y protegiendo la propiedad de las personas.”

La propuesta también plantea beneficios en materia de ordenamiento territorial y urbano. Un catastro actualizado y georreferenciado permitiría identificar con mayor precisión deficiencias de infraestructura, zonas de riesgo y necesidades comunitarias, con el objetivo de asignar recursos públicos a partir de información actualizada y datos reales.