Hay dos estrategias de seguridad en México: la que se presentó ante el Senado y la que se ejecuta en Sinaloa, Michoacán y Jalisco.
La primera, entregada con dos meses de retraso en abril de 2025, proclama cuatro ejes civilizados: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre instancias.
La segunda es un despliegue militar masivo, operativos de descabezamiento con inteligencia estadounidense y extradiciones estratégicas que, en su lógica operativa, son indistinguibles del modelo que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió no replicar. "No va a regresar la guerra contra el narco, de Calderón.
No buscamos ejecuciones extrajudiciales", dijo.
El problema es que la realidad no leyó ese comunicado.
Del otro lado de la frontera no existe esa tensión entre discurso y práctica. Donald Trump, en su segundo mandato, es brutalmente coherente.
El 20 de enero de 2025, coincidiendo con su toma de posesión, firmó una orden ejecutiva que clasificaba a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras".
Esta designación no es retórica: reorienta la maquinaria militar estadounidense, originalmente diseñada para la guerra global contra el terrorismo, hacia los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales.
En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio formalizó la lista: el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos quedaron designados oficialmente. La estrategia complementaria del Departamento de Justicia fue igualmente explícita: la "eliminación total" de cárteles, persiguiendo a líderes y miembros de alto rango con condenas ejemplares.
Aquí no hay abrazos. Hay doctrina militar aplicada al crimen transnacional.
La comparación más incómoda no es entre México y Estados Unidos.
Es entre Sheinbaum y Calderón.
La estrategia representó una continuidad preocupante sobre la dependencia en las Fuerzas Armadas heredada del gobierno anterior, junto con la recuperación de algunos peligrosos discursos presentes en los momentos más graves de la guerra contra el crimen, advirtieron varios análisis técnicos desde octubre de 2024. Los hechos posteriores validaron esa advertencia.
Cuando estalló la crisis en Sinaloa, el gabinete de seguridad federal aprobó el envío de cientos de elementos de las Fuerzas Armadas —Marina, Defensa y Guardia Nacional— a las zonas con mayores índices de violencia.
Cuando Michoacán se incendió, la Secretaría de Defensa Nacional envió un total de 1,980 soldados del Ejército y de la Guardia Nacional bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La presidenta lo llamó "estrategia integral".
Felipe Calderón habría firmado debajo sin pestañear.
El operativo más revelador llegó en febrero de 2026, cuando fuerzas mexicanas, con inteligencia decisiva de Washington, ejecutaron al líder del CJNG, apodado El Mencho. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, reconoció abiertamente que la inteligencia estadounidense fue decisiva.
El Mencho fue localizado tras ser rastreado cuando viajó para encontrarse con una amante que ya estaba bajo vigilancia.
El descabezamiento—la técnica que México criticó durante años por generar fragmentación y guerra de sucesión— se ejecutó con apoyo de la agencia que representa exactamente esa doctrina.
Las cifras de homicidios “han bajado” pero se mantienen en niveles de tiempos de guerra: en 2025 se registraron 20,674 homicidios, cifra comparable a la de los primeros años de la militarizada guerra contra el narcotráfico.
La brecha entre discurso y práctica no es un defecto de comunicación. Es una decisión política que el gobierno mexicano debe asumir o corregir. Hay caminos concretos.
Primero, separar definitivamente las funciones militares de las de seguridad pública mediante un calendario obligatorio, verificable y con consecuencias presupuestales. La Guardia Nacional debe tener mando civil real, no nominal, con formación policial certificada independientemente de la Sedena y con rendición de cuentas ante el sistema penal acusatorio.
Segundo, construir una política de inteligencia civil autónoma. La presidenta Sheinbaum está reconstituyendo el carácter civil de la información de inteligencia perdido en el gobierno de su antecesor. Ese es el camino correcto, pero no puede depender de un solo hombre. Requiere instituciones, no personas.
Tercero, redefinir la cooperación con Estados Unidos desde la soberanía. El 16 de abril de 2025, Trump presionó directamente a Sheinbaum para que las Fuerzas Armadas estadounidenses asumieran un papel principal contra los grupos ligados al fentanilo. Que México rechazó ese planteamiento es correcto. Pero la cooperación operativa que sí ocurre —vuelos espía, inteligencia compartida, descabezamientos coordinados— requiere un marco jurídico bilateral transparente, no acuerdos de facto sin escrutinio parlamentario.
Cuarto, invertir en fiscalías locales y policías municipales con métricas reales. El 96% de los delitos corresponden al fuero común, como reconoció el propio García Harfuch. Esa cifra condena la lógica federal-militar como solución estructural.
México y Estados Unidos tienen estrategias de seguridad homólogas en su práctica, aunque divergentes en su retórica. Trump dice guerra; Sheinbaum dice paz integral. Ambos despliegan militares, descabezan líderes y coordinan operativos transfronterizos.
La diferencia es que Trump firma sus órdenes en público y Sheinbaum anuncia programas sociales mientras García Harfuch actúa como cónsul romano en Sinaloa y Michoacán.
El problema de gobernar con un discurso que no corresponde a la realidad operativa no es solo de honestidad intelectual. Es de eficacia. Una sociedad que no puede leer con claridad qué estrategia le aplican no puede evaluarla, exigirla ni mejorarla.
Y un gobierno que no puede nombrar lo que hace, difícilmente podrá corregirlo cuando falle.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
