Pero México ya no vive ese escenario.
Lo que hoy padece el país es cualitativamente diferente: economías criminales consolidadas con capacidad de reproducción autónoma, control territorial armado que sustituye funciones estatales, gobernanza criminal que regula mercados, cobra impuestos ilegales, administra justicia paralela y recluta fuerza laboral.
Ninguno de esos fenómenos aparece nombrado con la claridad y profundidad que exige su magnitud.
El programa no reconoce que en múltiples regiones del país el Estado mexicano ya no compite contra delincuentes: compite contra estructuras paraestatales.
Esa diferencia no es semántica. Es estratégica.
Y omitirla invalida cualquier arquitectura preventiva que se construya sobre ese silencio.
La ficción de la prevención sin territorio
El segundo error estructural del programa es suponer que los municipios son plataformas institucionales funcionales sobre las cuales puede desplegarse prevención social.
No lo son.
Y el documento lo sabe, o debería saberlo, porque los datos son públicos, reiterados y alarmantes.
La mayoría de los municipios mexicanos carece de capacidad financiera para sostener una política preventiva de cualquier tipo.
Muchos no tienen policía operativa. Otros —y esto el programa evita decirlo con todas sus letras— están infiltrados o directamente subordinados a dinámicas criminales regionales.
En Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato y Morelos, hablar de prevención comunitaria en ciertos municipios es hablar de una ficción administrativa que consume recursos sin producir resultados.
El programa no responde —porque no puede responder dentro de su propia lógica— preguntas fundamentales:
¿Cómo se opera prevención en territorios bajo control criminal?
¿Cómo se protege a un promotor comunitario en un municipio donde el crimen organizado controla el acceso a las colonias?
¿Cómo se evita que liderazgos sociales sean asesinados o cooptados?
¿Cómo se blindan los programas sociales de la infiltración criminal que convierte transferencias públicas en instrumentos de legitimación delincuencial?
Proponer prevención sin control territorial estatal no es política pública: es narrativa institucional con presupuesto.
