La tarde del sábado 28 de marzo de 2026, una camioneta explotó mientras circulaba por la carretera federal México-Pachuca, en Tecámac, Estado de México.
Los dos hombres que viajaban en el vehículo murieron en el acto. La detonación fue captada por la cámara trasera de otro automóvil. El video corrió por redes sociales con la velocidad del escándalo, pero el Estado mexicano respondió con la velocidad de la negación.
Las víctimas fueron identificadas como Francisco Beltrán, "El Payín", y Humberto Raquel, señalados por las autoridades como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa. La hipótesis más sólida que manejan los investigadores es que el vehículo llevaba un artefacto explosivo dentro cuando salió del propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Léase con cuidado: un coche bomba salió del AIFA. No pasó cerca. Salió de adentro.
Esa frase debería paralizar cualquier evaluación seria de seguridad nacional.
En cambio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República se aferran a su postura habitual: aquí no hay narcoterrorismo, aquí hay "delincuencia organizada con lógica criminal interna". El eufemismo es la política pública.
La semántica se convierte en escudo institucional frente a una realidad que ya tiene olor a pólvora y RDX.
El AIFA fue concebido y construido por las Fuerzas Armadas.
Es, en su estructura física y jurídica, una instalación castrense reconvertida en terminal civil. Esa reconversión no implicó la instalación de un sistema de contrainteligencia aeroportuaria robusto, ni de protocolos de screening de explosivos comparables con los que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez o en cualquier terminal internacional de primer mundo.
La paradoja es brutal: construido por el Ejército, operado sin su músculo de inteligencia.
Según crónicas periodísticas, la unidad salió del AIFA con destino presunto a Tepito. Es decir, un vehículo que portaba material explosivo de alto poder transitó por uno de los aeropuertos federales del país sin ser detectado.
Si esto no es una vulnerabilidad crítica de infraestructura estratégica, el lenguaje técnico de la seguridad ha perdido toda utilidad.
El precedente inmediato más relevante ocurrió el 6 de diciembre pasado. Explotó un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, dejando cinco personas muertas.
Las autoridades del estado describieron cómo una camioneta Dakota negra que al parecer trasladaba los explosivos ingresó desde Colima cruzando el puente Coahuayana.
Nadie fue detenido. Nadie rediseñó los protocolos. Nadie nombró el fenómeno por su nombre. Coahuayana fue archivado. Tecámac será archivado también, si la sociedad lo permite.
El AIFA está considerado como uno de los puntos estratégicos de llegada de visitantes para la Copa del Mundo 2026, que arranca en pocas semanas.
En ese contexto, la explosión de una camioneta activada con explosivos a metros de su salida no es un hecho delictivo aislado: es una demostración de poder y de capacidad de penetración territorial que ningún cinturón de seguridad mundialista debería ignorar.
El Plan Kukulkán contempla el despliegue de cerca de 100,000 elementos de fuerzas armadas, agentes de seguridad pública y seguridad privada para garantizar la seguridad en las sedes del Mundial.
El secretario García Harfuch lo presentó con aplomo en la mañanera. La cifra impresiona. La arquitectura, no. Los operativos se organizarán mediante cinturones de seguridad alrededor de estadios, hoteles, zonas de entrenamiento y Fan Fests, con dispositivos particulares y generales.
Es decir, concentración de efectivos en perímetros predefinidos. Lo mismo que no funcionó en Coahuayana. Lo mismo que no detectó nada en el AIFA.
Diversos consultores en seguridad hemos advertido que el plan parece más una reacción ante la presión internacional que una política estructural para combatir al crimen organizado.
La pregunta que Omar García Harfuch no respondió en su presentación es la misma que nadie en el gabinete quiere responder: ¿qué mecanismo de inteligencia hubiera detectado ese artefacto explosivo antes de que saliera del AIFA?
La respuesta honesta es: ninguno de los existentes.
Las soluciones no son imposibles. Son políticamente incómodas para un gobierno que ha hecho del discurso de paz su único producto exportable.
Primero, crear una Unidad de Contrainteligencia Aeroportuaria con autonomía operativa bajo mando conjunto civil-militar, dotada de tecnología de detección de explosivos de cuarta generación —escáneres de rayos X de alta resolución, detectores de trazas moleculares y canes certificados— en los accesos vehiculares de salida del AIFA, no solo en la zona de embarque.
Segundo, establecer un Protocolo Nacional de Respuesta a Artefactos Explosivos Improvisados (IED) que active automáticamente coordinación entre Sedena, SSPC, Fiscalías estatales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los primeros 30 minutos de cualquier detonación vinculada a vías de acceso a infraestructura crítica.
Tercero, profesionalizar —con inversión real y no retórica— las unidades de análisis de inteligencia criminal territorial en los 47 municipios del Estado de México catalogados de alta incidencia delictiva, con enfoque específico en detección temprana de explosivos y células de crimen organizado con capacidades bélicas no convencionales.
Cuarto, reconocer jurídicamente el narcoterrorismo como categoría penal autónoma en el Código Penal Federal, lo cual activaría herramientas procesales más contundentes, mayor cooperación con agencias internacionales y la posibilidad de aplicar protocolos de inteligencia que hoy se bloquean semánticamente desde Palacio Nacional, Constityenbtes y Lomas de Sotelo.
El índice global de violencia política elaborado por ACLED coloca a México entre los países más peligrosos del mundo, incluso por encima de naciones con conflictos armados activos.
El gobierno lo sabe. La academia lo documenta. Los periodistas lo publican.
Y la Presidencia de la República sigue repitiendo que no hay narcoterrorismo mientras una camioneta sale de un aeropuerto federal con explosivos a bordo.
Pese al riesgo latente ante una posible intervención de los grupos del narcotráfico en el Mundial, Claudia Sheinbaum y la FIFA han sostenido que no hay riesgo alguno.
La FIFA cuida su negocio. El gobierno cuida su narrativa. Entre ambos, los ciudadanos de Tecámac, de Coahuayana, de todas las carreteras de este país viven con el sonido de fondo de lo que el Estado se niega a nombrar.
El narcoterrorismo no es una categoría ideológica importada de Washington.
Es una realidad operativa que ya tiene código postal en México.
Mientras el gobierno perfeccione el arte de la negación, los grupos criminales perfeccionarán el arte del IED.
Y la siguiente detonación no será en una carretera semivacía un sábado por la tarde. Podría ser en cualquier lugar que el Estado decidió blindar solo para el Mundial.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
