La invocación de soberanía nacional por parte de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, se ha convertido en el escudo retórico del gobierno mexicano frente a cuestionamientos sobre seguridad. Pero invocar soberanía mientras el crimen organizado ejerce control territorial, político y judicial sobre decenas de municipios no es defensa nacional, sino negación colectiva.
La soberanía que no defiende a nadie
Soberanía proclamada versus control perdido
La soberanía es capacidad material del Estado: monopolio de violencia legítima, autoridad administrativa, justicia. En México, esta capacidad está fragmentada. En Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, los carteles reemplazan al Estado: establecen aduanas criminales, cobran impuestos paralelos, administran justicia. No conviven con instituciones; las capturan.
Cuando la presidenta rechaza intervención estadounidense invocando soberanía, ¿a quién defiende? ¿Al Estado o a su ficción?
Un Estado soberano requiere capacidad de acción dentro de sus fronteras. La política actual ha renunciado a ambiciones territoriales, delegando implícitamente soberanía a quienes pueden ejercerla: los grupos criminales.
Solución: Establecer operativo de reconocimiento territorial liderado por inteligencia civil, identificando dónde la presencia estatal es nula. Diseñar estrategia de recuperación territorial por fases en municipios viables. La soberanía se recupera ejerciéndola, no proclamándola.
La inefectividad documentada
Desde 2018, México acumula aproximadamente 250,000 homicidios dolosos. Las desapariciones forzadas rondan 100,000. El reclutamiento de menores por grupos criminales alcanza cifras que organismos internacionales califican de crisis de derechos humanos infantiles. La captura de cárteles clave ha mostrado nulo impacto en violencia, sugiriendo dinámicas organizacionales complejas.
El gobierno aduce causas estructurales: marginación, desempleo, desigualdad. Análisis válidos. Pero ¿por qué se invoca soberanía para rechazar herramientas que podrían aliviarlas? Más inquietante: operativos puntuales en territorios específicos muestran capacidad de contención.
Ciudades con presencia militar incrementada registran reducción de homicidios y desapariciones. Esto demuestra que el problema no es capacidad ausente, sino falta de voluntad sistemática. El Estado puede recuperar territorio cuando decide hacerlo. No lo hace, justificando inacción con retórica soberanista.
Solución: Crear Centro de Análisis Situacional de Seguridad (CASS) con autonomía presupuestal y reportería independiente, monitoreando indicadores en tiempo real por microrregiones. Resultados públicos mensualmente. Cuando discurso choca con números verificables, la gobernanza sale perdiendo.
El reemplazo necesario: ciencia contra ideología
La política de seguridad sufre de "ideología patrimonial": creencia de que principios (no intervención extranjera, soberanía territorial) deben preservarse como patrimonio nacional, incluso cuando producen catástrofes humanitarias. Esto no significa despreciar derechos humanos. Significa ordenarlos jerárquicamente: cuando negar cooperación internacional resulta en decenas de miles de muertes, algo está mal.
La evidencia internacional sugiere que amenazas transnacionales como tráfico de drogas requieren inteligencia compartida y coordinación operativa. Israel, Tailandia y Colombia enfrentaron crisis similares. Sus soluciones incluyeron cooperación internacional. No fueron fracasos de soberanía; fueron pragmatismo soberano: usar herramientas disponibles para recuperar control.
Solución: Transformar Comisión Estatal de Búsqueda en Instituto Nacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado, con capacidad de análisis forense de datos y protocolos de cooperación internacional basados en protección de fuentes. La ciencia no tiene nacionalidad; la delincuencia tampoco.
El costo psicológico, normalización de ingobernabilidad
Existe daño psicológico colectivo sin cuantificar: normalización de ingobernabilidad. Cuando la presidencia afirma que recupera paz mientras ciudadanos viven extorsión, despojo y desaparición, se genera divorcio cognitivo que erosiona legitimidad estatal. La población no necesita discursos sobre soberanía. Necesita certeza de que puede ir a la escuela, comerciar y que familiares desaparecidos sean buscados activamente.
El discurso oficial que normaliza la crisis como "legado histórico" requiriendo paciencia institucional es violencia psicológica contra poblaciones bajo captura criminal.
Solución: Implementar Consejos de Seguridad Municipales con participación vinculante de sociedad civil, presentando datos mensuales verificables. El escrutinio público no amenaza soberanía; es su verdadera expresión.
Responsabilidad presente versus autoexculpación histórica
Es cierto que gobiernos anteriores fallaron en seguridad. Pero asumir legado no significa perpetuarlo. La administración actual tiene agencias, presupuesto, información que gobiernos pasados no tenían. Si resultados son peores, responsabilidad es presente, no histórica.
Solución: Anualmente, presentar Balance de Responsabilidad indicando qué políticas heredadas se mantienen, cuáles cambian con qué evidencia, y qué resultados se esperan. Esto anula coartada histórica.
Conclusión…
La verdadera soberanía no es proclama; es capacidad demostrada de ejercer autoridad territorial. México puede recuperarla. Requiere abandonar ideología patrimonial, asumir responsabilidad presente, invertir en inteligencia científica, y estar dispuesto a renunciar a posiciones ideológicas cuando 130 millones de vidas están en juego.
La soberanía se fortalece reconociendo realidad, no negándola.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.