Hay documentos que no se publican para informar. Se publican para advertir.
La estrategia antiterrorista del gobierno estadounidense, presentada bajo la lógica del "America First", es uno de ellos.
Su lectura no deja margen para la ingenuidad diplomática: Estados Unidos ha redefinido el tablero de seguridad hemisférica y México ocupa, quiéralo o no, un lugar central en ese nuevo mapa.
No como socio. Como problema.
El paradigma ha cambiado.
Washington abandonó la contención para adoptar una doctrina de destrucción activa de amenazas, con capacidad de acción extraterritorial explícitamente reconocida. El documento es claro al establecer que Estados Unidos actuará incluso cuando los gobiernos locales "no puedan o no quieran" cooperar.
Traducido al español cotidiano y sin eufemismos: si México no actúa, Washington actuará en México. Eso tiene nombre en el derecho internacional. Se llama intervención.
Y tiene antecedentes históricos que este país conoce muy bien.
El corazón del problema reside en la reconfiguración del estatus jurídico y estratégico de los carteles mexicanos.
Al equipararlos formalmente a organizaciones terroristas extranjeras —las llamadas FTOs por sus siglas en inglés—, el documento borra de un plumazo la narrativa de "delincuencia organizada" que México ha sostenido durante décadas como escudo conceptual y como argumento para preservar el control exclusivo sobre su política interior de seguridad.
Esta redefinición no es semántica. Es doctrinal.
Convierte al territorio mexicano en lo que el propio análisis denomina un "teatro de operaciones de terrorismo internacional". Con esa etiqueta encima, se abren puertas que México tardó generaciones en cerrar: intervención extranjera, operaciones unilaterales, uso de fuerza militar directa.
El margen de soberanía se vuelve papel mojado si la contraparte decide que la amenaza justifica la acción.
Y la doctrina estadounidense ya decidió que sí la justifica.
Lo más grave no es la amenaza en sí.
Lo más grave es que el Estado mexicano llegó a esta coyuntura sin haber construido una respuesta institucional seria, sin una política de seguridad nacional coherente, y con una clase política demasiado ocupada en sus propios escándalos de narcopolítica para advertir que el contexto bilateral se transformó de manera estructural.
Si hay un elemento que eleva el riesgo de México a niveles de alarma máxima, es la equiparación del fentanilo con un arma de destrucción masiva.
Este encuadre no es retórico.
Tiene consecuencias operativas directas: justifica medidas extraordinarias, habilita la persecución internacional de cadenas productivas, y coloca a los puertos mexicanos, la industria química nacional y el comercio con Asia bajo vigilancia estratégica global.
México se convierte así en eslabón crítico de una cadena que Washington ha decidido romper por la fuerza si es necesario.
Y la pregunta que nadie en el gabinete de seguridad parece hacerse con urgencia es: ¿qué capacidad tiene México para demostrar que no es cómplice, sino víctima?
Porque la doctrina hemisférica ya contempla el escenario de "colusión Estado-crimen" como causal de intervención. Basta con que Washington lo perciba así para que el argumento se active.
La respuesta no puede seguir siendo el discurso de la soberanía sin músculo real que lo respalde.
Hay propuestas concretas que el Estado mexicano debe asumir con urgencia si pretende mantener algún margen de maniobra.
Primero, México necesita reformular su política de seguridad nacional bajo una lógica que reconozca el crimen organizado como amenaza geopolítica, no solo policial. La Guardia Nacional, tal como opera, no está diseñada ni equipada para responder a esa escala. Se requiere una inteligencia criminal robusta, con capacidad real de investigación patrimonial, de redes y de estructuras, no solo de captura mediática.
Segundo, el país debe construir una estrategia diplomática activa frente a Washington, no reactiva. Eso significa sentarse a negociar los términos de la cooperación bilateral en seguridad antes de que la agenda la imponga unilateralmente el Pentágono o la DEA. La diplomacia coercitiva funciona cuando el otro lado no tiene respuesta. México debe tener respuesta.
Tercero, y acaso lo más urgente: México debe limpiar su propia casa. Mientras persista la penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales, cualquier argumento de soberanía es una declaración sin credibilidad. La narcopolítica no es solo un escándalo interno; es el argumento perfecto que legitima la intervención extranjera ante la comunidad internacional.
No estamos ante una crisis coyuntural.
Estamos ante un cambio doctrinal que llegó para quedarse. El margen de maniobra del Estado mexicano se reduce cada día que pasa sin una política de seguridad nacional seria, coherente y valiente.
Washington ya definió el problema.
La pregunta es si México tendrá la capacidad institucional y la voluntad política de definir también su propia solución, antes de que alguien más lo haga por él.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
