Mientras el documento habla de cohesión comunitaria, el crimen organizado mexicano opera con drones explosivos, instala minas artesanales en caminos rurales, desplaza poblaciones enteras de sus territorios, controla cadenas alimentarias y comerciales en regiones completas, y utiliza terror sistemático como instrumento de gobierno paralelo.
Esa no es retórica periodística. Es la descripción documentada de lo que ocurre en múltiples estados del país.
El programa prácticamente no incorpora ninguna de esas dimensiones. No construye una estrategia de prevención del reclutamiento forzado —que es cualitativamente diferente al reclutamiento voluntario y requiere respuestas distintas.
No desarrolla mecanismos de protección para comunidades rurales sitiadas. No considera la seguridad digital comunitaria en un contexto donde el crimen organizado utiliza redes sociales para monitorear, reclutar y amenazar. No plantea una política de prevención del desplazamiento forzado interno, que es uno de los fenómenos humanitarios más graves y menos visibles del país.
El documento es extraordinariamente urbano y burocrático en su concepción.
Parece diseñado para prevenir delincuencia juvenil en colonias populares de ciudades medianas.
No comprende —o no quiere comprender— que la violencia mexicana mutó hacia dinámicas híbridas que combinan insurgencia regional, economías de guerra, terrorismo criminal de facto y captura político-institucional.
La desaparición de personas es posiblemente el fenómeno más devastador de la crisis de seguridad mexicana. Las cifras son conocidas. Los mecanismos también: reclutamiento forzado, trata, ejecuciones encubiertas, desaparición vinculada a disputas territoriales criminales, uso de personas desaparecidas como mano de obra en economías ilícitas.
Un programa nacional de prevención que no construya una política específica, robusta, territorializada y con recursos verificables frente a ese fenómeno no merece el calificativo de integral.
El documento menciona el problema. No lo enfrenta.
No explica cómo se previene que corredores completos de reclutamiento sigan absorbiendo jóvenes. No diseña mecanismos de alerta temprana en comunidades con alta incidencia de captación criminal. No desarrolla estrategias de protección para familias en proceso de búsqueda que enfrentan amenazas directas.
Invisibilizar la desaparición en un programa preventivo no es un descuido técnico. Es una decisión política con costo humano.
El programa habla de fortalecimiento institucional.
Lo hace con cuidado, con eufemismos, evitando nombrar la magnitud real del problema.
Pero cualquier profesional que haya trabajado en campo —en diagnóstico policial municipal, en evaluación de capacidades territoriales, en diseño de programas de proximidad— sabe que México tiene municipios donde las patrullas no funcionan, donde los policías no tienen equipo básico de protección personal, donde no existe ningún sistema de análisis criminal, donde la rotación política destruye cualquier continuidad programática cada tres años.
La prevención social sin una base policial local profesional, con capacidad de proximidad real y con estructuras mínimas de inteligencia comunitaria, no puede funcionar.
No porque la policía sea el único actor preventivo —no lo es— sino porque sin presencia estatal legítima en el territorio, cualquier programa comunitario queda expuesto a la cooptación, la neutralización o la violencia directa.
El programa evita este tema con consistencia.
Hacerlo de frente implicaría admitir el fracaso histórico del federalismo de seguridad mexicano: un modelo que desde hace décadas centraliza narrativa y recursos discrecionales en la federación, mientras descarga el costo operativo real —y el costo político del fracaso— en estados y municipios que no tienen capacidad para asumirlo.
El texto está lleno de conceptos de alta resonancia semántica: paz, bienestar, resiliencia, cohesión, transformación social. Ninguno viene acompañado de métricas duras, indicadores verificables, líneas base robustas o mecanismos independientes de evaluación.
Eso no es un problema técnico menor.
Es un problema de diseño institucional deliberado.
Un programa sin evaluación rigurosa e independiente puede declarar éxito en cualquier circunstancia.
Puede redirigir recursos sin rendición de cuentas. Puede sobrevivir políticamente al margen de sus resultados reales.
En el contexto mexicano, esa arquitectura de opacidad evaluativa no es nueva: es la norma histórica de los programas de prevención social, que durante décadas han consumido presupuesto sin producir evidencia verificable de impacto.
La crítica más profunda a este documento no es lo que dice, sino lo que sistemáticamente evita decir.
No dice que hay municipios capturados. No dice que la política social no redujo la violencia. No dice que el crimen organizado mutó hacia formas paraestatales. No dice que la prevención sin inteligencia criminal es inoperante. No dice que la federación ha centralizado el discurso y descentralizado el fracaso.
Lo que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030 revela, en su conjunto, es la persistencia de una narrativa gubernamental que prefiere la coherencia ideológica a la eficacia estratégica.
Un documento construido más para sostener un relato político que para enfrentar una crisis que ya costó demasiadas vidas como para seguir siendo tratada con instrumentos conceptuales del siglo pasado.
México necesita política de seguridad a la altura de su emergencia. Este programa no lo es.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
