México acaba de recibir un espejo de cuerpo entero: 130.9 millones de habitantes, desagregados hasta 2,478 municipios.
No es un dato más de gabinete estadístico; es, potencialmente, el insumo más valioso que ha tenido la política de seguridad mexicana en una década, si es que alguien en Palacio Nacional, en las 32 fiscalías estatales o en las secretarías de seguridad estatales y municipales se toma la molestia de abrirlo.
Porque la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI no describe un país homogéneo: describe 32 países distintos cosidos con un mismo himno.
El Estado de México concentra 17.6 millones de personas; Colima, apenas 759,000.
Gobernar la seguridad de ambos territorios con el mismo manual operativo —el mismo ratio de policías por cada 100,000 habitantes, el mismo protocolo de patrullaje, el mismo diseño de ministerio público— no es un error técnico menor. Es una negligencia de Estado con nombre y apellido: pereza de planeación.
La clase política mexicana ha gobernado durante décadas con una obsesión perversa por el promedio nacional, ese número cómodo que permite anunciar programas desde un templete sin pisar el territorio que dice atender.
La EIC 2025 debería enterrar esa comodidad. Dos municipios pueden compartir 100,000 habitantes y exigir arquitecturas policiales opuestas: uno necesita cuadrantes, cámaras y policía de proximidad; el otro necesita bases móviles, comunicaciones satelitales y tiempos de respuesta calculados en horas, no en minutos.
Casos como el de una demarcación compacta y densamente poblada frente a un municipio costero de extensión colosal y población dispersa —con densidades que históricamente han rondado apenas una persona por kilómetro cuadrado— ilustran el problema con crudeza: no se trata de cuántos policías existen, sino de dónde están parados respecto a la gente que deben proteger.
Seguimos comprando patrullas como si comprar patrullas fuera una política pública, cuando el problema real es geográfico, no aritmético.
Aquí la severidad de la crítica debe ser mayor, porque el dato es brutal en su claridad: Chiapas tiene una edad mediana de 26 años y la fecundidad más alta del país (1.8 hijos por mujer); Ciudad de México llega a 37 años de edad mediana con la fecundidad más baja de toda la República (0.8).
Esa diferencia de once años entre extremos no es folclore demográfico: es una instrucción operativa que el Estado mexicano ha decidido ignorar sistemáticamente.
Un territorio joven exige política de prevención de reclutamiento criminal, permanencia escolar y oportunidad laboral juvenil como ejes de seguridad, no como programas sociales aislados del gabinete de seguridad.
Un territorio envejecido exige protocolos de protección patrimonial, atención a violencia familiar y accesibilidad institucional para adultos mayores.
¿Cuántas estrategias estatales de prevención del delito en México distinguen siquiera estos dos universos?
La respuesta, con la autoridad que da haber revisado decenas de programas estatales y municipales, es: prácticamente ninguna.
Seguimos redactando diagnósticos de seguridad copiados y pegados de una entidad a otra, cambiando solamente el membrete.
El dato más inquietante de la EIC 2025 no es demográfico: es un indicador de fracaso institucional disfrazado de estadística de vivienda. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510,000 hogares —integrados por alrededor de 1.6 millones de personas— tuvieron que cambiar de residencia por violencia o inseguridad delictiva.
El propio INEGI aclara, con honestidad metodológica que la clase política rara vez imita, que esa cifra corresponde a los integrantes de esos hogares y no equivale a 1.6 millones de desplazamientos individuales confirmados uno por uno.
Aun con esa precisión, el tamaño del fenómeno es inocultable.
Y sin embargo, México carece de un sistema de alerta territorial que identifique municipios expulsores, municipios receptores y la capacidad institucional real de estos últimos para absorber a quienes llegan.
Hemos convertido el desplazamiento forzado interno en un problema humanitario de segunda categoría, cuando en realidad es el termómetro más honesto que tenemos sobre dónde el Estado ha perdido el control territorial.
México es una nación experta en reaccionar y analfabeta en planear.
Cada tragedia produce un operativo; ningún operativo produce una política sexenal con metas verificables, medibles y exigibles.
La EIC 2025 ofrece, por primera vez con esta granularidad, la posibilidad de construir escenarios prospectivos reales: proyectar dónde estará la presión demográfica en 2030, qué municipios envejecerán al ritmo de la capital, cuáles seguirán expulsando población por violencia si no cambia la estrategia.
Ese ejercicio de prospectiva —cruzar población, dispersión, edad, movilidad e incidencia delictiva en un verdadero Sistema Territorial de Planeación de Seguridad y Justicia— es exactamente lo que las instituciones mexicanas se han negado a construir, porque planear con metas verificables también implica aceptar que, en cinco años, alguien podrá medir si se cumplieron o no.
El INEGI hizo su parte: entregó una fotografía territorial de una precisión sin precedentes.
La pregunta que queda —severa, incómoda, ineludible— es si el aparato de seguridad y justicia mexicano está dispuesto a dejar de gobernar con promedios nacionales y empezar a gobernar con la evidencia municipal que tiene enfrente.
Mientras la respuesta siga siendo no, seguiremos comprando el mismo número de patrullas para territorios que no se parecen entre sí, y seguiremos llamando "estrategia nacional de seguridad" a lo que en realidad es la ausencia de una.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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