Veinte años de datos laborales en México arrojan una conclusión incómoda: no estamos mejor, pero tampoco mucho peor. El trabajo y el empleo de calidad no se han derrumbado ni despegado; están estancados.
Mientras el debate público se atora en variaciones mínimas de un mes a otro, las cifras de fondo muestran una realidad persistente: millones de personas carecen de trabajo digno y los avances se cuentan en décimas de punto porcentual.
Mucha tinta y mucha saliva se dedican a revisar los cambios en los indicadores que mes a mes presentan el Inegi y el IMSS sobre ocupación, empleo (y desempleo), cuando en realidad la realidad está estancada y los cambios son marginales —incluso muchos dentro del margen estadístico.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza inició la publicación de una serie de análisis denominados "Panorama Laboral" que justamente comparan un conjunto de indicadores básicos sobre ocupación y empleo, mostrando la realidad actual (2025), comparada con el plazo inmediato (hace un año), con el corto plazo (hace 5 y hace 10 años) y con el mediano plazo (hace 20 años), usando la serie de datos comparables de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo – ENOE del Inegi, que arranca en el primer trimestre de 2005 y llega a la fecha al cuarto trimestre de 2025. 21 años de datos continuos, en los cuales ha habido una crisis internacional (2008-2009) y una pandemia global (2020-2021). Disponibles aquí https://www.frentealapobreza.mx/post/panorama-laboral
El “panorama” demuestra que resultan igual de alejados de la realidad los discursos triunfalistas que celebran “récords” históricos en empleo o una tasa de desocupación solo superada por la de Japón, como los análisis catastrofistas que anuncian una “debacle” por movimientos marginales. El verdadero escándalo es la persistencia de los retos estructurales: incluso pequeños avances de algunos puntos porcentuales en dos décadas implican, en casi todos los casos, más personas en exclusión laboral (sin trabajo) o con empleos precarios.
Hoy, la población en edad y condición de trabajar —la “población potencialmente productiva” (PPP)— representa el 81% de los mayores de 15 años: 83.3 millones de personas (de aquí en adelante “M”). Hace 20 años era el 85%, con 61.6 M. El restante 19% actual son jóvenes que estudian o mayores de 65 años jubilados o pensionados.
Dentro de la PPP, el 71% (59.6 M) está ocupado, y el 29% (23.8 M) está excluido. En 2005, la ocupación alcanzaba el 67% (41.4 M) y la exclusión el 33% (20.2 M). La exclusión laboral adopta dos formas principales:
Desempleo completo: 7 M (hace 20 años: 5.9 M). Aquí se incluye tanto la desocupación abierta (sin trabajo y con búsqueda activa en la última semana) como el desempleo oculto (sin trabajo, disponibles, pero que no buscaron la semana anterior). Por cada persona desocupada hoy hay 3 personas más en desempleo oculto (2.94); hace 20 años, la proporción era de 1 a 2.5.
Exclusión por labores de cuidado: 14.7 M (13.2 M en 2005). El 95% son mujeres: 14 M de mujeres atrapadas en esta condición, sin disponibilidad para buscar trabajo por la obligación impuesta del cuidado doméstico. (Abordé este tema en mi colaboración previa en Expansión 3/4/2026.)
Además de la exclusión, millones trabajan en condiciones precarias. El principal factor son los llamados “trabajos informales” —en rigor, empleos sin protección social—, que hoy suman 33 M de personas, de las cuales el 99% carece de afiliación al seguro social. Representan el 55% de la población ocupada. En 2005 eran 24.2 M y suponían el 60% de los ocupados.
En términos más amplios, las personas que laboran sin afiliación al seguro social son hoy 35.9 M, el 61% de la población ocupada. Hace 20 años eran 26.8 M, el 65%. Otras formas de precariedad —sin contrato o con jornadas excesivas— refuerzan el mismo diagnóstico.
Ciertamente la remuneración salarial ha mejorado. Aunque aún es insuficiente, este cambio demuestra que sí es posible modificar las condiciones laborales. En un siguiente texto presentaré los datos, pues requieren mayor explicación.
El trabajo es la puerta de salida de la pobreza, es un factor central de la dignidad humana y constituye el motor de la economía. Transformar estas realidades de exclusión y precariedad laborales desde su raíz es un reto urgente y prioritario. En el ámbito social, quizá no haya otro mayor.
La responsabilidad del Estado es clara, la de las empresas también.
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Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
