En Washington ya dejaron de hablar entre dientes. Donald Trump acusa que los cárteles controlan buena parte de México, advierte que combatirá al narcotráfico aunque el gobierno de Sheinbaum no coopere, y el fiscal Todd Blanche anticipa más acusaciones contra políticos de Morena vinculados con el crimen organizado. El caso Rocha Moya no cerró una crisis, la abrió.
¿Quién sigue?
Morena puede gritar soberanía, persecución o montaje. Pero cada expediente apunta en la misma dirección, la del grupo político en el poder. La explicación ya no cabe en la palabra coincidencia.
@JTrianaT
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Sinaloa fue el primer golpe visible. Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de su círculo de pactar con Los Chapitos para ganar la elección de 2021 mediante violencia, sobornos y protección institucional, a cambio de entregar el control del estado al cártel.
Alrededor del caso Sinaloa aparecen elementos explosivos. La investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa abierta desde aquella reunión que, según Ismael “El Mayo” Zambada, sostendría con Rocha Moya el día en que fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos. La propia FGR acusó a las autoridades estatales de construir un montaje para entorpecer las investigaciones y alterar la narrativa de los hechos. Ahí están también las declaraciones de Yoselín Hernández, fundadora de Morena, quien asegura haber presenciado la entrega de maletas con dinero provenientes del Chapo Isidro para las campañas de Morena en la entidad, entregadas personalmente por Mario Delgado y Américo Villarreal.
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Casos e indicios sobran. La pregunta no es si habrá más acusaciones. La pregunta es: ¿quién sigue?
En Baja California, Marina del Pilar Ávila arrastra el escándalo por la cancelación de su visa y la de su exesposo, señalado en investigaciones por huachicol, lavado de dinero y nexos criminales. Además, al menos cinco figuras del morenismo estatal, entre alcaldes, legisladores y operadores políticos, enfrentan bloqueo de cuentas, retiro de visas o indagatorias abiertas por posibles vínculos con el narco.
En Tamaulipas, Américo Villarreal carga con una madeja todavía más pesada. Su nombre aparece ligado al ecosistema político de Sergio Carmona, el Rey del Huachicol. También existen denuncias por la operación electoral de la columna armada Pedro J. Méndez a favor de Morena y señalamientos por el nombramiento de Juan Pablo Penilla, abogado de El Mayo y de El Z40, como asesor del gobierno estatal. Tampoco puede olvidarse aquella reunión en la que Américo aparece sonriente en fotografías junto al Jerry, operador del Cártel del Noreste.
Tabasco es quizá, por lo que implica, el caso más delicado. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en la entidad y amigo cercano de Adán Augusto López, está preso por fundar y encabezar La Barredora, una estructura criminal creada desde las entrañas del gobierno estatal y dedicada al narcotráfico, la extorsión y el robo de combustible. Las investigaciones avanzaron de Bermúdez hacia abajo, pero no hacia arriba. Y no lo hacen porque inevitablemente tocarían a Adán Augusto, el favorito de Andrés.
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En Michoacán, Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo y hoy alcaldesa de Uruapan, solicitó formalmente que se investigue a políticos morenistas como el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy y el exalcalde Ignacio Campos por el homicidio de su esposo. La sombra del Cártel Jalisco aparece alrededor del atentado, mientras el entorno de Alfredo Ramírez Bedolla acumula señalamientos por presuntos vínculos con la Familia Michoacana.
A esa ruta se suma el huachicol fiscal, el quebranto más grande en la historia moderna de México. La investigación apunta a una red integrada por marinos, funcionarios de aduanas, lavado de dinero y contrabando de combustible. Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, fue aprehendido recientemente en Argentina, mientras s u hermano Roberto sigue detenido y con imputaciones graves. Alrededor del caso permanecen sin esclarecerse al menos ocho asesinatos.
También está Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de López Obrador. La empresa es señalada desde Estados Unidos por servir como vehículo financiero del Cártel de Sinaloa para lavar dinero, mover recursos destinados al pago de sobornos y facilitar la importación de precursores de fentanilo.
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La lista alcanza a la CATEM, sindicato encabezado por Pedro Haces, vicecoordinador de Morena en San Lázaro. La captura de Édgar Rodríguez, El Limones, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Durango, puso bajo presión a esa estructura sindical. Haces se deslindó, pero las fotografías, los nombramientos y los señalamientos públicos no dejan lugar a dudas.
El caso del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, no puede leerse como “quién sigue”, porque él ya cayó. Debe entenderse como antecedente. Fue detenido por encabezar desde el gobierno municipal una red de extorsión al servicio del Cártel Jalisco. Es decir, el modelo ya existe: ganar el poder, usar la autoridad local, cobrar, amenazar y ponerse al servicio del crimen.
Hay otro elemento que ya no puede ignorarse. En varios de estos casos emergen nombres de personajes cercanos con Andy López Beltrán, con sus hermanos y con El Clan, una estructura de familiares, amigos y empresarios con enorme influencia dentro de Morena y del gobierno. Las sospechas se acercan peligrosamente al entorno más íntimo del expresidente.
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Morena puede gritar soberanía, persecución o montaje. El problema es que cada expediente apunta en la misma dirección, la del grupo político en el poder. La explicación ya no cabe en la palabra coincidencia.
En México todos saben que hay nombres esperando turno. La pregunta vuelve al inicio: ¿quién sigue? Y aunque Claudia Sheinbaum quiera fingir sorpresa y defender lo indefendible, el país ya entendió que cuando el crimen se sienta en la mesa del gobierno, el partido que lo invitó a comer termina pagando la cuenta.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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