Un gobierno de oposición bajo reprimenda
Hay un matiz político que sería deshonesto omitir: Querétaro es un gobierno de oposición, emanado del PAN, en la antesala del proceso electoral de 2027.
Su gobernador fue convocado, junto con un embajador, a dar explicaciones por un proyecto de profesionalización policial cuya presunta falta es de trámite, no de delito. La presidenta misma reconoció buena relación con Kuri y descartó, por ahora, un ilícito.
Con ese diagnóstico, la reprimenda pública resulta desmedida. Una policía mejor formada es un bien público, y según cifras de la embajada, no verificadas de forma independiente, ha capacitado a más de cuatro mil personas. Eso es construir capacidad, no conspirar.
Certificar no es subordinar
El antecedente también pesa.
La Iniciativa Mérida financió, con Calderón y con Peña Nieto, equipamiento, capacitación y profesionalización policial, con resultados desiguales y una lección clara: el dinero extranjero compra cursos, pero no construye instituciones.
CALEA es un organismo privado estadounidense cuya acreditación es voluntaria y evalúa procesos de las agencias; no sustituye la certificación policial mexicana, que corresponde al sistema nacional.
Se puede adoptar un estándar extranjero sin entregarle la doctrina. En febrero, según la prensa, policías queretanos y autoridades federales ya habían tomado juntos un curso de 55 horas con el Servicio de Marshals.
La cooperación existe; faltaba el protocolo, y la omisión es compartida.
Cinco candados para que no se repita
Propongo cinco requisitos verificables para cualquier academia estatal o municipal que reciba asesoría o acreditación extranjera.
a) Notificación escrita a la SRE sobre el proyecto, no solo sobre la visita, antes de la foto, con dictamen y registro del acuerdo.
b) Validación del plan de estudios por el Secretariado Ejecutivo, conforme al Programa Rector de Profesionalización.
c) Comunicación formal al Gabinete de Seguridad, y a Defensa cuando haya materias de armas o inteligencia, con padrón de instructores extranjeros.
d) Cláusulas expresas: mando y evaluación mexicanos, ningún agente extranjero con funciones operativas y prohibición de usar a los alumnos como fuente de información.
e) Transparencia: convenio público, origen del financiamiento y auditoría anual. Nada de esto estorba la cooperación. Solo impide que se negocie en lo oscuro.
La foto y el expediente
Querétaro puede tener su academia. La Federación puede exigir coordinación.
Lo que ninguno puede permitirse: discutir soberanía por mañanera y no por expediente.
Si la cooperación con Estados Unidos es necesaria, que sea legal, visible y mexicana, y que se exija igual a gobiernos de todos los colores.
Y si no lo es, que alguien explique por qué un país que lleva veinte años capacitando policías sigue necesitando una fotografía para saber quién manda en su seguridad.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
