A la memoria de Ulises Schmill. Gran jurista y compatriota. Vaya diferencia.
Hay un principio fundamental en toda sociedad funcional: quien incumple las reglas debe enfrentar consecuencias. Cuando este principio se respeta en forma sistemática, logramos sociedades sanas y con viabilidad. Cuando no, prevalece la impunidad. El cumplimiento se denomina orden y punibilidad; su ausencia es el caldo de cultivo para el abuso del poder.
Hablemos con claridad entonces. En México no hemos vivido normalidad desde fines de 2018. Morena partió de una serie de premisas electorales que hacían sentido entre el electorado cansado de gobiernos con prácticas corruptas e ineficiencias sociales. Con esa materia prima se ofrecieron salidas sencillas a problemas complejos y se pintó a los anteriores como los enemigos a vencer. Pero nunca se diseñaron programas reales para resolver las carencias del país. Solo ha habido frases y promesas, nunca resultados.
El origen de Morena como partido data de 2013, cuando obtuvo su registro para competir en las urnas. Apenas en 2015 participó en elecciones y tuvo crecimientos muy importantes; para 2018 ganó masivamente. Ese ascenso vertiginoso requería ingredientes vitales: recursos económicos y operación local. Normalmente eso se logra gradualmente con trabajo y perseverancia, pero el fundador del partido no tenía el tiempo ni la paciencia para madurar por la vía institucional. Decidió entonces que para satisfacer sus ambiciones de poder se valía aceptar el apoyo de fuerzas oscuras, sin medir el costo para el país. Ahí surge el origen del pacto delincuencial como base de su crecimiento electoral. Con tal de llegar al poder, se entregaron a las mafias.
Morena nace de la ruptura con el PRD y de la decisión de su fundador de crear un vehículo político sin restricciones internas. Pero no se quedó en simplemente generar una fuerza electoral más, sino en hacer una que fuera imbatible al costo que fuera. Es entonces que se acuerda el apoyo económico y logístico de organizaciones delincuenciales —principalmente del Cartel de Sinaloa y, más concretamente, del Chapo Guzmán y su estructura—, según las declaraciones de testigos protegidos ventiladas en procesos judiciales en EUA. En los hechos el rango de valores se invirtió: la nación pasó a segundo lugar. Los socios criminales se volvieron los acreedores a quienes se tendría que pagar el costo de su apoyo. Morena ganaría elecciones, pero entregaría la soberanía a quienes les permitieron ganar en las urnas. Un pacto peligroso y efímero desde su origen.
En 2006 se hizo famosa la frase de que la persona que estaba nominada para la presidencia era un peligro para México. Y en ese momento hizo efecto entre el electorado para lograr que Felipe Calderón ganara la elección, aunque fuera por un margen pequeño. De ese escenario de gran preocupación se sustentó que en 2012 el candidato nocivo cayera aún más en las preferencias electorales. Y aquí es donde vino el cambio para crear Morena y los acuerdos con la mafia. Paralelamente, en el ciclo 2012-2018, se sumaron fuerzas empresariales al proyecto. Hubo grandes corporativos que se sintieron vulnerados por las reformas estructurales de 2013 y 2014 —particularmente la energética y la de telecomunicaciones— y decidieron impulsar al candidato de la oposición para eliminar los cambios legales que les minaban sus negocios principales. Una apuesta letal para el país como hoy sabemos. Pudo más su ceguera y avaricia que su responsabilidad con la nación en la cual han podido desarrollar sus negocios y rentabilidad. Una lección para la historia de lo que la clase empresarial no debe hacer. Y hay que decirlo ahora para no permitir que el error permanezca o se vuelva a repetir.
Pero volvamos al pacto de Morena con los delincuentes, mismo que se oficializó con la proclama de “abrazos y no balazos”. Uno podría pensar que eventualmente dicho acuerdo tendría repercusiones intolerables en el territorio nacional. Y aunque algo así ha sucedido ante el devastador efecto de tener organizaciones que han compartido o ejercido el poder para lucrar en su beneficio (robos, derecho de piso, tráfico de personas, secuestros, etc.), el verdadero problema de dicha asociación vino desde fuera. No contaban con que desde EUA vendría la categorización de terroristas para los grupos delincuenciales, conforme a la orden ejecutiva presidencial y la legislación federal estadounidense en materia de apoyo material al terrorismo. Dicho cambio legal obliga a perseguir a estas organizaciones con todos los recursos de las autoridades de justicia de aquel país. El ataque frontal es la norma en EUA y no se puede ignorar. Y en forma destacada, toda persona que ayude, apoye, se asocie o no impida el actuar de organizaciones catalogadas como terroristas queda sujeta a responsabilidad penal y persecución bajo ese mismo marco legal.
