Desmantelar no basta. El desafío judicial frente a la delincuencia organizada

Desmantelar estructuras criminales es un objetivo estratégico correcto. Pero, desde una perspectiva institucional, constituye apenas el inicio del ciclo estatal frente a la delincuencia organizada. La verdadera prueba del Estado no se agota en la ejecución del operativo, sino en su capacidad para traducir esa acción en investigaciones sólidas, procesos penales técnicamente sostenibles y sentencias firmes que resistan litigios complejos. En términos estrictos de Estado de derecho, el éxito operativo sólo se consolida cuando se transforma en eficacia judicial.

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La delincuencia organizada contemporánea opera como redes estructuradas con capacidades financieras, logísticas y territoriales sofisticadas, lo que inevitablemente deriva en macro-causas penales de alta complejidad. Estos procesos implican múltiples imputados, pruebas técnicas especializadas, cooperación interinstitucional, audiencias prolongadas y esquemas procesales exigentes. El reto institucional, por tanto, no radica únicamente en investigar o detener, sino en judicializar eficazmente sin que el sistema de justicia se vea rebasado por la carga procesal que estos casos generan.

En este punto surge el cuestionamiento sobre si la judicatura mexicana está preparada para enfrentar un incremento sostenido de litigios complejos en materia de delincuencia organizada. Los órganos jurisdiccionales federales, particularmente en materias penales de alto impacto, ya operan bajo cargas de trabajo significativas, exigencias procesales crecientes y limitaciones materiales que inciden directamente en los tiempos y la calidad de las resoluciones.

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Si el Estado fortalece, como resulta deseable, su acción operativa contra estructuras criminales complejas, la presión institucional se trasladará inevitablemente al sistema judicial. Más detenciones, más imputaciones y más procesos técnicamente exigentes implican una demanda estructural mayor sobre jueces, personal jurisdiccional, peritos, defensores públicos y operadores del sistema penal. Sin una capacidad institucional acorde, habrá dilaciones procesales, saturación de tribunales o debilidades técnicas en procedimientos de alta complejidad que terminen afectando la eficacia final del combate jurídico a la delincuencia organizada.

A ello se suma un elemento que merece una reflexión institucional más profunda. El recurso recurrente a la extradición de perfiles criminales de alto nivel hacia Estados Unidos. Si bien la cooperación penal internacional es un instrumento legítimo frente a fenómenos delictivos transnacionales, el traslado sistemático de causas complejas a jurisdicciones extranjeras también puede interpretarse como un indicio de las tensiones estructurales que enfrenta el sistema de justicia nacional para procesar integralmente macro-causas de delincuencia organizada con los niveles de seguridad, especialización técnica y capacidad operativa que estos casos exigen. Más que una renuncia jurisdiccional, se trata de una señal sobre los desafíos institucionales para juzgar en sede nacional estructuras criminales de gran escala.

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En este contexto, la dimensión de la administración judicial adquiere una relevancia estratégica. La asignación de recursos, la gestión de cargas de trabajo, el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales y la provisión de condiciones operativas adecuadas son factores determinantes para sostener procesos complejos sin comprometer su viabilidad. De ahí que la estructura administrativa del Poder Judicial, incluido el papel del Órgano de Administración Judicial en la gestión institucional, presupuestal y operativa, deba estar a la altura de un escenario en el que el combate a la delincuencia organizada se traduzca en mayor presión jurisdiccional.

Reconocer la pertinencia de los operativos del Estado no es incompatible con exigir solidez institucional posterior. Por el contrario, ambas dimensiones forman parte de un mismo ciclo. Un Estado que actúa con firmeza frente a estructuras criminales, pero cuyo sistema de justicia carece de capacidad estructural suficiente para procesar casos complejos, corre el riesgo de transformar éxitos tácticos en procesos prolongados, ineficaces o institucionalmente costosos.

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En última instancia, la fortaleza del Estado de derecho no se mide únicamente por su capacidad para intervenir frente a la delincuencia organizada, sino por su capacidad para sostener procesos judiciales complejos con eficacia, legalidad y estabilidad institucional. Desmantelar es necesario. Pero sólo cuando la judicatura, su estructura administrativa y sus órganos de gestión institucional están a la altura, el desmantelamiento se convierte verdaderamente en justicia.

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Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.