Hay una verdad que ningún discurso electoral puede derogar: los cárteles mexicanos llevan décadas operando en Colombia con una eficacia que avergüenza a cualquier institución de seguridad del hemisferio.
El Cártel de Sinaloa controla laboratorios en Nariño, supervisa semisumergibles en el Pacífico y tiene emisarios negociando coca en Medellín. El CJNG tiene presencia documentada en la costa Caribe colombiana y en el Cauca.
Esas redes no se reconfiguran porque Abelardo De la Espriella haya ganado la presidencia el 21 de junio con menos de un punto porcentual de ventaja. Lo que sí cambia —y de manera significativa— es el marco político en el que esas redes operarán, y eso tiene consecuencias que México aún no ha terminado de dimensionar.
Durante los últimos años, México y Colombia formaron un eje incómodo pero funcional de resistencia ideológica a la doctrina de seguridad de la administración Trump.
Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum compartían la convicción de que transformar la lucha antinarcótica en una alianza ideológica era un error estratégico. Petro lo dijo con claridad: "Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas." Era una postura razonablemente sólida, aunque sus resultados operativos en Colombia fueron magros.
El problema es que con De la Espriella ese eje se rompe, y México queda como el único actor de peso fuera de la coalición que Washington está construyendo.
El Escudo de las Américas, lanzado formalmente en marzo de 2026 con 12 gobiernos de derecha regional, fue leído desde su nacimiento, como lo que realmente era: no una estrategia antinarcótica, sino un mecanismo de reordenamiento geopolítico. Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Honduras no son, precisamente, los países con mayor relevancia en la cadena global de la cocaína.
La ausencia de México y Colombia —los dos actores centrales de esa cadena— lo decía todo.
La iniciativa no pretendía desmantelar el narcotráfico; pretendía disciplinar lealtades regionales bajo la llamada "Doctrina Donroe", la versión trumpista actualizada del principio de que América Latina es patio trasero estadounidense.
La retórica del presidente electo colombiano es políticamente seductora y analíticamente frágil. Declarar a los carteles mexicanos "objetivos militares" en el Cauca suena contundente en campaña.
En la práctica, implica atacar al intermediario sin desmantelar la cadena productiva, es decir, neutralizar al mensajero mientras el correo sigue circulando. Los cárteles mexicanos no controlan directamente cultivos ni laboratorios colombianos, operan a través de alianzas con el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Atacar a los emisarios mexicanos sin desarticular esas estructuras locales es, en el mejor de los casos, una operación de relaciones públicas armada.
La cooperación "sin precedentes" con Estados Unidos e Israel que promete De la Espriella tampoco es garantía de resultados.
Colombia ya tuvo, durante el Plan Colombia, el mayor despliegue de cooperación antinarcótica de su historia, con presupuestos millonarios, fumigaciones aéreas, operaciones especiales y asesoría militar permanente. Al final de esa era, el país seguía siendo el principal productor de cocaína del planeta.
La variable que ninguna coalición militar ha podido resolver no es táctica, es estructural: mientras exista demanda en Estados Unidos y Europa, existirán producción y tráfico en América Latina, independientemente del gobierno en turno en Bogotá o en Ciudad de México.
La posición de Sheinbaum ante todo esto es internamente “coherente” pero geopolíticamente costosa. "Que cada quien se encargue de su parte" es una frase defensivamente correcta y estratégicamente insuficiente.
México tiene razón en rechazar la injerencia de fuerzas extranjeras en su territorio y en mantener sus mecanismos bilaterales propios con Washington.
Pero mientras Colombia se integra al Escudo de las Américas y ocupa, según el senador Bernie Moreno, "una posición central" en la nueva arquitectura de seguridad regional, México queda posicionado —quiera o no— como el actor que dice no a la coalición que dice combatir lo que México produce y trafica.
Eso tiene un costo de narrativa que ya está siendo aprovechado: Trump, De la Espriella y la Casa Blanca construyen un relato donde la ausencia mexicana equivale a complicidad. No es un argumento justo, pero es un argumento político eficaz.
La verdad incómoda que ningún gobierno de la región verbaliza es que el crimen organizado transnacional es, antes que un problema de seguridad, un problema de economía política.
Mientras la cocaína colombiana valga más en Chicago que en Bogotá, los cárteles mexicanos seguirán siendo el eslabón más lucrativo de esa cadena. Ningún escudo —ni el de Trump, ni el de De la Espriella, ni el de nadie— ha logrado atacar esa ecuación en cuatro décadas de "guerra contra las drogas."
Lo que se está reconfigurando en este momento no es nada más la seguridad hemisférica. Es el reparto de roles en una coalición política que usa el narcotráfico como argumento de cohesión y como herramienta de presión sobre los que no se suman.
México lo sabe. El problema es que saberlo no equivale a tener una estrategia para responderlo.
Y esa estrategia, hasta ahora, brilla por su ausencia.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
