La ley que existe y la política que falta
Sería deshonesto decir que no hay nada.
La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de julio de 2025, ya regula la carrera policial, un modelo de academias y la certificación de policías municipales.
En septiembre de 2025 los gobernadores acordaron que cada estado tuviera en 2026 al menos una academia certificada, y en abril arrancó la Escuela para Mandos, con contenidos aportados por Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en cursos que la prensa reportó de cinco semanas.
Cinco semanas para formar a un futuro secretario de Seguridad.
Eso es normatividad y talleres, no política policial.
Una política se reconoce porque tiene presupuesto etiquetado, metas verificables, responsables con nombre y consecuencias.
¿Cuántas academias cumplieron el plazo es algo que aún debe verificarse?; quien lo afirme sin datos, improvisa.
Nadie sueña con la placa
En el imaginario mexicano, el policía es el último escalón social: sueldo bajo, riesgo alto, prestaciones escasas y desprecio gratuito. Ningún spot publicitario revierte eso.
Se revierte con salario digno, vivienda, seguro médico, retiro y un rango que signifique algo. Convencer al ciudadano de que la policía es indispensable exige, primero, que el Estado la trate como indispensable.
Ese estigma tiene costos operativos: donde ser policía es lo que queda cuando no hay otra opción, la selección se vuelve trámite y la permanencia, casualidad.
La puerta giratoria del censo no muestra falta de aspirantes, sino falta de razones para quedarse.
Por dónde empezar
1. Una Política Nacional Policial con rango de ley y metas a 2030: policías por habitante, certificación, investigación, salario. Su medición no puede ser interna; que la audite un órgano externo.
2. Condicionar los fondos federales a estándares de carrera policial: dinero por resultados, no por promesas.
3. Un piso nacional de sueldo y prestaciones que ningún gobernador ni alcalde pueda recortar.
4. Policías regionales de proximidad donde el municipio pequeño no puede sostener una corporación propia, con mando profesional y no de compromiso político.
5. Un cuerpo federal civil con ley, presupuesto y mando propios para reacción e inteligencia, de modo que el Estado deje de tramitar la fuerza con otras secretarías.
6. Formación de años, no de semanas, con trayectoria universitaria, ascensos por mérito y retiro digno.
El legado
Los legados no se declaran: se presupuestan.
El de un secretario de Seguridad no será el número de detenidos en un informe, sino la policía que quede cuando él ya no esté.
Un legado policial se reconoce en lo cotidiano: el patrullero que conoce su cuadra, la investigadora con carrera, el mando que llegó por concurso.
García Harfuch tiene el mandato, el marco legal y el tiempo.
Le falta lo más difícil: renunciar al atajo. Porque mientras la fuerza siga siendo prestada, la seguridad seguirá siendo interina.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
