El 6 de diciembre de 2024, México recibió una lección magistral en forma de lista de partidos.
No era el mensaje que se esperaba escuchar cuando el país fue designado como anfitrión del Mundial de Futbol 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Las subsedes mexicanas —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— verán desfilar a Túnez, Japón, Uzbekistán y Colombia, donde lo más atractivo será ver un Uruguay vs España o los juegos del seleccionado local.
Mientras tanto, encuentros de envergadura global de selecciones como Inlgterra, Francia, Portugal, Brasil y el campeón Argentina, se distribuyen estratégicamente en otras ciudades.
La decisión no es casual; es el resultado de cálculos precisos realizados por funcionarios de la FIFA que evaluaron riesgos, infraestructura y, sobre todo, seguridad.
México enfrenta una paradoja incómoda: es lo suficientemente grande en capacidad deportiva para albergar un mundial, pero lo suficientemente frágil en seguridad pública para que las decisiones internacionales reflejen esa fragilidad. Los partidos de bajo perfil no son un castigo arbitrario; son la traducción burocrática de una realidad que México ha estado negociando con dificultad durante años: la presencia omnipresente del crimen organizado en tres de sus principales ciudades.
La FIFA ha estado aquí.
Sus equipos de evaluación han caminado por las calles de Guadalajara, han recorrido Monterrey, han analizado Ciudad de México. No vieron solamente estadios.
Vieron también informes de seguridad, datos sobre violencia en espacios públicos, reportes sobre capacidad de respuesta ante emergencias, y evaluaciones de riesgo que comparan la situación actual con precedentes internacionales. En 2022, Qatar albergó un mundial en un contexto de seguridad controlado. Brasil lo hizo en 2014, a pesar de sus desafíos. Los organizadores saben que la seguridad de 100,000 espectadores en un estadio requiere garantías que van más allá de buenas intenciones.
Monterrey, epicentro de conflictividad entre cárteles; Guadalajara, donde la presencia de grupos delictivos ha generado actos de violencia que han alcanzado espacios públicos y recreativos; Ciudad de México, con dinámicas complejas de seguridad que incluyen fenómenos de extorsión, robo y conflictividad territorial.
La FIFA no hizo estas evaluaciones en forma de crítica política. Las hizo como instituciones que comprenden que un evento fallido en seguridad no es solo un problema mexicano; es un problema global que compromete la credibilidad del evento.
Este es el punto que duele: las decisiones geopolíticas contemporáneas no se toman primariamente sobre la base de justicia o equidad. Se toman sobre la base de riesgo. En el contexto de mega eventos internacionales, el riesgo se calcula en términos de seguridad, y la seguridad se evalúa mediante indicadores tan variados como tasas de violencia, presencia de grupos criminales organizados, capacidad institucional de respuesta y estabilidad política.
México no está solo en esto. El concepto de "riesgo país" permea decisiones de inversión extranjera, ubicación de empresas multinacionales y asignación de eventos internacionales.
La diferencia es que, mientras otros países pueden argumentar problemas económicos o de infraestructura, México debe confrontar el hecho de que su obstáculo principal no es la falta de dinero o de estadios. Es la falta de monopolio estatal sobre la violencia en territorios estratégicos.
Los partidos que se asignaron a otras sedes no son una sanción oculta. Son una decisión racional de minimizar exposición a riesgos en contextos donde la capacidad de garantizar seguridad es limitada.
Duele reconocerlo, pero es más honesto que pretender que la asignación obedece a criterios netamente técnicos o deportivos.
La asignación de partidos de bajo perfil no es el verdadero costo.
Es apenas la manifestación visible de un costo mucho más profundo: la pérdida de credibilidad internacional de México como anfitrión confiable de eventos de envergadura global. Esto tiene implicaciones que trascienden el futbol.
Cuando una nación no puede garantizar seguridad en eventos masivos, las consecuencias se extienden a decisiones sobre conferencias internacionales, ferias comerciales, eventos académicos y hasta inversión directa.
Se crea una narrativa donde México aparece como un territorio donde los gobiernos no tienen control total, donde los riesgos son impredecibles y donde la responsabilidad sobre la seguridad de ciudadanos extranjeros es dudosa.
Políticamente, esto representa un golpe simbólico importante. Una nación que no puede asegurar a sus propios ciudadanos en estadios públicos difícilmente puede proyectar una imagen de estabilidad institucional. Los gobiernos se construyen, en parte, sobre la capacidad de proporcionar seguridad. Cuando esa capacidad es cuestionada por instituciones como la FIFA, la legitimidad interna también se ve comprometida.
Reconocer el problema es el primer paso. Las soluciones requieren acción coordinada y de mediano plazo. Primera: implementar planes especializados de seguridad en eventos deportivos masivos, con coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, capacitación de fuerzas de seguridad y protocolos de inteligencia que anticipen riesgos específicos. Segunda: fortalecer el control territorial en Monterrey, Guadalajara y áreas estratégicas de Ciudad de México mediante presencia estatal consistente, no solo durante eventos, sino de manera sostenida.
Tercera: crear mesas de diálogo entre gobiernos estatales y federales con la FIFA y organismos de seguridad internacional para establecer estándares claros y cronogramas verificables de mejora. Cuarta: invertir en reconstrucción del tejido social en zonas afectadas por violencia, porque la seguridad no se construye solo con policía; se construye con oportunidades, educación y presencia de instituciones.
Finalmente, México debe aceptar que la inseguridad no es un problema oculto que pueda negociarse en mesas diplomáticas. Es un problema visible que afecta todas las dimensiones de la gobernanza, desde la competitividad económica hasta la capacidad de albergar eventos mundiales.
El Mundial 2026 no es solo una oportunidad de celebrar futbol. Es una oportunidad de reconocer que, sin seguridad, sin control territorial real y sin instituciones que protejan efectivamente a ciudadanos y visitantes, México no podrá acceder plenamente a su potencial como potencia global.
La asignación de partidos de bajo perfil no es una injusticia arbitraria. Es un espejo que refleja una realidad que México debe transformar, no negar.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
