La pregunta parece sencilla: ¿tiene el Gobierno derecho de réplica?
La respuesta llega en un momento oportuno. Este viernes concluyó la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que han provocado una discusión sobre los límites entre la protección de quienes reciben información y la libertad de expresión de quienes la producen.
México tiene desde 2015 una Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica. Establece que toda persona puede ejercerlo respecto de información falsa o inexacta que le cause un agravio. La Suprema Corte ha explicado que la réplica no debe entenderse como una restricción a la libertad de expresión, sino como su complemento, pues permite que la sociedad conozca también la versión de quien fue aludido.
Los funcionarios públicos no pierden ese derecho por ocupar un cargo. Más complicada es la situación cuando quien pretende replicar no es el funcionario como persona, sino una dependencia o el propio Gobierno. El Estado no ocupa la misma posición que un ciudadano frente a un medio. Dispone de presupuesto, canales institucionales, redes sociales, vocerías y, en México, de uno de los instrumentos de comunicación política más eficaces que se hayan construido: la Mañanera.
Andrés Manuel López Obrador comprendió algo fundamental: un presidente ya no necesitaba depender de los medios para comunicarse con la población.
Durante décadas, la relación entre prensa y poder en México estuvo contaminada por la publicidad oficial, convenios y prácticas conocidas coloquialmente como chayote. López Obrador redujo el presupuesto destinado a publicidad oficial y rompió con buena parte de esa lógica. Pero su verdadera innovación fue otra.
AMLO descubrió que el Gobierno ya no necesitaba comprar espacio en los medios si podía convertirse él mismo en el medio.
La Mañanera fue una genialidad de comunicación política. Cada mañana el Presidente podía introducir un tema, responder una acusación o cuestionar una publicación y conseguir que periódicos, radio, televisión, redes sociales y oposición hablaran de ello durante el resto del día. Incluso quienes lo criticaban contribuían a amplificar la agenda que él había fijado.
Claudia Sheinbaum entendió el valor del instrumento y decidió conservarlo. Pero su Gobierno ha dado un paso adicional.
Luisa María Alcalde encabeza desde Palacio Nacional un espacio denominado precisamente “Derecho de Réplica”, que el Gobierno utiliza para contrastar con datos oficiales noticias y narrativas que considera falsas.
El nombre es polémico. Una cosa es ejercer el derecho de réplica previsto por la Constitución y la ley frente al medio que difundió determinada información, y otra crear un programa gubernamental para responder desde Palacio Nacional a periodistas, medios y opositores. Es legítimo como estrategia de comunicación política, pero no constituye derecho de réplica en su sentido jurídico.
Además, el programa proporciona a Alcalde una plataforma nacional periódica, le permite fijar posiciones sobre los principales debates públicos y la coloca como una de las voces más visibles en la defensa del Gobierno. Sea o no su propósito, el espacio también le genera exposición y juego político.
Y aquí aparece la paradoja.
El Gobierno dispone diariamente de la Mañanera y semanalmente de un programa llamado Derecho de Réplica. Tiene redes sociales, medios públicos, vocerías y toda la infraestructura comunicacional del Estado. Al mismo tiempo, el Estado discute nuevos lineamientos para regular la protección de las audiencias de radio y televisión.
Proteger los derechos de las audiencias es necesario. También lo es garantizar el derecho de réplica. El problema aparece cuando confundimos esas legítimas finalidades con la posibilidad de que el Estado determine qué información es verdadera, falsa, suficientemente contextualizada o plural.
Porque el Gobierno no es un participante cualquiera en el debate público. Puede hablar, contestar, desmentir y presentar sus propios datos. Los funcionarios pueden ejercer los derechos que les reconoce la ley. Pero el Estado posee algo que ningún periodista o ciudadano tiene: el poder de regular y sancionar.
Por eso resulta pertinente invertir la pregunta.
Si el Gobierno reivindica su derecho a replicar a los medios, ¿quién puede replicarle al Gobierno?
La oposición ha propuesto extender expresamente el derecho de réplica a afirmaciones falsas o inexactas difundidas en la Mañanera. La propuesta revela una cuestión de fondo: el origen oficial de una información no garantiza su veracidad.
La función de la réplica debe ser enriquecer la información disponible para la sociedad, no establecer una verdad oficial.
El Gobierno tiene derecho a hablar. Los funcionarios pueden tener derecho de réplica. Los medios tienen libertad de expresión y las audiencias tienen derecho a recibir información plural.
Pero el Estado, además, tiene el poder de regular.
Y precisamente por eso sus límites deben ser mayores, no menores.
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*Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam.
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
