Terror sin Estado

El problema es que el obradorismo, en sus dos pisos, lleva años huyendo de la palabra terrorismo. No por pudor jurídico, sino por cálculo político. Si el gobierno admite que hay terrorismo en México, le entrega municiones a Estados Unidos, desde donde aseguran que los cárteles de la droga son organizaciones terroristas. Esa etiqueta implica asumir que se perdió el control sobre extensas zonas del país y abrir la puerta a presiones que tanto López Obrador como Sheinbaum han rechazado en público con discursos sobre soberanía nacional.

El coche bomba de Coahuayana rompe ese juego de ficción. La FGR ya no habla de “hechos aislados”, ni de “disputas entre grupos”, ni de “ataque contra la paz pública” con eufemismos. Ahora sí lo nombra como terrorismo. Y es que, a estos y otros casos de autos bomba en el país, se suman ataques con drones y detonaciones de explosivos contra población civil.

Lee más

Estados

Un coche bomba explota frente a la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán

Ahí entran las cifras y la realidad. Ramírez Bedolla presume que los homicidios se han reducido durante su gestión. Pero, cuando uno ve los números, la película cambia. En 2024 se registraron 1,246 homicidios dolosos. Entre enero y septiembre de 2025 ya iban 868 más. Solo entre 2024 y septiembre de 2025 se acumulan 2,114 asesinatos. Michoacán sigue siendo uno de los estados con más peligrosos del país. Y en medio de esa supuesta “mejoría”, han ultimado a siete presidentes municipales en la entidad, incluido Carlos Manzo en Uruapan.

La secuencia es brutal. Primero, el asesinato del alcalde en pleno Día de Muertos, frente a su gente. Luego vinieron dos días de furia en Michoacán, el grito de “Manzo no murió, lo mató el Estado”, el asalto al Palacio de Gobierno en Morelia, jóvenes detenidos, gas lacrimógeno y acusaciones del propio gobernador sobre “manipulación política”.

Luego vino la protesta del 15 de noviembre, un punto de quiebre. Lo que arrancó como exigencia de justicia por Manzo y reclamo por la violencia se transformó en una marcha nacional bajo el hashtag #15N. Michoacán aportó contingentes en Morelia, Uruapan, Zamora, Zacapu, Zitácuaro y La Piedad.

La respuesta del gobierno federal fue ejemplar, pero en el peor sentido. Acoso y persecución a los organizadores, Palacio Nacional amurallado, granaderos con escudos, gases, golpes, jóvenes perseguidos en las calles aledañas al Zócalo, detenciones masivas y procesos penales arbitrarios. Hoy, ese cúmulo de abusos y excesos incluso se discute en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido condenado por organizaciones civiles y colectivos.

El contraste es obsceno. Frente a la protesta social, el gobierno despliega todo el músculo del Estado. Contra los grupos criminales que estallan autos bomba y asesinan alcaldes, la respuesta es un operativo anunciado en conferencia y una narrativa de “Plan Michoacán por la Paz” que se cae a pedazos en cada funeral.

Coahuayana no solo exhibe la incapacidad del gobierno estatal. Deja muy mal parada a la presidenta. Mientras en la Plaza de la Constitución se montaba una misa política de autocelebración por los siete años de la mal llamada “transformación”, en la costa michoacana un vehículo se convertía en arma letal y dejaba claro que el país real no vive de discursos ni de encuestas. En Michoacán viven con miedo quienes dependen del plátano, del aguacate, del limón o simplemente quienes salen a la calle en municipios donde mandan grupos criminales que en Estados Unidos ya se consideran organizaciones terroristas.

La situación es insostenible. Michoacán tiene un gobernador rebasado y señalado por vínculos con el narco, los criminales imponen las reglas y la federación despliega operativos hasta ahora inservibles. Esa es la realidad: una entidad que ya cruzó la línea del terrorismo. Al parecer, lo único que queda en ese rincón del país es Terror sin Estado.