El Paquete Económico 2027 le asigna a la Fiscalía General de la República 20,893.6 millones de pesos, apenas 3.23% más que el año anterior. En un país donde el crimen organizado mueve estructuras financieras, tecnológicas y territoriales cada vez más sofisticadas, ese incremento es, en el mejor de los casos, cosmético.
No es un presupuesto de guerra contra la impunidad: es un presupuesto de mantenimiento.
Crece lo suficiente para decir que creció, no lo suficiente para transformar una institución que arrastra dos décadas de promesas incumplidas.
El espejismo de la reasignación interna
Dentro de esa cifra moderada hay un dato que merece lectura más fina: investigar y perseguir delitos federales sube 7.44%, la Policía Federal Ministerial crece 8.28%, y los delitos contra derechos humanos aumentan 9.96%.
A primera vista, parece una fiscalía que prioriza investigación sobre burocracia.
Pero contratar más agentes ministeriales y más policías de investigación sin fortalecer proporcionalmente peritos, litigación, protección de testigos e inteligencia patrimonial no produce justicia: produce cuellos de botella.
Se puede investigar más y sentenciar igual.
Ese es el fraude aritmético que las autoridades presentan como fortalecimiento institucional.
La cadena que se rompe donde nadie mira
La procuración de justicia no es una dependencia, es una cadena: inteligencia, investigación, Ministerio Público, peritos, jueces, ejecución penal, recuperación de activos.
El PPEF 2027 fortalece un eslabón —investigación— sin garantizar que los siguientes resistan la carga.
Es como ensanchar la entrada de una autopista y dejar el mismo número de carriles en la salida.
El resultado no es más flujo, es más congestionamiento. Nadie en Hacienda parece preguntarse cuántas de las nuevas carpetas de investigación llegarán, dos o tres años después, a una sentencia firme.
Esa pregunta —la única que importa— no aparece en ningún anexo presupuestario.
El agujero que nadie explica
El componente de delitos especiales y asuntos internacionales cae 29.9%, de 993.2 a 696.2 millones de pesos. Es la reducción más severa de todo el ramo, y ocurre precisamente en el área donde el crimen mexicano ya no es local: lavado de dinero transnacional, tráfico de armas, cooperación con agencias extranjeras, extradiciones.
No sabemos —y la documentación disponible tampoco lo aclara— si esto responde a una reestructuración administrativa legítima o a un simple abandono presupuestario de la dimensión internacional del delito organizado.
Lo que sí es intolerable es que un recorte de esa magnitud se apruebe sin una sola línea de justificación pública.
Una fiscalía que reduce su capacidad internacional mientras el fentanilo, las armas y el dinero cruzan fronteras todos los días no está priorizando: está renunciando.
Un Estado de seis siglas contra una mafia con una sola cabeza
FGR, SSPC, UIF, CNI, Poder Judicial, sistema penitenciario.
Seis instituciones, seis mandatos, seis sistemas de información que no se hablan entre sí.
Del otro lado, una organización criminal moderna integra violencia, corrupción, finanzas, tecnología y logística bajo una sola cadena de mando.
El Estado mexicano combate estructuras integradas con burocracias fragmentadas, y el PPEF 2027 no corrige esa asimetría: la perpetúa.
Mientras la FGR crece 3.23%, la Unidad de Inteligencia Financiera —la pieza que permite seguir el dinero del crimen organizado— sigue operando con un presupuesto marginal frente a la magnitud del fenómeno que debe enfrentar. Perseguir personas sin perseguir patrimonios es condenar cada golpe operativo a la irrelevancia estratégica.
Lo que debería medirse y nunca se mide
El gobierno seguirá presumiendo el aumento de 653.2 millones de pesos como si fuera, por sí mismo, una victoria.
No lo es.
Un presupuesto no demuestra capacidad institucional, tecnología, litigación de calidad ni voluntad política de perseguir estructuras completas en lugar de operadores de bajo nivel.
El indicador que debería dominar el debate público no es cuánto creció la FGR, sino cuántos pesos adicionales de investigación terminaron convertidos en sentencias firmes y en patrimonio criminal efectivamente recuperado.
Mientras esa pregunta no tenga respuesta pública, cada incremento presupuestario seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa contable; en el peor, una simulación bien vestida de reforma.
El fondo del asunto
México no necesita una fiscalía que reciba más dinero: necesita una fiscalía que rinda cuentas de lo que hace con él.
El PPEF 2027 es, en ese sentido, una oportunidad desperdiciada.
Se pudo construir un presupuesto por resultados —judicializaciones, sentencias, activos recuperados, estructuras desarticuladas— y en su lugar se entregó otro ejercicio de asignación incremental, ciego a la única cadena que realmente importa: la que va de la carpeta de investigación a la sentencia condenatoria.
Hasta que ese cambio de lógica ocurra, cada peso adicional seguirá siendo, para el ciudadano que denuncia y espera justicia, una cifra abstracta sin consecuencia alguna en su vida.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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