La Central de Abasto de la Ciudad de México, el mercado de alimentos más grande de América Latina, es hoy disputada por el CJNG, La Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión y La Familia Michoacana, entre otros grupos, en una guerra territorial por el control de la extorsión a bodegueros.
Se han documentado esquemas similares de cobro a locatarios y transportistas en centrales mayoristas de al menos diez estados del país.
El comerciante que llega a vender su producto legítimamente adquirido debe pagar, además, por el simple derecho de descargarlo.
El menudeo: la tienda de la esquina cierra el círculo
El último eslabón es el más silencioso y el más numeroso: la tienda de abarrotes, el puesto de mercado, el changarro familiar.
Encuestas del sector reportan que más de la mitad de los pequeños comercios ha sufrido afectaciones de inseguridad en su cadena de proveeduría, y que ocho de cada diez han tenido que subir precios para absorber esos costos.
El consumidor final paga, sin saberlo, el acumulado de cinco cuotas criminales distintas cada vez que compra un kilo de limón o un aguacate.
Por qué el Estado nunca combatió esta cadena como lo que es
Aquí no hay forma de ser condescendiente: el Estado mexicano combatió, cuando lo hizo, eslabones aislados —una detención en el campo, un cateo en una central de abasto— sin tratar nunca el fenómeno como lo que es: una cadena tributaria integrada con actores, rutas y flujos financieros interconectados.
Las fiscalías estatales carecen de unidades especializadas en inteligencia financiera agroalimentaria. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada apenas el 28 de noviembre de 2025, llegó cuando la práctica ya tenía dos décadas de consolidación y presencia documentada en múltiples estados.
Y la cifra negra —el 96% de las extorsiones no denunciadas en Michoacán durante 2024, según el INEGI— demuestra que ninguna reforma penal sirve si el Estado no puede garantizar que denunciar no cueste la vida, como le costó a Bernardo Bravo y, anteriormente a Hipólito Mora y otros productores agrícolas del estado que denunciaron públicamente el fenómeno.
¿Cómo desmontar la caden?, eslabón por eslabón
Combatir esto exige dejar de perseguir hechos aislados y empezar a mapear cadenas completas de valor capturado, cruzando denuncias de productores, empacadoras, transportistas y locatarios de centrales de abasto como un solo expediente de inteligencia financiera, no como delitos separados.
Exige extinción de dominio aplicada con velocidad sobre bodegas, flotillas y empacadoras que sirven de infraestructura al cobro, no solo sobre el cobrador visible.
Exige protección real y verificable —no reactiva— para quienes denuncian en cada eslabón, con mecanismos que sobrevivan al ciclo noticioso. Y exige que la nueva ley general de extorsión se mida por resultados municipales publicados, no por el número de páginas del decreto.
Mientras cada eslabón se combata por separado, la cadena completa seguirá cobrando, y el Estado seguirá llegando, invariablemente, después del entierro.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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