El descarrilamiento del Tren Interoceánico no es una tragedia fortuita. Es el desenlace lógico de una obra pública montada sobre improvisación, corrupción y desprecio por la técnica. La muerte de 14 personas no ocurrió por mala suerte, ocurrió porque se tomaron malas decisiones desde el origen y nadie quiso corregirlas.
Descarrilado
La corrupción y la ineptitud no solo descarrilaron un tren, descarrilaron el relato de honestidad con el que se justificó un sexenio entero.
@JTrianaT
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Se colocaron vagones de los años setenta sobre vías heredadas del Porfiriato, rehabilitadas con prisas para cumplir calendarios políticos y no criterios de seguridad. Especialistas ferroviarios lo advirtieron con claridad. El trazo, el balasto, las curvas y la operación exigían estudios mucho más profundos. No se hicieron. La prisa pudo más que la razón.
La Auditoría Superior de la Federación documentó anomalías reiteradas desde 2019. Pagos sin sustento, fallas en las medidas de seguridad, deficiencias técnicas y contratos mal supervisados. Las alertas estaban ahí, a la vista de todos. Se ignoraron sistemáticamente.
Como en todas las grandes obras del sexenio pasado, el proyecto se entregó a las Fuerzas Armadas. Bajo el pretexto de eficiencia y seguridad nacional, la construcción y la ejecución se metieron en una caja opaca. Sin controles civiles, sin transparencia y en manos de la Marina, institución sin la expertiz técnica necesaria para un proyecto ferroviario de esta magnitud. La militarización no resolvió problemas, los ocultó. Y tampoco evitó la corrupción. El huachicol fiscal dejó claro que el uniforme no es garantía de honestidad.
No debe olvidarse que el hoy secretario de Marina en el gobierno de Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, fue responsable técnico del proyecto. Y que López Obrador designó a su hijo Bobby como supervisor de la obra, una persona sin experiencia en materia ferroviaria y con un evidente conflicto de interés.
A ello se suma un elemento demoledor. Existen llamadas telefónicas grabadas y exhibidas públicamente donde Amílcar Olán, operador político y amigo de Andy López Beltrán, intercambia información con Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente. Hablan sin tapujos de cómo Bobby López Beltrán intercedió para facilitar la explotación, transportación y venta de balasto para el proyecto, dentro de un esquema de moches e influyentismo.
Ante la tragedia, el gobierno federal tiene la obligación de revisar la obra completa. No solo el punto donde ocurrió el accidente, sino cada tramo mal supervisado, cada riel sustituido, cada grieta ignorada y cada decisión técnica que, por negligencia o complicidad, se dejó pasar. Si el problema fue estructural, la revisión también debe serlo.
Lo más lamentable ha sido la reacción oficial, la de siempre: eludir responsabilidades. En lugar de explicar fallas, señalar responsables o anunciar correcciones de fondo, se optó por descalificar a quienes cuestionan la obra, acusándolos de lucrar con la tragedia. Como si el verdadero agravio fueran las críticas y no las personas que murieron por decisiones tomadas desde el poder.
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La corrupción y la ineptitud no solo descarrilaron un tren, descarrilaron el relato de honestidad con el que se justificó un sexenio entero. Hoy la pregunta ya no es técnica, sino política: ¿quién va a responder por este crimen de Estado y hasta cuándo la presidenta seguirá blindando los abusos y excesos de la familia de su mentor político?
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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