Eso le duró a Rocha Moya la investidura recuperada.
El 21 de agosto regresó a Culiacán con "la frente limpia y en alto", tras 112 días de licencia y una exoneración administrativa de la FGR que él mismo magnificó como absolución.
Al día siguiente ya pedía, por segunda vez, separarse "de manera indefinida".
En medio, un mensaje de Sheinbaum en redes, un video de Monreal negando que el Estado autorizara el regreso, Morena entero deslindándose, y desde Washington, Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, exigiendo a García Harfuch "una operación de arresto y deportación de alto nivel".
Ese vaivén es el síntoma de una crisis de gobernabilidad binacional que Sinaloa arrastra desde julio de 2024.
Políticamente, Rocha Moya sostiene una tesis de inocencia por desgaste: si la FGR no encuentra "los mínimos elementos de prueba", no hay nada que perseguir.
Discursivamente, apela a la legalidad procesal y al lenguaje del movimiento. De hecho, sin embargo, el propio Ismael "El Mayo" Zambada declaró que Rocha Moya estuvo presente en Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2024, el día del asesinato de Cuén y su propio secuestro.
El gobernador lo niega.
Ninguna versión ha sido probada judicialmente; la distancia entre la exoneración proclamada y el señalamiento directo de la fuente criminal más relevante del caso sigue sin cerrarse.
La reacción de Morena fue gestión de daño, no autocrítica.
Sheinbaum se enteró del regreso por redes y respondió sin nombrar a Rocha Moya: "el poder sin límites es abuso". Monreal habló de "decisión personalísima". Ninguno explicó por qué un gobernador señalado por proteger a Los Chapitos pudo pedir licencia sin costo partidista y regresar sin mecanismo institucional que lo impidiera.
El deslinde llegó con el costo político inminente, no cuando la acusación se hizo pública en abril.
El 28 de abril, Estados Unidos entregó la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, por conspirar para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
La SRE y la FGR respondieron que la documentación carecía de "elementos de prueba" y del requisito de urgencia del tratado.
La objeción tiene sustento técnico, pero la prioridad institucional se concentró en un extrañamiento diplomático por la filtración, no en exigir el expediente completo.
La omisión no es procesal: es de énfasis político.
La demanda de Maltz —"Rubén Rocha debe rendir cuentas"— no es resolución judicial: es la exigencia pública de un exfuncionario sin mando operativo, en X.
Pero su peso simbólico es real: junto con un comunicado del Departamento de Estado sobre "funcionarios corruptos" indispensables para el Cártel de Sinaloa, reactivó la lectura de senadoras opositoras como Claudia Anaya Mota, quienes advirtieron que el episodio agrava la tensión con la revisión del T-MEC.
Washington no necesita orden judicial para presionar: le basta mantener vigente la acusación de Nueva York y dosificar declaraciones que erosionan el margen de acción y maniobra de Claudia Sheinbaum.
Aquí conviene el rigor: no hay documento oficial que confirme una negociación entre Rocha Moya y el gobierno estadounidense.
Lo que sí es verificable es la secuencia de movimientos entre implicados: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rocha, salió de custodia del Buró Federal de Prisiones días antes del regreso del gobernador; Joaquín Guzmán López obtuvo prórroga judicial para negociar su sentencia; y Corrales fue detenido 48 horas después.
Que estos movimientos coincidieran con el regreso de Rocha no prueba una negociación paralela —es, hasta ahora, hipótesis analítica—, pero la coincidencia exige que se investigue, no que se descarte.
Entre el 18 y el 20 de agosto, el director de la DEA, Terry Cole, calificó a García Harfuch de "socio de confianza" en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, en Buenos Aires.
El elogio llegó días antes de la detención de Corrales y del fallido regreso de Rocha.
No hay evidencia de que ese encuentro abordara el caso Rocha Moya; suponerlo sería inferencia, no hecho.
Pero la cercanía entre Cole y Harfuch, sostenida desde marzo, plantea la pregunta de si la cooperación bilateral incluye, extraoficialmente, coordinación sobre el destino del gobernador con licencia.
La detención de Corrales el 19 de agosto es el primer avance procesal en dos años.
Testimonios periodísticos —no verificados judicialmente— lo ubican como rehén vigilado por Los Chapitos, no cómplice voluntario. Si esa versión avanza, el relato inicial de la Fiscalía de Sinaloa se derrumba.
Detrás persiste la estructura real: una gobernadora interina sin control efectivo, cuadros del rochismo operando durante la licencia, y una fiscalía estatal bajo sospecha razonable.
Esa es la gobernanza criminal: no que el crimen gobierne directamente, sino que la alternancia formal del Ejecutivo resulte irrelevante frente al poder que realmente decide.
Sinaloa y la relación bilateral necesitan más que presión en redes.
Se requiere que la Auditoría Superior del Estado revise el gasto de los 112 días de licencia; que el SNSP audite externamente a la Fiscalía estatal y las fuerzas de seguridad estatales y municipales; que el Congreso local exija comparecencias públicas sobre la gobernanza real durante la ausencia del titular; y que México exija a Washington documentar, con pruebas y no con publicaciones en X, cualquier negociación en curso con implicados.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que el destino de Sinaloa se decida entre tuits de un exdirector de la DEA, la conveniencia electoral de un partido y los silencios convenientes de un gobierno federal maniatado por los sectores duros de Morena.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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