Es esa situación la que hoy tiene a Morena y toda su estructura contra la pared. Los saludos a la madre del Chapo, la convivencia en comidas con sus líderes, la liberación de delincuentes, los abrazos y no balazos, y la ocupación de cargos públicos de personas nominadas o entregadas a la delincuencia, han ahora provocado una escalada de intolerancia y persecución desde los EUA. En particular la justicia americana requirió la entrega de 10 personas del gobierno de Sinaloa, y en el proceso se entregaron ya 2 de esas personas para no exponerse a las sanciones y volverse mejores testigos protegidos. Eso no sucedería si hubiera inocencia y no hubiera realmente ilícitos a perseguir. Nadie se entrega a lo tonto. Ya no se pueden ahora esconder en narrativa.
Una parte crítica de los procesos judiciales que están ocurriendo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York es que hay condiciones procesales que serán aplicables a los nuevos destinatarios de las acciones. El proceso será muy similar al de un caso previo que Morena no se cansó de aplaudir como un caso de éxito y de justicia: la condena de Genaro García Luna. Ese antecedente es clave porque ahora no les queda otra más que aceptar un estándar de prueba en el que las declaraciones de testigos cooperantes tuvieron un peso determinante, complementadas con evidencia circunstancial. Lo que tanto aplaudieron ahora lo tendrán que aceptar en carne propia. Nadie sabe para quién trabaja. Y las pruebas parecen abundantes.
En fechas recientes Morena se ha multiplicado en buscar distractores para no hablar de lo trágico que resulta para su supervivencia el hecho de ser considerados formalmente como un gobierno asociado a organizaciones terroristas. En este proceso se volcaron contra Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, por supuestamente haber autorizado un operativo de captura de líderes delincuenciales en territorio chihuahuense en el que habrían participado agentes de la CIA. Curiosamente dicho operativo contó con la vigilancia perimetral del ejército mexicano, es decir, una autoridad federal. Pero en el esfuerzo de distraer la atención de lo que sucede en el caso del Gobernador, Senador y otras autoridades de Sinaloa, incluso se sugirió que la gobernadora chihuahuense era sujeta de un posible desafuero y proceso por responsabilidad penal. La realidad es muy distinta. El que tengamos un narco estado institucionalizado desde las más altas esferas de Morena hace que la definición de traición a la patria cobre una nueva dimensión. Y la estructura en Sinaloa encuentra semejanzas en Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Baja California, entre otros. Y por derivación también a nivel del gobierno federal. Dios los hace.
En un intento desesperado de Morena por salvar a sus filas de las acusaciones desde EUA y la petición respectiva de detención inmediata y eventual extradición, la presidenta decidió que la forma de tratar de salir del callejón sin salida era exigir que se aportaran pruebas. Ignorando el texto del Tratado de Extradición y la importancia de la relación con EUA, la petición de pruebas rayó en lo absurdo. Pero cuando pensaron que tenían algo que decir, se dieron cita los testigos protegidos que desde el gobierno de Sinaloa se entregaron a las autoridades que llevan el caso en Nueva York. Así es que si pedían pruebas ahora los que declaran allá las aportarán a manos llenas. Menudo problema que tendrán los guindas ante la imposibilidad de decir que no hay evidencia de la culpabilidad de quienes claramente se asociaron con los hoy terroristas. Se acabó la fiesta.
La salida de este laberinto implica al menos tres cosas. Primero, que Morena y sus dirigentes asuman que ya salió al descubierto su cohabitación con los terroristas. Segundo, que si no se depuran rápidamente quedará evidente que el liderazgo actual es fiel a la apuesta de su precursor y, por lo tanto, que son también delincuentes. Tercero, que desde EUA no se les dará margen de maniobra: los que no actúen con rectitud y demuestren no ser cómplices de organizaciones terroristas estarán expuestos a la persecución judicial desde Nueva York u otros tribunales en ese país.
Y es que hemos estado sujetos a una mafia desde el poder en que se aliaron con la delincuencia por la vil y reprobable finalidad de hurtar recursos, dilapidar activos, y hartarse de ejercer atribuciones sin recato legal o moral alguno. Un ejemplo que los desnuda por completo es el huachicol fiscal: el esquema de facturación falsa y desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma que permite a funcionarios y cómplices sustraer miles de millones de pesos del erario. En este ecosistema de corrupción se aliaron los delincuentes con el gobierno federal completo. El sistema solamente pudo haber tenido operatividad con la anuencia, complicidad y dirección de la Presidencia de la República. Ni más ni menos. Y esa responsabilidad migró a la actual presidenta puesto que ni se ha suspendido plenamente la actividad, ni se ha procesado a todos los inmiscuidos, y se ha tratado de desviar la atención a temas menores. A la ciudadanía nos toca reprobar ampliamente para que esta situación no se prolongue ni se repita. No podemos dejar que la alianza del narcoestado actual siga vigente. Esto no es normal. No lo debemos aceptar.
