Desde 1996, las reformas electorales en México compartieron una premisa básica: no nacieron del gobierno en turno. Surgieron en el Congreso, a partir de acuerdos amplios entre partidos y, sobre todo, por la presión de la oposición frente al poder. No era cortesía política; era una regla de supervivencia democrática. Quien gobierna no puede escribir las reglas con las que compite.
Capturar al árbitro
Una comisión presidencial, encabezada por un militante del partido en el poder e integrada por militantes del mismo partido, está delineando las reglas del proceso electoral.
@JTrianaT
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Un ejemplo contundente fue la reforma electoral de 2007–2008. Aquella reforma incorporó prácticamente todos los planteamientos del PRD, entonces partido de Andrés Manuel López Obrador. Se removió a los consejeros del IFE, se rediseñó el modelo de comunicación política, se prohibió expresamente la contratación privada de propaganda y, de manera clave, se blindó el proceso electoral frente a la intervención del Poder Ejecutivo. El gobierno aceptó hacerse a un lado para recuperar confianza. Eso fue consenso. Eso fue oposición influyendo en las reglas. Eso fue una reforma democrática.
Por eso la reforma electoral que hoy se anuncia desde el entorno de Claudia Sheinbaum prende todas las alertas. No se trata de ajustes técnicos ni de una modernización administrativa para ahorrar recursos. Su origen es político y su diseño proviene del Poder Ejecutivo. Una comisión presidencial, encabezada por un militante del partido en el poder e integrada por militantes del mismo partido, está delineando las reglas del proceso electoral. En los hechos, el gobierno pretende ser jugador y árbitro al mismo tiempo.
En democracia, la forma importa tanto como el fondo. Una reforma electoral diseñada desde el Ejecutivo, sin consenso plural ni deliberación auténtica, nace viciada. No importa cuántas veces se repita que busca “ahorrar” o “simplificar”. Cuando quien ejerce el poder diseña las reglas del juego, las posibilidades de manipulación son altísimas. Las reglas electorales no pertenecen al gobierno; pertenecen a los partidos y a la ciudadanía, y deben construirse en el Congreso, con oposición real, debate público y parlamento abierto.
Aunque aún no existe un documento oficial ni un dictamen formal, la propia presidenta, así como diversos legisladores y voceros de Morena, incluido Pablo Gómez, han dejado claro, sin pudor, el sentido y el alcance de la reforma que pretenden impulsar.
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El primer eje de esta reforma es la captura institucional. Debilitar al árbitro electoral, centralizar funciones y reducir su autonomía no es eficiencia ni racionalidad administrativa; es control político. Ese método no requiere rupturas abruptas, sino reformas graduales que vacían la democracia desde la ley. Un gobierno que intenta someter al árbitro no busca competir en igualdad de condiciones; busca asegurar el resultado.
El debate sobre la integración del Congreso ha sido deliberadamente distorsionado. El problema del sistema no es la representación proporcional, sino la sobrerrepresentación artificial. Eliminar plurinominales no abarata la democracia ni la vuelve más cercana; la empobrece. Facilita parlamentos subordinados y mayorías automáticas. La incongruencia del partido gobernante es evidente: muchos de sus principales dirigentes llegaron al poder gracias a ese mecanismo y hoy buscan eliminarlo porque la pluralidad dejó de convenirles.
La elección de 2024 dejó un antecedente grave. No se alteraron votos, pero se torció la ley. Con alrededor del 55 por ciento de la votación nacional, Morena y sus aliados controlan más del 80 por ciento de la Cámara de Diputados. Esa distorsión permitió fabricar una mayoría calificada sin respaldo ciudadano real. No es representación; es simulación legal.
El segundo eje de la reforma es el financiamiento. El discurso sobre reducir el financiamiento público no resiste contraste. Cuando esa reducción los afectaba, Morena se opuso, impugnó y litigó para conservar recursos. Hoy la impulsa porque ya no lo necesita. No por convicción democrática, sino porque ha construido fuentes paralelas de financiamiento.
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Nunca antes se habían documentado tantos señalamientos de vínculos entre políticos en funciones y el crimen organizado. El huachicol fiscal, por ejemplo, acreditado en investigaciones y denuncias, financió campañas. Existen testimonios e investigaciones que describen esquemas sistemáticos de financiamiento ilegal. Reducir el financiamiento legal, debilitar la fiscalización y controlar al árbitro no combate la corrupción: la incentiva y la institucionaliza.
Desde 1996, las reformas electorales se hicieron para quitarle poder al gobierno. La reforma de Morena se diseña para devolvérselo. No está en juego una ley más. Está en juego que las elecciones se decidan en las urnas y no en oficinas de gobierno; sin miedo, sin dinero ilegal y sin árbitros sometidos. Porque cuando el poder decide capturar al árbitro, la democracia deja de serlo, aunque conserve el nombre.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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