Hay una paradoja que define la seguridad pública en México con más precisión que cualquier estadística: las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado se temen más entre sí que a sus propios adversarios.
No es una hipérbole. Es la arquitectura funcional —o más bien disfuncional— sobre la que se construye, día a día, la política de seguridad nacional.
En febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo que culminó con su caída no fue coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni comunicado previamente a la Presidencia de la República.
La Sedena actuó en solitario (con información y actores estadounidenses claves), en un silencio calculado que, lejos de ser excepcional, revela una norma institucionalizada: en México, las instituciones de seguridad no colaboran; compiten, se ocultan información y, cuando actúan, lo hacen en circuitos cerrados motivados tanto por la desconfianza como por la disputa de cuotas de poder político y operativo.
Este episodio no es anecdótico. Es sintomático.
La desconfianza entre autoridades mexicanas no nació de un accidente ni de una mala gestión coyuntural. Tiene raíces estructurales que se remontan a décadas de infiltración criminal en las corporaciones policiales, de pactos tácitos entre autoridades locales y grupos delictivos, y de una cultura institucional donde compartir información equivale a ceder poder.
Los operativos federales realizados sin conocimiento de gobernadores o presidentes municipales no son una anomalía: son una respuesta racional ante la evidencia acumulada de que esos mismos funcionarios filtran información.
En Michoacán, operaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación fueron comprometidas por avisos que llegaban desde despachos municipales. En Tamaulipas, la colusión entre mandos locales y el Cártel del Golfo quedó documentada en múltiples procesos judiciales. En Guerrero, la infiltración llegó hasta niveles de coordinación policial estatal, convirtiendo a la propia institución en extensión operativa del crimen.
El resultado es devastador: entre 30 y 40% de los operativos de alto impacto en entidades de alta conflictividad han sido comprometidos antes de su ejecución por fugas internas. Los detenidos se evaporan. Los cargamentos desaparecen. Los objetivos simplemente no están cuando llegan las fuerzas del orden.
La desconfianza no fluye en una sola dirección. Fluye hacia arriba, hacia abajo y de manera horizontal con igual intensidad. La Sedena desconfía de la SSPC. La Guardia Nacional desconfía de las policías estatales. Las fiscalías estatales operan con recelo ante la Fiscalía General de la República. Y los municipios, últimos eslabones de una cadena rota, reciben información tarde, mal o nunca.
Esta fragmentación tiene consecuencias que van más allá de la ineficiencia operativa. Genera zonas de impunidad estructural: los grupos criminales han aprendido a leer las costuras del Estado y a moverse precisamente entre sus grietas.
El crimen organizado, paradójicamente, tiene mejor coordinación interinstitucional que las propias autoridades que lo combaten.
Cuando el Estado pierde coherencia interna, los actores armados no estatales no solo llenan vacíos de gobernanza: los producen deliberadamente. No esperan pasivamente a que el Estado se retire; trabajan activamente para ensanchar sus fisuras, corromper sus articulaciones y neutralizar su capacidad de respuesta coordinada.
México es hoy uno de los ejemplos más acabados y dolorosos de ese proceso. La fragmentación institucional no es una consecuencia del crimen organizado: es también su materia prima.
Frente a este diagnóstico, la tentación es la denuncia sin propuesta. Esta columna rehúye ese camino.
Primero, México requiere con urgencia un protocolo nacional de información compartida bajo arquitectura de compartimentos estancos —need to know basis— con auditoría civil independiente. No toda la información debe llegar a todos: debe llegar a quien la necesita, en el momento correcto, con trazabilidad plena y responsabilidad nominal.
Segundo, el Centro Nacional de Inteligencia debe rediseñarse como un organismo genuinamente autónomo del poder ejecutivo, con consejos técnicos ciudadanos y mecanismos de evaluación externos, completamente alejado de la lógica del reporte político y del uso faccioso de la inteligencia del Estado.
Tercero, los programas de certificación y control de confianza —hoy fragmentados, inconsistentes y en muchos estados capturados por los propios evaluados— deben federalizarse con estándares únicos, aplicados por personal externo a las corporaciones evaluadas y con resultados públicos y verificables.
Cuarto, se requiere una política de protección efectiva —no cosmética— para funcionarios que reportan infiltración o corrupción desde adentro. Hoy, quienes denuncian enfrentan consecuencias severas sin ningún blindaje institucional real. Esa soledad es también un mensaje: el sistema premia el silencio.
México padece una crisis de Estado que se manifiesta, entre sus síntomas más graves, en la incapacidad de sus instituciones de seguridad para confiar unas en otras. Esa incapacidad no es debilidad fortuita: es el reflejo fiel de décadas de captura criminal, de impunidad normalizada y de una clase política que encontró en la fragmentación institucional un mecanismo conveniente de control y negociación.
El Estado que no se fía de sus propias manos no puede proteger a sus ciudadanos. Y una democracia que normaliza esa desconfianza como dato inamovible de la realidad ya ha cedido demasiado terreno sin disparar un solo tiro.
La pregunta no es si esta crisis puede resolverse. Es si existe voluntad política real para intentarlo. Y hasta ahora, la respuesta que el sistema ofrece es, en sí misma, parte del problema.
_____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
