México escuchó el 31 de mayo de 2026 un informe de gobierno que merece un análisis fino, no aplausos.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante su base electoral —no ante el país— cifras de reducción del 49% en homicidios dolosos que ningún organismo independiente ha podido verificar.
La metodología que sostiene ese número es opaca, carente de auditoría externa y contaminada por una práctica que en el argot criminológico se llama reclasificación delictiva: mover cadáveres de una categoría estadística a otra para que los muertos pesen menos en el tablero político. No es una acusación menor. Es una distorsión sistemática de la realidad que vulnera el derecho ciudadano a la información veraz y traiciona la base de cualquier política pública seria: el diagnóstico honesto.
La afirmación de una reducción del 20% en delitos de alto impacto merece idéntico escrutinio.
Descabezar estructuras criminales —cuando eso efectivamente ocurre— no desmantela la gobernanza criminal.
Las organizaciones que operan hoy en México no son pandillas jerárquicas dependientes de un capo. Son empresas criminales con franquicias territoriales, diversificación de mercados, capacidad logística transnacional y, en vastas regiones del país, mayor presencia institucional que el propio Estado.
Eliminar a un líder activa mecanismos de sustitución, fragmentación y, frecuentemente, escalada de violencia. El fenómeno tiene nombre en la literatura especializada: efecto cucaracha.
El discurso oficial lo ignora con absoluta comodidad.
Se insiste desde el oficialismo en que la construcción de paz descansa sobre la política social: becas, transferencias, programas de bienestar.
Nadie con seriedad académica niega que la exclusión social alimenta los circuitos de reclutamiento criminal.
Pero nadie con honestidad intelectual puede sostener que una beca, sin arquitectura de prevención del delito con evaluación de impacto real y territorialización inteligente, produce pacificación.
Lo que produce es dependencia clientelar.
La diferencia no es ideológica. Es técnica, y sus consecuencias son letales.
El riesgo de presentar política social como sustituto de política de seguridad no es retórico: es institucional.
Cuando el Estado renuncia a la presencia territorial coercitiva legítima y la sustituye por transferencias monetarias, el vacío lo ocupa quien sí tiene presencia, disciplina y capacidad de fuego.
Las empresas criminales no compiten con el gobierno por los votos; los compran, cooptan y además compiten por el territorio, y en esa disputa llevan años ganando sin que ningún informe presidencial lo reconozca con la gravedad que merece.
Llamar humanismo a esa abdicación estratégica es un eufemismo que los habitantes de Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Colima pagan con sangre cotidiana.
Aquí el análisis se vuelve estructuralmente más grave.
El discurso presidencial coloca a México en una posición de confrontación innecesaria y peligrosa con su principal socio comercial y de seguridad.
Las acusaciones norteamericanas sobre vínculos entre funcionarios mexicanos y el Cártel de Sinaloa no son producto de capricho imperial: tienen soporte de inteligencia, investigación judicial y precedente procesal documentado.
Protestar por injerencismo desde una trinchera moral mientras México opera 53 consulados en Estados Unidos con una agenda que desborda la protección consular es, en el mejor de los casos, inconsistencia grave; en el peor, cinismo diplomático calculado para consumo interno.
Los riesgos concretos de esta narrativa incendiaria no son abstractos ni futuros: son inmediatos y cuantificables en términos de seguridad nacional.
Una relación bilateral deteriorada implica reducción del intercambio de inteligencia operativa, debilitamiento de los mecanismos de cooperación en fronteras, exposición creciente del sistema financiero mexicano a presiones de designación y sanciones, y la posibilidad real —documentada en experiencias como la de Colombia en los años noventa— de una decertificación en materia antinarcóticos que aísla institucionalmente al país en el concierto de la cooperación internacional en seguridad.
Ninguno de esos escenarios aparece en el informe. Todos son consecuencias directas del tono que se eligió.
Lo que el informe omite con absoluta deliberación es igualmente revelador y más perturbador que lo que afirma.
La presencia de inteligencia rusa y china en territorio mexicano —documentada por reportes de agencias occidentales de contrainteligencia y por investigaciones periodísticas especializadas— no ha recibido la misma indignación soberanista que se reserva para cualquier referencia a la CIA.
Rusia y China no son actores menores en este tablero geopolítico: utilizan a México como plataforma de influencia regional, de recopilación de inteligencia sobre Estados Unidos y de penetración en estructuras institucionales sensibles.
Su actividad en suelo nacional representa una amenaza documentada al Estado mexicano que el discurso oficial no solo ignora, sino que, con su retórica antiestadounidense, involuntariamente facilita.
El adoctrinamiento ideológico que acompaña esa penetración no opera en el vacío: encuentra terreno fértil en un discurso gubernamental que construye identidad política sobre la confrontación con Washington y la complicidad tácita con Moscú y Beijing.
Exigir la regulación de agentes norteamericanos mientras se guarda silencio cómplice ante la inteligencia rusa y china desplegada en México no es soberanía.
Es una selectividad geopolítica que sirve a intereses distintos a los del Estado mexicano y que, en un escenario de tensión bilateral creciente con Estados Unidos, convierte al país en escenario activo de una disputa de potencias para la cual no existe estrategia de contención definida ni reconocida públicamente.
El México que vivió el 31 de mayo de 2026 no fue el que describió la presidenta Sheinbaum.
Fue el México donde las empresas criminales gobiernan territorios con una consistencia que el Estado no ha podido replicar, donde la impunidad supera el 90% en la mayoría de los delitos denunciados, donde la infiltración criminal en estructuras de gobierno es un hecho con expedientes abiertos en varias jurisdicciones y donde la política exterior se construye sobre agravios selectivos en lugar de interés estratégico nacional verificable.
Una política incendiaria tiene un precio que no se paga en la plaza pública donde se lee el informe: se paga en los territorios abandonados, en las fronteras porosas, en los expedientes de cooperación bilateral que se cierran sin ruido y en el espacio que dejan libre para que otras potencias —sin ningún compromiso con la soberanía mexicana— lo ocupen con eficiencia y sin escrúpulos.
Eso no es humanismo.
Es negligencia estratégica con discurso de gala.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
