Había una época en que los mexicanos veían telenovelas de Telemundo con cierta distancia irónica.
Tramas de narcoPolíticos, alcaldes cómplices, generales corruptos y jóvenes seducidos por el dinero fácil y la cultura del "ya valió". Se decía: "eso es ficción gringa para el mercado latino". Nadie quiso admitir que era un documental anticipado.
Hoy, la realidad mexicana no solo alcanzó ese guion de televisión por cable: lo superó en brutalidad, en escala, en profundidad institucional y en la velocidad con que se normaliza.
El problema ya no es que exista el fenómeno.
El problema es que el Estado mexicano carece de capacidad real —no retórica— para desmontarlo.
Lo que estamos viendo no es una crisis de seguridad convencional.
Es la consolidación de una gobernanza criminal paralela que opera con lógica de Estado: recauda, imparte justicia a su manera, recluta, premia la lealtad y castiga la disidencia. Y lo hace con una narrativa cultural seductora que el gobierno federal no ha podido —ni ha sabido— contrarrestar.
El reclutamiento criminal no se hace hoy solo con amenazas. Se hace con aspiraciones.
El narco ofrece lo que el Estado nunca garantizó: certeza de ingreso, pertenencia social, identidad y reconocimiento. Los corridos tumbados, la estética del "buen vivir criminal", las redes sociales saturadas de personajes que ostentan lo que la política social promete en sexenios y nunca entrega en resultados concretos, constituyen un sistema de valores alternativos perfectamente articulado.
Frente a eso, la narrativa gubernamental de bienestar —basada en transferencias monetarias directas, pensiones y becas— resulta estructuralmente insuficiente.
No porque el apoyo social sea malo en sí mismo, sino porque no construye ciudadanía, no genera identidad institucional, no produce apego al Estado de derecho.
Compra tiempo, no transforma realidades.
Un joven de 17 años en Culiacán, en Apatzingán o en Ecatepec no elige entre una beca y un cartel: elige entre dos proyectos de vida, y uno de ellos lleva camioneta del año.
El escándalo más grave no es la violencia visible.
Es la gobernanza criminal que opera desde adentro de las instituciones. Presidencias municipales donde el alcalde negocia la paz territorial con el grupo dominante. Corporaciones policiales donde el mando medio es el enlace operativo del crimen organizado. Fiscalías donde la carpeta de investigación se archiva antes de abrirse.
Esto no es especulación: es el patrón documentado en decenas de municipios, confirmado por sentencias, por testimonios protegidos y por la geografía misma de la impunidad.
El actual gobierno federal ha optado por una estrategia que podría llamarse de "convivencia administrada": no confrontación directa, despliegue militar como sustituto de política de seguridad y discurso de paz como cortina frente a la ausencia de resultados estructurales.
La Guardia Nacional, convertida en cuerpo militarizado sin doctrina policial civil consolidada, no resuelve el problema de fondo: la ausencia total de capacidades de investigación criminal, inteligencia operativa territorial y persecución penal efectiva.
El problema tiene solución, pero requiere honestidad política que hoy escasea.
Primero: reconstrucción real de las policías municipales y estatales, con estándares nacionales de formación, evaluación de control de confianza con dientes legales y blindaje institucional contra la infiltración criminal. No más simulación del Bienestar ni sustitutos cosméticos.
Segundo: política cultural contrahegemónica activa, financiada, con presencia en los mismos espacios donde opera la narrativa criminal: plataformas digitales, música, contenidos juveniles. El Estado no puede seguir siendo analfabeta cultural frente a un adversario que domina el algoritmo.
Tercero: fiscalías autónomas reales, con presupuesto blindado, carrera ministerial profesional y métricas de eficiencia basadas en sentencias condenatorias, no en carpetas abiertas.
Cuarto: inteligencia territorial civil, desvinculada del modelo militar y politiquero, con capacidad de mapeo de economías criminales locales y seguimiento patrimonial de operadores políticos de mediano rango.
Quinto: política de prevención con anclaje comunitario, que no sea solo transferencia de dinero sino construcción de proyectos de vida con acompañamiento real: deporte, arte, formación técnica y, sobre todo, presencia del Estado como entidad confiable y no solo como extractora de impuestos o repartidora de despensas.
Las telenovelas de Telemundo terminaban. México no tiene botón de apagado.
Mientras el Estado siga siendo incapaz de ofrecer una narrativa de vida más poderosa que la del narco, mientras la impunidad estructural garantice que el crimen organizado sea más predecible que la justicia, y mientras la política de seguridad se diseñe para el discurso y no para el resultado, esta historia seguirá transmitiéndose en vivo, en todos los canales, sin cortes comerciales.
La pregunta no es si México puede salir de esta telenovela.
La pregunta es si quienes gobiernan tienen la voluntad política real de cambiar el guion. Hasta ahora, la respuesta está en pantalla para quien quiera verla.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
