La prevención del delito: la gran ausente
El verdadero escándalo no es que suene "Cuerno Azulado" en una cheleria de Tepito.
El verdadero escándalo es que México ha desmantelado sistemáticamente sus estructuras de prevención social del delito. El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que operó entre 2013 y 2018 con focalización territorial y metodología de intervención comunitaria, fue liquidado sin evaluación pública de impacto.
Lo que sobrevino fue el vacío. Después, la austeridad. Luego, el eufemismo de "abrazos, no balazos" como sustituto de política.
Hoy, las alcaldías y los municipios carecen de infraestructura institucional real para prevención.
No hay trabajadores sociales suficientes en zonas de alta marginación. No hay programas de reinserción juvenil con presupuesto garantizado. No hay modelos de intervención temprana en comunidades donde el crimen organizado recluta desde los catorce años.
Pero hay un decreto que prohíbe canciones.
Lo que el Estado debería estar haciendo
Primero: Reconstruir la arquitectura institucional de prevención del delito con presupuesto etiquetado, metas verificables e indicadores de resultado —no de gestión— en los tres órdenes de gobierno.
Segundo: Impulsar un modelo de intervención comunitaria basado en evidencia, inspirado en experiencias documentadas como el modelo Glasgow de violencia urbana o el programa Cure Violence en Chicago, adaptados al contexto mexicano con participación de universidades públicas nacionales.
Tercero: Desarrollar una política cultural de Estado —no prohibicionista— que dialogue con los géneros populares ( no concursos cosméticos como “México Canta”), que financie narrativas alternativas sin censurar las existentes, y que invierta en educación artística en territorios de alta conflictividad.
Cuarto: Establecer un órgano técnico independiente de evaluación de políticas de prevención, con participación académica, sociedad civil y comunidades afectadas, que dictamine con metodología rigurosa qué funciona y qué no.
Quinto: Exigir que cualquier restricción a derechos culturales venga acompañada de una justificación basada en evidencia científica revisada, publicada y debatida públicamente.
