La base de la acusación estadounidense son los testimonios orales de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán, hijos de "El Chapo", que señalan directamente a Rocha Moya como receptor de sobornos, y en el sistema judicial norteamericano ese tipo de testimonio tiene un peso probatorio considerable.
Esto no es una filtración política arbitraria: es el resultado de años de cooperación de inteligencia, de infiltración y de trabajo operativo.
De la misma inteligencia que México recibe y agradece cuando le ayuda a detener capos, pero que rechaza cuando apunta hacia su propio aparato de gobierno.
El patrón que nadie quiere ver en el espejo
El caso Rocha Moya no es una anomalía. Es la continuación de un patrón estructural que atraviesa sexenios, partidos y gobiernos.
De García Luna condenado a 38 años en una prisión federal estadounidense por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a Yarrington deportado a México tras cumplir condena en Estados Unidos, pasando por Eugenio Hernández, con extradición solicitada desde 2018 y aún sin concretar, o Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit que protegió al CJNG, el patrón que se observa revela un ciclo donde exgobernadores y altos funcionarios operaron en la frontera difusa entre el Estado y el crimen organizado.
La cooperación bilateral México-Estados Unidos arrastra un pecado original: nació como respuesta a las prioridades estadounidenses, no mexicanas. Desde la Iniciativa Mérida en 2007, el esquema ha sido consistente: Estados Unidos identifica una amenaza a su seguridad nacional, México se convierte en el territorio donde debe contenerse esa amenaza.
Y mientras eso ocurre, los datos del INEGI confirman un promedio de ochenta asesinatos diarios en el primer semestre de 2026, y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reporta que el treinta y cuatro por ciento de la población considera que la situación seguirá igual de mal.
