La propia Sheinbaum reconoció, ante la evidente contradicción, un "doble discurso" de la agencia estadounidense.
Rocha Moya retomó el cargo apenas un día después de que concluyera esa conferencia.
No existe evidencia pública de una negociación explícita entre Harfuch y la DEA sobre el caso Rocha —y afirmarlo como hecho sería fabricar una prueba que no tengo.
Lo que sí es observable, y merece escrutinio, es la coincidencia temporal entre el reposicionamiento diplomático de Harfuch ante Washington y la decisión de Rocha de regresar sin que Estados Unidos moviera un dedo institucional para impedirlo.
Es una hipótesis, no una conclusión: pero las hipótesis que la prensa y la clase política mexicana se niegan a formular en voz alta también son una forma de complicidad.
¿Demostración de poder o simple impunidad?
La narrativa de que este episodio constituye una demostración de fuerza del círculo de López Obrador —del cual Rocha Moya, académico devenido operador político, fue siempre pieza leal y públicamente respaldada en 2024, en pleno affaire "Mayo" Zambada— es tentadora, pero exige matiz.
Rocha gobierna hoy bajo el paraguas de Sheinbaum, no de López Obrador, y es la Presidencia actual la que ha optado por el silencio funcional.
Lo que sí revela el episodio, con o sin la lectura facciosa, es que en la estructura real de poder de Morena un gobernador señalado por narcotráfico puede regresar a despachar sin que ni el partido ni el gobierno federal tengan capacidad —o voluntad— de impedirlo.
Esa es la demostración de poder que importa: no la de una facción sobre otra, sino la del cargo sobre la ley.
Lo que esto le hace a la acusación estadounidense
Para el Departamento de Justicia, el regreso de Rocha Moya es una provocación calculada: un acusado por narcotráfico y delitos de armas, sujeto potencialmente a una pena de 40 años a cadena perpetua, ejerciendo funciones de gobierno con inmunidad de facto mientras el aparato judicial mexicano no mueve el expediente.
Si Washington decide escalar —sanciones personales, presión diplomática directa, filtraciones de nueva evidencia— lo hará sobre un terreno donde México ya demostró que no está dispuesto a actuar primero.
Y si no escala, quedará una lectura todavía más incómoda: que la acusación fue, como sugirió Sheinbaum desde abril, un instrumento político sin consecuencia práctica alguna, lo que erosiona la credibilidad de la propia justicia estadounidense tanto como la inacción mexicana erosiona la suya.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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