Existe un arte muy mexicano, perfeccionado por décadas de simulación institucional: cuando no hay respuesta, se convoca al símbolo.
Cuando la estrategia colapsa, aparece la bandera. Cuando las instituciones se pudren desde adentro, se invoca a los héroes de bronce.
Lo que hoy ocurre en el escenario político nacional no es novedad histórica, pero sí alcanza niveles de cinismo que exigen nombrarse sin eufemismos ni cortesías diplomáticas: el nacionalismo patriotero se ha convertido en el instrumento predilecto de contención ante el fracaso sistemático, documentado e inocultable de las políticas de seguridad, relaciones exteriores y procuración de justicia en México.
Grupos musicales convocados con recursos públicos, reivindicaciones históricas arrancadas de su contexto y rearmadas al servicio de la coyuntura, la figura de Hernán Cortés reinterpretada con una visión que hubiera avergonzado a cualquier historiador serio, el escudo de la soberanía agitado frenéticamente frente a cada cuestionamiento legítimo que llega desde afuera.
Todo ello conforma un arsenal retórico meticulosamente construido que no resuelve un solo homicidio, no localiza a un solo desaparecido, no desmantela una sola célula criminal y no repara ni un milímetro del tejido institucional que este país lleva décadas deshilachando.
Es un gobierno que ha aprendido a gobernar el relato mientras abandona el territorio.
El problema más profundo de este discurso no es su torpeza política, aunque es monumental, sino su falsedad estructural.
La soberanía, concepto jurídico y político de altísima precisión técnica, se invoca como talismán frente a presiones externas, como si nombrarla bastara para materializarla.
Pero hay una pregunta que el gobierno mexicano nunca responde, que esquiva sistemáticamente en cada conferencia mañanera, en cada declaración de cancillería y en cada evento de plaza pública: ¿dónde está esa soberanía dentro del propio territorio nacional?
Los centros de reclusión del país son, en términos operativos reales, territorios donde el Estado mexicano no ejerce autoridad efectiva.
Las organizaciones criminales administran módulos completos, regulan economías internas, coordinan operaciones delictivas desde el interior hacia el exterior, y establecen códigos de disciplina propios que sustituyen al reglamento penitenciario oficial. No es retórica ni exageración: es una realidad documentada reiteradamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU y por diagnósticos técnicos del propio sistema penitenciario nacional que el gobierno recibe, archiva y deliberadamente ignora.
Y los penales son apenas la metáfora más concentrada de un problema territorial vastísimo.
Hay municipios enteros de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas y Zacatecas donde el Estado mexicano es una abstracción jurídica inscrita en el Diario Oficial de la Federación, no una presencia real, no una institución que opere, no una autoridad que se haga sentir.
En esas geografías, la soberanía que el gobierno agita en sus mítines es simplemente inexistente. Los grupos criminales cobran impuestos, administran justicia, regulan el comercio y deciden quién vive y quién muere.
Eso no es soberanía disputada: es soberanía cedida, abandonada, entregada por omisión y por conveniencia política.
En el ámbito específico de la crisis diplomática con Estados Unidos, la retórica soberanista alcanza su expresión más dañina y más deshonesta.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, vigente desde 1980, establece con una claridad que no admite interpretaciones creativas los supuestos, procedimientos y obligaciones de ambas partes.
No existe ambigüedad jurídica real que justifique la narrativa heroica del "no nos doblaremos". La norma convencional obliga a ambos estados con independencia de quién gobierne, de qué bandera se agite y de qué corrido suene en el acto oficial siguiente.
Invocar la soberanía para evadir compromisos convencionales pactados libremente no es jurisprudencia: es lo que la teoría del derecho identifica como "derecho militante", es decir, la utilización del lenguaje jurídico no para aplicar la norma sino para subvertirla al servicio de una agenda política que no puede sostenerse en términos técnicos.
Las consecuencias de esta postura no son abstractas ni académicas: se traducen en deterioro profundo de la cooperación en inteligencia criminal, en el congelamiento progresivo de mecanismos de asistencia jurídica mutua y, en última instancia, en mayor impunidad operativa para estructuras criminales transnacionales que se mueven con precisión y rapidez exactamente en los intersticios que el discurso patriotero deja sin atender, sin recursos y sin estrategia.
Lo que este gobierno ha perfeccionado no es una política de seguridad: es una doctrina de administración del escándalo.
Cada vez que la presión externa se intensifica, cada vez que las cifras de violencia resultan indefendibles, cada vez que la comunidad internacional o la prensa especializada documentan el nivel de penetración criminal en las instituciones del Estado mexicano, la respuesta es siempre la misma: elevar la temperatura del discurso nacionalista hasta que el debate se desplace del fondo a la forma, de los muertos a los símbolos, de la impunidad a la soberanía herida.
Es una operación política de distracción que funciona porque encuentra audiencias dispuestas a recibirla, porque activa resortes identitarios legítimos y los instrumentaliza, porque convierte la crítica técnica en traición y al crítico en vendepatrias.
El mecanismo es tan viejo como la demagogia misma, pero su aplicación sistemática en un contexto de crisis de seguridad de esta magnitud tiene un costo que se mide en vidas, en instituciones destruidas y en años de rezago que México difícilmente podrá recuperar en el corto plazo.
Ningún corrido financiado con erario, ningún evento masivo de identidad nacional, ninguna estatua derrumbada o reivindicada ha reducido un solo punto la tasa de homicidios en México. Ningún discurso soberanista ha encontrado a un desaparecido.
Ninguna reivindicación de Hernán Cortés o de cualquier figura histórica ha desmantelado una plaza criminal, ha depurado una corporación policial o ha fortalecido una fiscalía.
El simbolismo puede nutrir la identidad colectiva en contextos de estabilidad institucional; en contextos de colapso como el actual, es simplemente un lujo que se paga con sangre ajena.
El gobierno que confunde el mitin con la gestión, el símbolo con la estrategia y la retórica con la política pública no está gobernando: está actuando para una audiencia.
Y ese es un privilegio que México, con más de 30,000 homicidios anuales, cientos de miles de desaparecidos y un sistema de justicia que opera con tasas de impunidad superiores al 90%, ha dejado de poder costear hace mucho tiempo.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
