Cada mañana, cada quince días ( de acuerdo al pulso político), puntual como el fracaso institucional, el secretario Omar García Harfuch comparece ante las cámaras para repetir una cifra que se ha convertido en el mantra de una administración que confunde el anuncio con el logro: 49% de reducción en homicidios dolosos.
El número suena contundente, técnico, irrefutable.
El problema es que fuera del salón de conferencias, México sangra con una regularidad que ninguna estadística institucional parece capaz de recoger honestamente.
La pregunta no es menor: ¿qué metodología, qué línea de tiempo, qué recorte temporal conveniente se está utilizando para producir ese porcentaje?
En materia de estadística criminal, el diablo vive en el denominador. Elegir un mes o un periodo particularmente violento como punto de partida de la comparación permite fabricar cualquier reducción que políticamente se desee mostrar.
Es un truco tan viejo como la política misma, y en México se ha elevado a técnica de Estado.
No es un error técnico: es una decisión.
Lo que documenta la prensa local en Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Colima o Sinaloa es cualitativamente incompatible con lo que se presenta en el podio presidencial.
Cuerpos, desplazamientos forzados masivos, extorsión sistémica, bloqueos carreteros, municipios bajo control fáctico del crimen organizado: esa es la cartografía real de la violencia en México.
Las fiscalías estatales —muchas con sistemas de registro fragmentados, capturados o directamente cooptados por intereses locales— son la fuente principal de los datos que alimentan el tablero nacional.
Fiar la narrativa de seguridad pública a esos registros sin auditoría independiente no es política pública: es fe ciega o, peor, cálculo político deliberado.
La prensa regional, con todas sus limitaciones estructurales y los riesgos personales que enfrenta —algunos de sus periodistas han pagado con la vida la osadía de informar— contradice sistemáticamente la versión oficial. Eso no es anecdótico ni marginal. Es un patrón sostenido.
Y los patrones, en análisis criminal riguroso, tienen peso evidencial que ninguna conferencia matutina puede desestimar impunemente.
Construir la legitimidad de una política de seguridad sobre cifras sospechosas tiene un costo que no se paga hoy, pero se cobra con intereses compuestos.
Cuando la brecha entre el discurso oficial y la percepción ciudadana se vuelve insostenible, la confianza institucional colapsa de manera terminal.
En México, donde esa confianza ya exhibe fracturas estructurales profundas, ese costo puede materializarse como ingobernabilidad.
García Harfuch no es el primer funcionario en incurrir en esta práctica.
Pero sí carga con una responsabilidad diferenciada: su historial operativo y la expectativa que generó le ofrecían una oportunidad genuinamente distinta.
Elegir el camino del indicador cosmético sobre el diagnóstico honesto es una traición a esa expectativa y, sobre todo, una renuncia al único instrumento que puede transformar la seguridad de raíz: el conocimiento real y verificable del problema.
La solución no es compleja en su arquitectura; es difícil en su voluntad política.
Primero: México necesita un sistema nacional de registro homicida con auditoría externa independiente, con participación verificada de organismos académicos especializados y organizaciones civiles.
Segundo: el INEGI debe recuperar y ampliar su rol como generador autónomo de estadística criminal, con capacidad real de contrastación territorial y publicación sin intermediación gubernamental.
Tercero: la metodología con la que se calculan las variaciones porcentuales en delitos de alto impacto debe ser pública, estandarizada y sometida a revisión por pares académicos calificados.
Cuarto: las fiscalías estatales deben ser objeto de evaluaciones periódicas obligatorias de calidad de registro, vinculadas estructuralmente a transferencias presupuestales; sin incentivos reales, el subregistro seguirá siendo funcional para todos los actores que se benefician de él.
Quinto: el Congreso debe legislar para que los informes de seguridad del Ejecutivo incluyan notas metodológicas verificables y respondan a preguntas técnicas específicas ante organismos supervisores, no solamente a narrativas de logro ante periodistas.
México no cabe en la estadística que García Harfuch presenta.
No cabe el municipio sitiado, ni la familia desplazada, ni el comerciante extorsionado, ni el periodista ejecutado. No caben los cuerpos que no fueron clasificados como homicidios dolosos porque el sistema de registro —deliberada o estructuralmente— los contó de otra forma.
El Estado mexicano tiene la obligación de informar con verdad.
No porque sea elegante ni moralmente conveniente, sino porque sin diagnóstico honesto no existe política posible, viable ni legítima.
La seguridad no se mejora con gráficas de tendencia fabricadas a conveniencia electoral: se mejora con inteligencia criminal real, con instituciones que funcionen con independencia y con un gobierno que soporte el peso de sus propias cifras verídicas.
El 49% puede ser un número. La pregunta es si representa algo real. Y hoy, en México, esa pregunta sigue sin una respuesta que el gobierno esté dispuesto a dar.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
