Durante décadas, el lenguaje jurídico ha sido visto como una barrera técnica necesaria, pero hoy, cada vez más voces dentro y fuera del Poder Judicial impulsan un cambio hacia lo que se conoce como “lenguaje sencillo” o “lenguaje ciudadano”; sin embargo, en México, un país donde el acceso a la justicia sigue siendo un desafío para millones de personas, una pregunta incómoda comienza a ganar fuerza: ¿de qué sirve una sentencia si nadie la entiende?
La justicia que sí se entiende
En México, un país donde el acceso a la justicia sigue siendo un desafío para millones de personas, una pregunta incómoda comienza a ganar fuerza: ¿de qué sirve una sentencia si nadie la entiende?
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En efecto, la sentencia debe entenderse como el documento final, aquella decisión de la persona juzgadora que resuelve el problema jurídico que le presentaste, pero el sistema de justicia nacional requiere de una transformación profunda en la manera en que se redactan las resoluciones judiciales (argumentación e interpretación jurídicas). El objetivo debe ser claro: que cualquier persona, sin formación en derecho, pueda comprender qué decidió una persona juzgadora, por qué lo decidió y cuáles son sus efectos.
Hasta la fecha, pero ya en menor medida, las sentencias han estado plagadas de tecnicismos, latinismos y estructuras complejas que dificultan su lectura y también es importante, que no solo depende de la estructura de la sentencia, sino de las propias demandas, las que tampoco tienen un lenguaje sencillo y así, el lenguaje que se emplea, además de generar confusión, produce desconfianza, pues es lógico que cuando una persona no entiende una resolución que impacta directamente en su vida, la percepción de justicia se debilita.
El movimiento por el lenguaje sencillo propone sustituir la complejidad innecesaria por claridad, precisión y cercanía. No implica simplificar el derecho, sino explicarlo mejor. Es decir, no se trata de emplear modelos o plantillas, sino utilizar una versión clara, breve, accesible, única, en la que necesariamente, se deberá tomar en cuenta, respecto de las partes en conflicto, las edades, instrucción académica, ocupación, ideología, creencias, entre otros aspectos.
Este tipo de redacción no solo facilita la comprensión, sino que humaniza la función judicial, además que el acceso a la justicia no se limita a poder acudir a un tribunal, sino también a entender sus decisiones; de ahí que, el lenguaje claro se convierte en un componente del debido proceso y del derecho a la información y más si tomamos en cuenta que el lenguaje construye realidades. En el ámbito judicial, puede ser un puente o un muro, por lo que, deberíamos apostar por sentencias en lenguaje sencillo, lo que nos ayudará a tener una justicia más cercana, más transparente y, sobre todo, más humana.
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Asimismo, estimo que es importante señalar que la sentencia con lenguaje ciudadano se dirige a la ciudadanía en general, buscando que cualquier persona pueda entender el contenido de la determinación de la persona juzgadora, pero, por su parte, la sentencia de lectura fácil está diseñada específicamente para personas que tienen dificultades de comprensión lectora, ya sea por tener una discapacidad intelectual o por no ser hablantes de una lengua; no obstante, ambas alternativas permiten, como se indicó, acercar la justicia a la ciudadanía en general y dar soluciones de un mejor entendimiento jurídico.
Finalmente, debemos entender que los tiempos sociales evolucionan y como personas juzgadoras debemos adaptarnos y transitar a una justicia cercana, lo que implica la aplicación de sentencias de lectura más sencilla y accesible, con lenguaje llano, con un número mínimo de cuartillas y que se emitirán según las particularidades de las partes.
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Nota del editor: Francisco Aja García es Doctor en Derecho. Síguelo en todas las redes sociales como @SoyFcoAja Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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