Cuarto país más violento del mundo. La brecha entre el podio que ocupamos y el que venden

Es un veredicto internacional sobre la realidad operativa de una nación donde cada día ocurren 550 incidentes violentos, donde 8,070 eventos de violencia política se registraron en apenas un año, y donde el Estado ha perdido territorios enteros ante grupos criminales. Palestina, Myanmar y Siria ocupan los primeros tres lugares.

México está en el mismo nivel de peligrosidad que Ucrania y países sumidos en conflictos armados abiertos, excepto que aquí no hay bandera de guerra oficial ni reconocimiento internacional de combate. Aquí hay algo peor: hay negación sistemática.

El abismo entre datos y narrativa oficial

El gobierno mexicano vende una narrativa reconfortante: consolidación de estrategia de seguridad, reducción de homicidios, construcción de paz. Las cifras oficiales presumen disminuciones que el análisis internacional rechaza rotundamente. ACLED, una organización que cuenta eventos violentos documentados y no percepciones políticas, arroja un retrato diametralmente opuesto. ¿Cómo es posible esta contradicción abismal?

La explicación reside en metodologías deliberadamente incomparables. Las mediciones gubernamentales utilizan criterios selectivos, recuentos que frecuentemente dependen de denuncias formales en una sociedad donde el miedo ha desactivado el sistema de denuncia, y bases de datos que reflejan lo reportado oficialmente por instituciones que tienen incentivos políticos para mostrar "mejora".

ACLED, por su parte, documenta eventos de violencia política basándose en registros verificables, víctimas confirmadas, actores identificados y patrones geográficos. No hay margen para la manipulación estadística.

Un ejemplo concreto: tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024, los homicidios en Sinaloa aumentaron 400% en el año siguiente. El gobierno federal celebra reducciones nacionales mientras Sinaloa se convierte en una zona de descomposición criminal acelerada.

¿Dónde están esas cifras consoladoras cuando la realidad operativa muestra una fragmentación del Cártel de Sinaloa que ha generado uno de los conflictos internos más letales en la historia del crimen organizado mexicano?

La respuesta es incómoda: están en las gráficas que se presentan en Palacio Nacional, divorciadas de la realidad vivida en Culiacán, Mazatlán y municipios donde los enfrentamientos entre facciones criminales han convertido barrios completos en territorios de facto fuera del control estatal.

La geografía de la descomposición: donde el Estado ya no existe

México ocupa el segundo lugar mundial en proporción geográfica de la violencia. Esto significa que la inseguridad no es un problema localizado ni geográficamente contenible, sino una enfermedad sistémica que se expande territorialmente de forma acelerada. El tercio del territorio nacional donde operan grupos armados criminales ha crecido exponencialmente, mientras que las instituciones estatales retroceden. No estamos ante una crisis de seguridad: estamos ante un colapso territorial fragmentado.

En Michoacán, líderes sociales siguen siendo asesinados y sus cuerpos aparecen destrozados. En Guerrero, familias enteras desaparecen en operativos que nadie investiga. En Veracruz, la elección de autoridades locales es una negociación con grupos criminales, no un ejercicio democrático. En Colima, los cárteles compiten por municipios como si fueran feudos. Estos no son titulares aislados: son la cartografía de un Estado que ha perdido la capacidad operativa de monopolizar la violencia legítima.

ACLED registra 360 incidentes de violencia contra políticos y funcionarios públicos en los últimos 12 meses. Son alcaldes asesinados después de denunciar bandas delictivas, candidatos electos que nunca asumen cargo por intimidación, funcionarios que negocian con criminales para que sus familias sobrevivan. Es la regla convertida en titular de prensa.

¿Por qué fallan las mediciones oficiales?

La brecha entre datos internacionales y cifras gubernamentales no es accidental. Responde a factores estructurales que explican por qué el gobierno mexicano reporta lo que reporta.

Primero: el sistema de denuncia está capturado. Las personas que presencian violencia no acuden a ministerios públicos cuando esos ministerios están infiltrados por crimen organizado o cuando la denuncia garantiza represalias. Las cifras "oficiales" reflejan lo que el sistema registra, no lo que ocurre.

Segundo: hay presión política para mostrar "éxito." Un gobierno que asume el cargo prometiendo seguridad no puede admitir que la violencia se ha agravado, que territorios se han perdido, que carteles emergentes han ganado poder. Las narrativas políticas y los datos verificables divergen cuando la supervivencia política depende de la narrativa.

Tercero: las metodologías son incomparables por diseño. ACLED utiliza cuatro indicadores integrados: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica y fragmentación de grupos armados. El gobierno mexicano reporta homicidios desagregados sin contexto de conflictividad territorial, sin análisis de fragmentación criminal, sin mapeo de áreas donde el Estado está ausente. Es como reportar que las llamas de un incendio bajaron mientras toda la estructura del edificio colapsa.

Hacia una estrategia realista de seguridad

Para que México enfrente esta crisis con mínimas probabilidades de éxito, la estrategia debe partir de diagnósticos verdaderos, no de narrativas políticas. Esto requiere cambios operativos radicales que no pueden diluirse en declaraciones sin contenido.

Debe reconocerse la realidad territorial. El gobierno debe identificar explícitamente las zonas donde ha perdido capacidad operativa y diseñar operaciones de recuperación territorial con objetivos alcanzables, sostenibles y con métricas verificables internacionalmente. No puede haber seguridad nacional mientras existan municipios donde bandas criminales emiten permisos de circulación y cobran impuestos. Esta recuperación requiere inversión en inteligencia civil, profesionalización de fuerzas locales y judicialización efectiva, no operativos mediáticos que dejan cadáveres sin cambiar control territorial.

a) La inteligencia criminal debe despolitizarse. Mientras los datos de violencia se produzcan bajo presión política para mostrar "éxito," seguirán siendo mentira. Debe crearse un sistema independiente de monitoreo de violencia política y criminal, auditable internacionalmente, con autonomía presupuestaria y protección institucional contra interferencia ejecutiva.

b) La estrategia contra la fragmentación criminal debe ser el eje del plan de seguridad, no un problema secundario. Los carteles que se fragmentan generan más violencia territorialmente dispersa, no menos. Esto requiere entender dinámicas de realineamiento criminal, anticipar nuevos focos de conflicto y atacar capacidades operativas antes de que se consoliden. El aumento de 400% en homicidios en Sinaloa no fue sorpresa: fue la consecuencia predecible de una captura sin estrategia post-captura.

c) La penetración de instituciones locales debe contrarrestarse con depuraciones selectivas y refuerzo de capacidades. No puede existir seguridad cuando gobiernos municipales negocia con criminales. Esto requiere presencia estatal permanente, cuerpos especializados de seguridad local y protección efectiva para funcionarios que denuncien infiltración.

Conclusión: la urgencia de la verdad

México enfrenta una realidad que ni ACLED exagera ni el gobierno reconoce. Está entre los cuatro países más peligrosos del mundo, en el mismo rango de Palestina, Myanmar y Siria. Esto no es una opinión: es un diagnóstico internacional basado en eventos documentados, muertes verificables y territorios mapeables.

El gobierno mexicano tiene una alternativa: continuar con narrativas reconfortantes mientras la fragmentación criminal se expande territorialmente, o reconocer la profundidad real de la crisis y diseñar operaciones de Estado que enfrenten la verdad tal como es.

Una está condenada al fracaso. La otra tiene posibilidades de cambiar el curso de una nación.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.