Hay verdades que los números dicen con una brutalidad que ningún funcionario se atrevería a pronunciar en un micrófono.
La Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2025, levantada por el Inegi entre septiembre y octubre del año pasado y publicada apenas en abril de este 2026, es uno de esos documentos que deberían provocar vergüenza institucional y, en cambio, apenas generan un comunicado de prensa.
Según sus datos, el 75.4% de los mexicanos mayores de 18 años señaló que la delincuencia, la violencia y la inseguridad es el problema más importante del país.
No la inflación, no el desempleo: la inseguridad.
Y sin embargo, la confianza en la policía preventiva municipal —la institución que en teoría es la primera respuesta del Estado ante ese problema— apenas alcanza el 45.5%. Treinta puntos de distancia entre la demanda y quien debe satisfacerla.
Eso no es una brecha de percepción. Es un abismo institucional.
El dato más elocuente —y más incómodo— de la ENCOAP 2025 no es la desconfianza en la policía.
Es la confianza en las Fuerzas Armadas: 75.9% de la población les otorga un nivel alto o moderadamente alto de credibilidad. La Guardia Nacional, su extensión operativa con vocación federal, alcanza el 61%.
La policía estatal, 46.9%. La municipal, 45.5%. El descenso es lineal, predecible y devastador: a medida que la institución se acerca al ciudadano, pierde su confianza.
Este no es un fenómeno cultural pasajero.
Es la consecuencia directa de décadas de abandono deliberado del modelo de policía civil, combinado con la decisión política de sustituir esa carencia con músculo militar. El Ejército inspira porque el Estado lo ha mantenido como institución; la policía municipal desconfía porque el Estado la ha dejado pudrir.
Militarizar la seguridad pública no es una política; es una confesión de fracaso.
Si los datos sobre confianza incomodan, los de integridad directamente escandalizan. El 84.9% de los encuestados consideró probable que un servidor público acepte dinero para acelerar un trámite o servicio. El 82.4% estimó probable que un representante electo acepte una oferta laboral bien remunerada en el sector privado a cambio de un favor político.
Estos no son porcentajes de desconfianza difusa. Son probabilidades asignadas a conductas concretas, cotidianas y sistémicas.
Cuando casi nueve de cada diez ciudadanos esperan que el funcionario se corrompido, la corrupción ha dejado de ser una patología del sistema y se ha convertido en su lógica operativa.
En el ámbito de la seguridad y la justicia esto es devastador: significa que el ministerio público, el juez, el agente de calle, el mando policial, son percibidos no como servidores del Estado de derecho sino como actores de un sistema de extracción.
No hay procuración de justicia posible en ese entorno. Solo administración de la impunidad.
La solución no es comunicacional. México lleva décadas comunicando seguridad y produciendo inseguridad.
Lo que se necesita es política pública con evidencia, presupuesto y evaluación. Tres líneas son urgentes e inaplazables.
Primera: digitalización obligatoria y radical de todos los trámites de contacto ciudadano-policía-ministerio público. Donde no hay discrecionalidad, no hay extorsión posible. El acceso a denuncias, carpetas de investigación y seguimiento de casos debe ser en línea, trazable y auditado. No como promesa: como condición de operación.
Segunda: un sistema nacional de evaluación de confianza institucional a nivel municipal, vinculado a la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza. Los municipios con menor confianza ciudadana verificada no deben recibir más recursos sin un plan de intervención estructurado, supervisado y con metas medibles. La ENCOAP ya provee la metodología; falta la voluntad política de usarla con consecuencias reales.
Tercera: formación policial con estándar nacional mínimo no negociable. Hoy coexisten corporaciones municipales con seis semanas de formación y policías federales con dos años de academia. Esa disparidad es la raíz del diferencial de confianza que la encuesta documenta. Un piso nacional de formación, con currículo certificado, evaluación periódica y carrera policial con horizonte profesional real, es la única manera de construir confianza en el largo plazo.
La ENCOAP 2025 no es una encuesta de opinión más.
Es un diagnóstico clínico del estado de un sistema que sostiene, precariamente, el monopolio legítimo de la violencia en México. Sus datos no dicen que los ciudadanos son pesimistas o desconfiados por temperamento.
Dicen que el Estado mexicano ha fallado, institucionalmente, en construir una policía en la que valga la pena creer.
Y que mientras eso no cambie, el Ejército seguirá haciendo el trabajo que debería hacer la patrulla del barrio, y los 75 de cada 100 mexicanos que hoy señalan a la inseguridad como su problema más urgente seguirán esperando una respuesta que el sistema, tal como está diseñado, es incapaz de dar.
Los números de Inegi no mienten. El problema es que tampoco obligan a nadie a actuar.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
