La polarización de la opinión pública nos ha llevado a una falsa dicotomía. Esta narrativa de confrontación, a largo plazo trae más daño que bien: desgasta el tejido social y paraliza la gestión pública. Además, ninguna de las dos partes posee la verdad absoluta. Mientras nos perdemos en el ruido de las descalificaciones, los problemas públicos —esos que no distinguen ideologías— siguen creciendo ante la falta de una visión compartida que sume capacidades en lugar de restar legitimidad.
El Estado y la sociedad civil se necesitan
Superar esta barrera requiere entender que la colaboración no es una concesión política, sino una necesidad operativa. En otras palabras: la colaboración entre el Estado y la sociedad civil es imprescindible.
Lo que el Estado puede y lo que no
El Estado no puede con todos los problemas. Literalmente, no puede. No es una crítica; es una realidad. No tiene forma de saber todo lo que ocurre a lo largo y ancho del país. No cuenta con todos los conocimientos para explicar, con solvencia, la diversidad de problemas que aquejan a la sociedad. No dispone de todos los recursos humanos y materiales para implementar políticas, programas o acciones. Y no siempre tiene la legitimidad para intervenir en todos los territorios o en todos los temas.
Pero el Estado sí tiene todo para detonar procesos de cambio. Sobre todo, el poder político. Es decir, atribuciones para incidir, formalmente, en la gestión de los problemas públicos, y una maquinaria institucional particularmente pertinente para articular y liderar transformaciones de fondo. Piénselo, tema por tema, y las posibilidades son evidentes.
Por ejemplo, en seguridad —que es el ámbito que mejor conozco—, las atribuciones y el liderazgo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son clave para mejorar la forma en que medimos la violencia letal, incrementar los niveles de profesionalización policial y fortalecer las condiciones laborales de quienes integran las instituciones de seguridad y justicia: tres elementos fundamentales para avanzar hacia la pacificación del país.
El conocimiento de la sociedad civil
La sociedad civil toma muchas formas. A veces son los centros de pensamiento (también llamados think tanks), o un colectivo de madres buscadoras, un grupo ambientalista, periodistas, un gremio empresarial o, tantas veces, vecinos organizados. Son grupos de personas interesadas en múltiples temas: educación, seguridad, desarrollo económico, derechos humanos, seres sintientes, relaciones internacionales, entre muchos otros.
En esa diversidad también es posible encontrar personas dispuestas a hablar, caminar, enseñar y construir. Eso es quizá lo más importante de la sociedad civil: las voluntades, las ganas, muchas ganas, de hacer y transformar.
Sin embargo, la sociedad civil carece de medios formales para colocar, de manera directa, sus conocimientos y propuestas en instrumentos de política pública: leyes, reglamentos, presupuestos, programas y acciones. Por eso son fundamentales los conocimientos especializados. No me refiero únicamente a teorías, métodos o técnicas —que son muy importantes—, también incluyo a la experiencia: el conocimiento de lo que sucede en las calles, lo que pasa de día o de noche, las creencias que son relevantes para las comunidades y aquello que las moviliza. Todo ello constituye palancas fundamentales para comprender un problema e intervenir en él.
Estado y sociedad civil no deben ser opuestos
La conclusión es obvia después de señalar qué tienen y qué no tienen el Estado y la sociedad civil. El Estado tiene poder para liderar procesos de cambio. La sociedad civil tiene los conocimientos y propuestas para concretarlos. Ambos son necesarios para el desarrollo del país, pero insuficientes por sí mismos. En lo mejor de ambos está la posibilidad de cambio.
Esa es la idea que deberíamos colocar en la agenda, especialmente cuando es tan fácil caer en la polarización. ¿Es sencilla una gobernanza democrática? No. Siempre hay intereses que mediar cuando se definen las reglas del juego y, más aún, cuando se ejecutan. Pero si el punto de partida es compartido —el desarrollo del país— y el medio también —la colaboración—, me parece que vamos de gane.
Un ejemplo muy concreto
Un buen ejemplo de lo que puede lograrse cuando el Estado y la sociedad civil trabajan juntos es el proyecto Policía desprotegida . Mucho más que un diagnóstico sobre las carencias policiales, es un ejercicio construido a partir de colaboración directa con autoridades, trabajo de campo, intercambio de información y diálogo con especialistas, que permitió no sólo entender el problema, sino trazar una ruta concreta para resolverlo. A partir de esa articulación, se diseñaron estándares, modelos de costeo y esquemas de financiamiento viables que ya están orientando decisiones públicas. Es decir, conocimiento que se convierte en política, evidencia que se traduce en acción y, sobre todo, una mejora tangible en las condiciones de quienes sostienen la seguridad en el país.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.