El contraste que el manual no hace: los muertos
Existe una prueba externa a la mano y el documento no la menciona: cotejar las víctimas de homicidio del registro con las defunciones que certifican los médicos.
Para 2025 el resultado es incómodo.
El INEGI, con certificados de defunción, reportó de forma preliminar 27,989 defunciones por presunto homicidio; el Secretariado, con lo que remiten las fiscalías, 24,344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio.
La diferencia, 3,645 casos, equivale a 15% sobre la cifra del Secretariado y, según reportes de prensa, sería la mayor desde 2015.
Ambas fuentes coinciden en que el homicidio bajó, como subraya un comunicado oficial; discrepan en cuánto: 21.3% el Secretariado, 16.6 el INEGI, según cálculos difundidos en prensa.
Sería deshonesto leer la brecha como ocultamiento.
Una fuente cuenta certificados médicos, la otra carpetas penales, y los datos del INEGI son preliminares y no distinguen entre homicidio doloso y feminicidio.
Pero por eso el ejercicio es indispensable.
Hay entidades donde la fiscalía reporta más víctimas que el INEGI, como Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, y otras donde reporta muchas menos, como el Estado de México, con una diferencia cercana a 1,000 casos.
Esa dispersión puede reflejar clasificación y captura desiguales, no fenómeno criminal. Y contrasta con el orgullo por la brecha interna de 1.2%: la que se cuida es la que se mide puertas adentro.
Lo que el documento calla
Faltan dos respuestas.
La primera es la dirección de la brecha entre el dato diario y el consolidado de homicidios. Si el preliminar que se presenta cada mañana suele quedar por debajo del definitivo, el primer titular subestima; si queda por encima, exagera. El texto no lo dice.
La segunda son los Lineamientos y la metodología completa, que el manual cita pero no reproduce y que este análisis no pudo examinar. Ahí deberían estar los umbrales para "otros", las reglas de comparación con la serie 2015-2025 y los criterios de sanción.
Mientras tanto, todo elogio o crítica es, en parte, especulación informada.
Factibilidad: lo que sí y lo que no
¿Es factible?
Como registro administrativo nacional, sí: hay base legal, plataforma, plazos y publicación mensual, y la mejora en homicidios prueba que, con prioridad política, las fiscalías responden.
Como fuente comparable entre las 32 entidades, por ahora no.
El documento reconoce que el diagnóstico de 2025 halló capacidades desiguales, con fiscalías en tiempo real y otras con procesos manuales o sistemas desconectados.
No dice cuáles son ni qué resultó de las pruebas piloto y las mesas de verificación, que describe como actividades, no como mediciones.
Y en 2026 apareció una nueva versión del sistema: el instrumento cambió sobre la marcha. Donde el proceso sigue siendo manual, la georreferencia y el dato municipal dependen de cada capturista, no de la tecnología.
De ahí la fragilidad al comparar con la serie 2015-2025: el texto dice que se aplican criterios de la metodología, no que se haya medido la ruptura. Y estas cifras alimentan la conferencia matutina del Gobierno Federal.
El Secretariado supervisa el dato; el mismo Gobierno lo presume.
Lo que hay que exigir
Nada exige sustituir el registro.
Lo más factible: publicar tasas de error mediante auditoría de una muestra probabilística de carpetas, con doble codificación independiente.
Nada en los Lineamientos, según el documento, se lo impide al Secretariado. Igual de viable: divulgar los resultados de las mesas de verificación y un estudio de ruptura de serie antes de que alguien compare 2025 con 2026.
Cada cifra mensual debería decir qué mide, qué no mide y qué estima la ENVIPE sobre lo no registrado, por delito.
Y debería incluir un cotejo anual, por entidad, con las defunciones del INEGI, además de la dirección y magnitud de la brecha entre dato preliminar y consolidado.
Más difícil, pero indispensable, es un comité independiente de auditoría estadística, con criminólogos, estadísticos y geógrafos, que exige modificar los Lineamientos y voluntad política.
Y una arquitectura que triangule el registro con la encuesta, el 911 y las fuentes forenses y hospitalarias: no para sumarlos, sino para contrastarlos.
El RNID es una buena tubería. Pero un Estado que perfecciona el conducto por donde pasa el 6.6% del delito y lo llama medición no gobierna la realidad: gobierna su expediente.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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