El primer año del nuevo gobierno del presidente Donald Trump, del 20 de enero de 2025 al 20 de enero de 2026, se ha caracterizado por una reconfiguración profunda de la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos, marcada por la Declaración de Emergencia Nacional de enero de 2025 y la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) en noviembre de 2025. Ambas decisiones reflejan una lectura integral —aunque altamente securitizada— de problemas complejos que combinan seguridad, migración, comercio y crimen transnacional, los cuales pueden entenderse desde el enfoque de wicked problems.
Agenda Estados Unidos, un año; seguridad, comercio y migración
El primer año del nuevo gobierno republicano evidencia que la seguridad, el comercio, el fentanilo y la migración constituyen problemas complejos que desafían respuestas exclusivamente coercitivas.
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Desde esta perspectiva, los flujos migratorios, el tráfico de fentanilo, las tensiones comerciales y la violencia asociada al crimen organizado no son problemas aislados ni susceptibles de soluciones lineales. Por el contrario, se trata de fenómenos interdependientes, con múltiples actores, narrativas en disputa y altos costos políticos. La Declaración de Emergencia cristaliza esta visión al justificar la ampliación de facultades ejecutivas y la centralidad de agencias de seguridad interior y defensa, bajo el argumento de una amenaza multidimensional a la soberanía y la seguridad interna.
Un elemento clave del primer año de gobierno ha sido la redefinición del crimen organizado transnacional como amenaza equiparable al terrorismo, particularmente en relación con los cárteles vinculados al tráfico de fentanilo. Esta narrativa, incorporada en la ESN de noviembre de 2025, permite integrar instrumentos de seguridad nacional, inteligencia y cooperación militar en una agenda tradicionalmente asociada a políticas de salud pública, comercio y control fronterizo. Sin embargo, esta securitización amplificada tiende a simplificar las causas estructurales del problema, desplazando enfoques de desarrollo, prevención y corresponsabilidad regional.
En materia migratoria, el gobierno ha privilegiado una lógica de control reforzado y disuasión, articulando la emergencia nacional con políticas de expulsión acelerada y presión sobre gobiernos locales y países vecinos. La estrategia de control fronterizo de Estados Unidos produjo efectos inmediatos sobre los flujos irregulares: los encuentros se redujeron a 665,985 en el año fiscal 2025, en contraste con los niveles históricamente altos de la administración Biden (1.9 millones en el año fiscal de 2021 (USCBP, 14 de noviembre de 2025). A ello se sumó una política de deportaciones aceleradas, que en 2025 alcanzó cerca de 145,000 migrantes mexicanos –de un total estimado en 500,000 migrantes irregulares deportados -.
En el ámbito comercial, la amenaza recurrente de aranceles y el uso del comercio como instrumento de presión política se entrelazan con la narrativa de seguridad. La ESN reconoce, implícitamente, que la interdependencia económica con México es estratégica, pero la tensión entre proteccionismo y competitividad regional permanece como una contradicción central del primer año de gobierno. La relación bilateral se ha tensionado por la aplicación de aranceles lo más altos en una generación: 25% sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50% sobre aluminio y acero y 25% sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC.
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No obstante, México se consolidó como el principal proveedor de bienes para Estados Unidos, superando a China debido a los altos aranceles a las exportaciones chinas. México tuvo una tasa arancelaria efectiva promedio de 4.7%, mientras que los productos chinos se aproximan al 37.1% para ingresar al mercado estadounidense (WSJ, 26 diciembre 2025). Las exportaciones de México hacia Estados Unidos aumentaron cerca de 9% entre enero y noviembre de 2025, en comparación con el año anterior. Se estima que el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se mantienen libres de aranceles bajo el acuerdo.
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En este contexto, la agenda de la Frontera del Siglo XXI adquiere una relevancia estratégica como espacio alternativo de gobernanza. Frente a la lógica unilateral y de emergencia, este marco binacional propone coordinación institucional, facilitación de cruces, innovación tecnológica y cooperación subnacional para gestionar simultáneamente seguridad y desarrollo. Desde una óptica de wicked problems, la Frontera del Siglo XXI representa un intento de construir soluciones adaptativas, multinivel y colaborativas.
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En balance, el primer año del nuevo gobierno republicano evidencia que la seguridad, el comercio, el fentanilo y la migración constituyen problemas complejos que desafían respuestas exclusivamente coercitivas. La tensión entre la emergencia nacional y la gobernanza cooperativa seguirá definiendo la agenda bilateral, con implicaciones profundas para la estabilidad regional y el desarrollo fronterizo.
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Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU Especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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