Hay una verdad incómoda que los discursos oficiales evitan con maestría quirúrgica: en México, el sistema de seguridad pública y el de procuración de justicia no fallaron.
Funcionan exactamente como fueron diseñados para funcionar. No para proteger al ciudadano. No para perseguir el delito.
Sino para servir al político en turno, consolidar cuotas de poder y, en los casos más graves —que no son la excepción— para operar en convivencia funcional con las estructuras del crimen organizado.
Llamarlo fracaso institucional es un eufemismo cómodo.
Lo que tenemos es una captura deliberada, sistemática y transexenal o transtrienal (en el caso de los municipios) de los aparatos de seguridad y justicia.
Una captura que beneficia a quienes tienen las llaves del nombramiento, del presupuesto y del silencio.
El mecanismo es tan simple como devastador: los mandos policiales y los titulares de fiscalías no llegan a sus cargos por mérito, trayectoria o capacidad operativa.
Llegan porque son leales. Porque son útiles. Porque representan el equilibrio entre facciones políticas que se reparten el aparato del Estado como si fuera un botín de campaña.
Un comisario que debe su cargo a un gobernador o al presidente municipal no investiga al mandatario. Un fiscal designado por cuotas partidistas no persigue al partido.
Y la tropa, que observa cómo el mérito no importa y la lealtad política sí, aprende la única lección que el sistema le enseña con consistencia: alinearse o marginarse.
La consecuencia es un ecosistema institucional donde la eficacia operativa es irrelevante y donde la evaluación del desempeño es, en el mejor de los casos, un trámite burocrático.
Los Centros de Evaluación y Control de Confianza —CECC o C3— existen en el papel, aplican exámenes, emiten dictámenes. Pero cuando el mando político decide que un elemento "reprobado" debe permanecer, permanece.
El sistema de control de confianza se convierte en otro mecanismo de simulación institucional.
El caso de las fiscalías estatales merece capítulo aparte.
Diseñadas para ser autónomas, en la práctica son dependencias de facto de los ejecutivos locales. En ellas aterrizan funcionarios que no caben en otros espacios de gobierno, operadores políticos sin vocación ministerial, militantes sin perfil pero con necesidad de plaza.
La investigación criminal —disciplina que exige formación especializada, vocación y continuidad— queda en manos de quienes llegaron al cargo como premio de consolación.
El resultado está en los números que el propio Estado produce: tasas de impunidad que rondan el 95%, carpetas de investigación que se abren para cerrarse sin resolución, víctimas que aprenden que denunciar es un ejercicio inútil y en ocasiones peligroso.
La cifra negra del delito —ese universo de crímenes que nunca se reportan— no es un fenómeno cultural. Es la respuesta racional de una ciudadanía que ya no confía en la institución que debería protegerla.
La solución no es cosmética ni coyuntural. Requiere voluntad política real —que hoy no existe— y rediseño estructural sostenido. Concretamente:
Primero, establecer un servicio civil de carrera policial y ministerial blindado CONSTITUCIONALMENTE, con criterios técnicos de ingreso, permanencia y promoción que no puedan ser modificados por decreto ejecutivo ni por acuerdo político. Los nombramientos de mandos deben ser validados por comités ciudadanos (no amigos de los mandatarios en turno, ya sean gobernadores o alcaldes), participación académica acreditada en seguridad y de organismos internacionales.
Segundo, crear un órgano nacional de evaluación de mandos policiales y fiscales, independiente de los ejecutivos federal y estatal, con facultades vinculantes para remover, sancionar y —crítico— para vetar nuevos nombramientos cuando exista conflicto de interés documentado.
Tercero, profesionalizar las fiscalías mediante un sistema de carrera ministerial con certificación periódica, formación continua obligatoria en criminalística, derecho penal y derechos humanos, y mecanismos de protección al agente del ministerio público que investiga casos sensibles.
Cuarto, transparentar el gasto en seguridad mediante auditorías ciudadanas en tiempo real, vinculadas a resultados medibles: tasa de esclarecimiento de delitos, tiempo de respuesta, satisfacción de víctimas. Sin resultados verificables, sin presupuesto.
La narrativa internacional ya nos nombra.
Think tanks, agencias de inteligencia extranjeras y organismos multilaterales utilizan el término con creciente precisión: narcoestado.
No como insulto, sino como descripción funcional de un Estado cuyas instituciones de seguridad han sido penetradas, negociadas o francamente cooptadas por empresas criminales.
Mientras los gobiernos federal, estatales y municipales sigan administrando la inseguridad en lugar de combatirla, mientras los nombramientos en seguridad y justicia sigan siendo moneda de cambio político, y mientras no exista un mecanismo real de rendición de cuentas con consecuencias tangibles, México seguirá profundizando una crisis que ya no es solo de seguridad pública: es una crisis de viabilidad institucional.
El diagnóstico está hecho.
Las soluciones existen.
Lo que falta —y es lo más escaso en este país— es la voluntad política de quien gobierna para dejar de ser parte del problema.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