Está claro entonces que en 2027 nos jugamos el pellejo. En esta guerra un elector en cada hijo nos dio. No dejemos de participar y ser parte de la solución. No hay mañana si no nos comprometemos. La única forma de romper este pacto de impunidad pasa por las urnas. Debemos rescatar la vigencia de la máxima de punibilidad, que quien la hace la paga. Ya basta de tener a tantas personas que desde el poder y con sus aliados se han burlado sistemáticamente del estado de derecho. No podemos depender de los reclamos desde EUA, aunque en la coyuntura son bienvenidos y necesarios. Busquemos cómo dar el ejemplo democrático: votemos, participemos como observadores electorales, exijamos transparencia en las campañas y no permitamos que la desinformación sustituya al debate público. El país nos pide un acto de decencia mínima. No permitamos que este pacto se perpetúe en México. Merecemos mucho mejor destino. Que los que tanto daño han hecho finalmente paguen sus fechorías. En nuestras manos ese cambio.
P.D.1. La población de Chihuahua no se dejará engañar con trampas. Los ataques a Maru Campos desde el poder no sirven cuando es claro que los que critican a la gobernante son quienes están aliados con la delincuencia organizada. Ni en Chihuahua ni en el resto del país se va a permitir que esta putrefacción política siga contaminando la vida pública. Ya basta.
P.D. 2. En mi vida profesional como abogado conocí hace unos años un colega que huyó del autoritarismo en Venezuela. Con tenacidad y perseverancia el colega se naturalizó y se certificó para ejercer la profesión en México. Hace unos meses me anunció que emigraría a los EUA porque no podía volver a vivir el avance autoritario en un país. Su expresión fue lapidaria: van en la misma ruta que Venezuela, pero más rápido.
P.D. 3. La situación financiera y operativa de Pemex es verdaderamente preocupante. No ayuda nada que se sigan designando y relevando a personas que pueden ser muy leales al gobierno pero absolutamente incompetentes. La hemorragia en pérdidas e ineficiencia está dejando un legado desastroso al país. Para colmo de males, según han reportado medios y analistas financieros, se truquearon los estados financieros para maquillar pérdidas. La pregunta es hasta cuándo se podrá seguir conduciendo con tal nivel de superficialidad e ineficiencia. La deuda a cargo de todos los mexicanos se está convirtiendo en una carga irracional.
P.D.4. A pesar de que nos digan desde el gobierno que las cifras de violencia van a la baja, la realidad y lo que se percibe en todo el país no coincide con tales enunciados. Existen muchos lugares en que ya existen toques de queda de hecho porque a partir del atardecer todo mundo se guarda y se elimina la actividad económica sana respectiva. Esto es común en lugares como Culiacán, Celaya, Acapulco, Villahermosa, Ciudad Victoria, Fresnillo, y muchos más. Eso no es normal ni tolerable. Nos han robado la libertad.
P.D.5. La forma en que la actual presidenta del INE ha roto los procesos de contratación para ingresar en la institución a sus parientes, amigos y allegados ya llegó a niveles de escándalo. No es posible dejar de hacerlo notar porque de ese instituto depende en gran medida la estabilidad democrática del país. Erosionar una institución ciudadana es criminal.
P.D.6. La reciente iniciativa de modificaciones a la reforma judicial pone de manifiesto que aún desde Morena ya se dieron cuenta que llevar a cabo la segunda fase de la elección pendiente para 2027 generaría una hecatombe. Pero al diferir a 2028 lo harán con una serie de parches y entuertos que, por un lado, ponen de manifiesto que reconocen las deficiencias de la reforma, pero por otro, son incapaces de realmente corregir. Son curitas a una enfermedad letal. Y los síntomas están claros ante la falta de inversiones en el país.
P.D.7. Una nueva reducción a la calificación crediticia del país es una pésima noticia. Estamos ya a solo un escalón de perder el grado de inversión. Si eso llegara a suceder toda nuestra deuda sería calificada como basura y los fondos de inversión internacional tendrían que salir de México inmediatamente. La debacle sería mayúscula. Pero cuando un gobierno se encarga de destruir la certeza y certidumbre estas cosas son consecuencias naturales. Son responsables del desastre inminente.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
